La Audiencia de Madrid ha lanzado un nuevo toque de atención a Juan Carlos Peinado. El juez que investiga a Begoña Gómez desde hace casi dos años sorprendió a todos el pasado mes de septiembre al decidir que la causa debería acabar ante un jurado popular –nueve ciudadanos elegidos al azar–. La esposa de Pedro Sánchez, su asesora en la Moncloa y el empresario Juan Carlos Barrabés –con el apoyo de la Fiscalía– se opusieron y ahora la Audiencia de Madrid les da la razón. Considera que las resoluciones que dictó el instructor no tenían la "necesaria fundamentación" y no hacían un relato que incluya los "indicios verosímiles", lo que impide que las partes "conozcan de manera suficiente las razones de la decisión" y "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva". En consecuencia, anula cuatro resoluciones del juez Peinado. Ahora bien, esto no impide que el juez dicte una nueva interlocutoria bien argumentada para mantener su hoja de ruta.

Juan Carlos Peinado se ha convertido en esta legislatura en uno de los jueces más mediáticos y cuestionados. Su determinación en investigar a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación de fondos públicos le ha puesto en el punto de mira del PSOE y de la Moncloa. También otros partidos de la mayoría plurinacional, como Sumar o ERC, le han señalado atribuyendo su actuación a motivaciones políticas. ¿En qué basa el juez de instrucción de Madrid uno de los casos que asedian al presidente español?

El juez Juan Carlos Peinado mantiene viva su causa contra Begoña Gómez, la esposa del presidente español, Pedro Sánchez. Este miércoles el magistrado ha rechazado archivar la causa y ha hecho otro movimiento: ha imputado a otro cargo de la Moncloa, la actual secretaria general de Presidencia y ex directora del departamento de Coordinación Técnica y Jurídica, Judit Alexandra González Pedraz. Peinado le cita a declarar el 12 de noviembre, en la que le comunicará los hechos que se le imputan y que es investigada por un delito de malversación. Una de las patas de esta causa es la contratación de la exasesora de Gómez, Cristina Álvarez, por la que el magistrado mantiene imputados por el mismo delito a la propia Álvarez, Begoña Gómez y al delegado del gobierno español en Madrid, Francisco Martín Aguirre, que antes tenía un cargo en Presidencia. La tesis del juez es que la contratación de esta asesora hecha con dinero público servía en realidad para gestionar asuntos privados de Begoña Gómez. Para justificar este delito, en el auto que se ha hecho público este miércoles, el juez recurre a la sentencia del Proceso por malversación.

La Audiencia de Madrid para los pies al juez Juan Carlos Peinado, que quería enviar a Begoña Gómez a dos juicios por jurado popular. El tribunal ha decidido este jueves que la separación en dos piezas del caso contra la esposa del presidente del gobierno español es "prematura e inmotivada" y la revierte. Tras este revés, pues, ahora mismo sólo hay una única causa contra Gómez y el juez instructor deberá decidir si quiere justificar mejor que debe separarse la pieza por malversación sobre la contratación del asistente de Gómez en la Moncloa, Cristina Álvarez, o si la incorpora a la pieza principal. La resolución por la que llevaba al jurado popular la prenda por malversación, pues, también cae automáticamente.

El juez Juan Carlos Peinado quiere enviar a un jurado popular todo el resto del caso Begoña Gómez. El magistrado instructor ha dictado un nuevo auto este jueves en el que cita a la mujer del presidente español, el empresario Juan Carlos Barrabés y el asistente de la Moncloa Cristina Álvarez a comparecer el próximo lunes a las 17.30 h en el juzgado, tal y como ya hizo con la primera pieza que derivaba hacia la vía del jurado popular. Sin embargo, los implicados, enviaron sus abogados. "Que se cite a los investigados en la forma debida y haciéndoles saber que tendrán que comparecer necesariamente asistidos de su letrado", escribe Peinado, tras la plantada del pasado sábado.

En una semana marcada por el debate migratorio y los problemas de Alberto Núñez Feijóo sobre su posición respecto al conflicto en Gaza, la agenda judicial ha vuelto a ser intensa. La Audiencia de Badajoz ha confirmado que el hermano de Pedro Sánchez irá a juicio por prevaricación y tráfico de influencias; un juzgado de Madrid ha abierto juicio oral contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso por fraude fiscal y organización criminal, entre otros delitos; el juez Juan Carlos Peinado ha decidido que Begoña Gómez sea juzgada por un tribunal popular por malversación; y, finalmente, se ha confirmado la composición del tribunal que juzgará al fiscal del Estado, Álvaro García Ortiz.

