El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha inadmitido la querella del expresidente Carles Puigdemont contra el juez Joaquín Aguirre, ya jubilado, que fue el responsable de la instrucción del caso Volhov y la investigación sobre la supuesta trama rusa del Proceso. La querella le atribuía los presuntos delitos de prevaricación y malversación para abrir una nueva pieza separada en la que investigaba el entorno directo de Puigdemont cuando la Audiencia de Barcelona ya le había ordenado cerrar la instrucción del caso.

Joaquín Aguirre, uno de los jueces que más titulares ha acaparado en los últimos años, se jubila. decidido no alargar la carrera hasta los 72, como permite la ley– con sus últimas grandes investigaciones archivadas o paradas y sólo un mes después de que la Audiencia de Barcelona le acusara de intentar un fraude de ley con sus resoluciones. El magistrado está de baja por un diagnóstico que no es grave. En la Ciudad de la Justicia todo el mundo sabe quién es Aguirre, pero este miércoles no había previsto ninguna gran despedida. hecho, los trabajadores de su juzgado ni siquiera estaban seguros ayer martes de si iría para despedirse tras más de treinta años de carrera. Otras personas que le han tratado profesionalmente creen que hace tiempo que era previsible que Aguirre no es despediría por la puerta grande. "Ha tenido una posición muy extraña en los últimos años. Creía que lo que hacía era muy importante y que los demás no lo veían", dice una persona de su entorno laboral. Finalmente, Aguirre sí ha vuelto por última vez al juzgado este miércoles por la mañana para firmar su cese. diferentes piezas separadas que poco a poco han ido cayendo por su propio peso, una forma de instruir que ya había exhibido antes con el caso Macedonia. El caso Volhov empezó en el 2016 con la investigación de subvenciones de la Diputación de Barcelona y el instructor le ha ido estirando hasta llevar la causa —ya archivada— de Tsunami Democrático en la Audiencia Nacional, ya sostener una supuesta alianza entre el independentismo y la Rusia de Vladimir Putin. En esta misma causa intentó impedir que se aplicara la ley de amnistía implicando a los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas a un supuesto delito de otra traición. En esta causa Aguirre ha sorteado varias peticiones de recusación, pero una carpeta que le quedará abierta una vez jubilado es la querella que Puigdemont ha presentado contra él por presunta prevaricación y malversación, todavía pendiente de saber si se acaba admitiendo a trámite.

Aunque a estas alturas ya sabemos que la política es como el fútbol, ​​es decir, un juego de errores, hay errores que no dejan de desconcertarnos.

Mover el culo o no moverlo (y tener que acabar convocando elecciones): esa es la cuestión que Junts planteó hace unos días a Pedro Sánchez, con toda su crudeza, por boca de Míriam Nogueras. Y como Junts cree que el PSOE no le movía mucho después de un año, presentó en el Congreso una proposición no de ley para que se debatiera y se votara en el Congreso que Pedro Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza.

El Tribunal Supremo quiere al president Puigdemont en prisión, con las consecuencias que esto puede tener. El auto del juez Llarena que declara no aplicable la amnistía y le mantiene el orden de detención si vuelve a nuestro país plantea a todo el mundo, y muy especialmente a los partidos políticos catalanes y españoles favorables a la idea del “reencuentro”, la mayor pregunta: ¿la única manera de tratar con el Estado desde Catalunya es la confrontación? Si el Estatut fue que no, si las inversiones no se ejecutan, si un sistema justo de financiación es insolidario, si la obligación de saber catalán es imposible, si un referéndum de independencia ni pensarlo, si la amnistía solo es para unos pocos, incluidos policías violentos, ¿cuál es el margen de actuación, que no sea una versión actualizada del regionalismo “bien entendido”?

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, así como su abogado, Gonzalo Boye, y el jefe de la oficina del expresidente, Josep Lluís Alay, han presentado este martes una querella por los delitos de prevaricación y malversación contra el magistrado Joaquín Aguirre, el juez que instruye el caso Volhov. Todo después de que Aguirre moviera ficha de nuevo y abre una pieza separada del caso Volhov e implicara a Puigdemont, Boye y Alay, además de una decena de ex altos cargos de la Generalitat y colaboradores del expresidente, entre ellos el expresident Artur Mas, imputándoles un delito de alta traición, supuesto que no incluye la ley de amnistía. En el escrito de 39 páginas presentado ante la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), al que ha tenido acceso el ARA, los demandantes piden apartar cautelarmente al magistrado de la investigación.