Había una cita insólita este sábado por la tarde en los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid. El juez Juan Carlos Peinado había convocado a las 18 h a la esposa del presidente español, Begoña Gómez, para comunicarle la decisión que ha tomado esta semana: que si es juzgada, lo hará un jurado popular, porque le imputa un delito de malversación de fondos públicos. Ahora bien, la pareja de Pedro Sánchez ha decidido plantar al juez instructor y delegar su comparecencia a su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho.

El expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, utilizaba el término insólito el jueves por la mañana cuando los periodistas le han preguntado por la decisión del juez Juan Carlos Peinado deenviar Begoña Gómez a un juicio con jurado popular. Si se refería a que una causa por malversación la acaben dirimiendo nueve ciudadanos escogidos al azar, no es insólito, sino que es una aplicación estricta de la ley orgánica del tribunal del jurado de 1995. Otra cosa es si hay alguna intencionalidad detrás de la decisión. A continuación, repasamos algunas claves del movimiento del juez Peinado.

La causa por malversación contra Begoña Gómez por la contratación de una asistenta en la Moncloa que le ayudaba en labores privadas se juzgará con un tribunal popular. Así lo ha determinado el juez instructor del caso, Juan Carlos Peinado, quien en una resolución dictada este martes acuerda la transformación de las diligencias en un "procedimiento para el juicio ante el tribunal del jurado". Esto no significa que el magistrado ya envíe a juicio a Gómez, la asistenta Cristina Álvarez y el ex secretario general de la Presidencia del gobierno español Francisco Martín, los tres imputados, sino que fuentes jurídicas indican que la instrucción continúa. "El tiempo pondrá las cosas en su sitio. La verdad es que son inocentes", ha defendido en rueda de prensa desde la ONU el presidente español, Pedro Sánchez, en referencia al caso de su esposa y también al de su hermano, David Sánchez, que está al borde del juicio.

El juez que instruye el caso Begoña Gómez –mujer de Pedro Sánchez–, Juan Carlos Peinado, ha presentado varias demandas contra políticos y periodistas que han criticado su investigación. El magistrado considera que las críticas han vulnerado su derecho al honor y pueden constituir los delitos de injurias y calumnias. Según ha avanzado El Confidencial y ha confirmado la agencia Efe, ya se han programado varios actos de conciliación en distintos juzgados de primera instancia, como primer paso después de las demandas presentadas por el titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid. Entre los demandados, se encuentran el ministro de Transportes, Óscar Puente, el exvicepresidente español y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, así como los periodistas Ernesto Ekaizer y Antón Losada.

El Tribunal Supremo ha tirado por el suelo la pretensión del polémico juez Juan Carlos Peinado de investigar al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por el caso Begoña Gómez. El alto tribunal ha rechazado este martes la petición de imputar a Bolaños de que Peinado, que instruye la causa contra la mujer de Pedro Sánchez en un juzgado de Madrid, elevó al Supremo, debido a que Bolaños es aforado. El juez le atribuía presuntos delitos de malversación de fondos públicos en la contratación del asistente de Gómez en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, y de falso testigo por la declaración ante ella en la que negó cualquier irregularidad. El Supremo no ha apreciado ningún indicio de delito en la actuación de Bolaños y subraya que en el escrito que le envió Peinado existe una "absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundamentado o dotado de mínima verosimilitud".

Al día siguiente de que el juez del caso Begoña Gómez se moviera para intentar imputar al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la investigación contra el asistente de la pareja de Pedro Sánchez en la Moncloa, Cristina Álvarez. Precisamente la contratación de esa persona es el motivo por el que Juan Carlos Peinado quiere imputar a Bolaños. El órgano de instancia superior anula la declaración como testigo de Álvarez –estaba obligada a decir la verdad– a partir de la que Peinado le imputó, pero sí ratifica la instrucción contra ella por presunto tráfico de influencias.

El intento del juez Juan Carlos Peinado de que el Tribunal Supremo investigue al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, es el último movimiento de una instrucción polémica que en la Moncloa no se esconden de situar en el contexto del lawfare. De hecho, el presidente español, Pedro Sánchez, llegó a presentar una querella por prevaricación contra el juez.

El intento del polémico juez Juan Carlos Peinado por apretar el círculo sobre Pedro Sánchez se ha cobrado una nueva víctima: el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. En un auto firmado este lunes, el instructor del caso Begoña Gómez eleva una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue a Bolaños por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y falso testigo. Todo ello por el nombramiento de Cristina Álvarez, una asesora de la Moncloa que trabajaba como asistente para la esposa de Pedro Sánchez. Le atribuye la responsabilidad de su designación en la época en la que era secretario general de la Presidencia del gobierno español. Bolaños compareció esta tarde ante los medios para expresar su "tranquilidad total" ante la decisión del juez, pero también la "preocupación por la imagen de la justicia" que deja esta resolución.

Nuevo movimiento del juez Juan Carlos Peinado contra el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El instructor de la causa contra Begoña Gómez, la esposa del jefe del ejecutivo, ha citado como investigado al delegado del gobierno español en Madrid, Francisco Martin Aguirre, por su presunta participación en la contratación de la asesora de Gómez por parte de la Moncloa. Peinado le ha convocado el miércoles 14 de mayo a las 13.30 horas. El gobierno español ha replicado restando credibilidad al titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid, al que llevan tiempo acusando de actuar con motivaciones políticas contra Sánchez. "Esta instrucción ya no es motivo de preocupación para la gente honesta y con la conciencia tranquila de que se está viendo afectada. Es motivo de preocupación máxima para todos aquellos que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de nuestro país", ha dicho el ministro de Justicia y Presidencia, Félix.

Juan Carlos Peinado ha vuelto a visitar el Palacio de la Moncloa siete meses y medio después. Esta vez, el segundo, fue para tomar declaración como testigo a Félix Bolaños en el marco de la investigación contra Begoña Gómez. El titular del juzgado de instrucción número 41 de Madrid ya se desplazó a finales de julio para interrogar a Pedro Sánchez, que se acogió a su derecho a no declarar por su vinculación personal con la investigada, que es su esposa. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes no pudo escudarse en ello en el cara a cara que mantuvo este miércoles por la mañana con Peinado y respondió durante más de dos horas. En la declaración, Bolaños se desvinculó de la contratación de Cristina Álvarez, la asesora de Gómez también investigada, y que el instructor de la causa puso en el punto de mira como posible malversación.

El juez Juan Carlos Peinado realiza un nuevo movimiento en la causa contra Begoña Gómez y abre una pieza separada para investigar la contratación de la asesora de la mujer del presidente español, Pedro Sánchez. El magistrado quiere dirimir si "puede desprenderse la comisión de un delito de malversación" de la contratación de Cristina Álvarez, que es una de las investigadas, junto a Gómez, en la causa por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que instruye. En el marco de esta pieza separada, Peinado citó a declarar al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el pasado 16 de abril a las 10.30 horas. A finales de julio, el presidente español ya se vio frente a frente con Juan Carlos Peinado, que mantiene una guerra abierta desde hace meses con el ejecutivo español.

La presión judicial sobre el entorno de Pedro Sánchez lleva meses instalándose en el día a día de la política española y febrero se presenta clave para el futuro de algunas de las causas. Básicamente, la del fiscal general del Estado, el caso Begoña Gómez y el caso Ábalos. Este miércoles Diego Villafañe, mano derecha del fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha negado ante el Tribunal Supremo haber filtrado el correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso en el que reconocía la comisión de dos delitos contra la hacienda pública, el mismo día en que se ha conocido al por menor la declaración del propio Ortiz hace una semana. "Solo quiero decir algo. Mi teléfono contiene información que, por supuesto, puede afectar a la seguridad de este país. Y creo que muy pocas autoridades de España pueden alojar en su móvil tanta información como la que tiene el fiscal general del Estado", manifestó, reprochando al juez instructor, Ángel Hurtado, que revolviera su despacho e interviniera.

Ha sido la tercera vez que Begoña Gómez ha comparecido ante el juez Juan Carlos Peinado, quien le investiga en el juzgado 41 de Madrid. A diferencia de las anteriores citaciones, este miércoles la esposa de Pedro Sánchez ha roto el silencio que había mantenido hasta ahora. Lo ha hecho para negar haber cometido irregularidad alguna. Aunque la citación era por la segunda rama de la investigación de Peinado, por intrusismo y apropiación indebida de un softwareque se había elaborado para la cátedra que codirigia en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Gómez también se ha defendido de la pata principal de la causa por un supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. "Mi clienta no tiene nada que esconder", ha dicho su abogado, Antonio Camacho, en declaraciones a los medios a la salida. En las anteriores ocasiones las acusaciones populares de extrema derecha atribuyeron que se acogiera a su derecho a no declarar a una presunta culpabilidad y esta vez han criticado que sólo haya respondido a las preguntas de su defensa. "Si de verdad no hubiera nada, habría contestado al resto", ha esgrimido el letrado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán.

Felipe González perdió el poder debido a la corrupción de su gobierno, bajo la gota malaya de aquél "Váyase, señor González" que Aznar repetía obsesivamente. Aznar llegó a la Moncloa como paladín contra la corrupción, y para dar ejemplo echó del cargo a quien entonces era el presidente de Baleares, Gabriel Cañellas, a fin de dejar claro que Aznar era implacable con quienes metían la mano en la caja (Cañellas era efectivamente corrupto, pero también era un presidente recién reelegido por los votantes, lo que ya indicaba la peculiar manera aznariana de entender la democracia).