Cuando la consejera misma de Educación califica el fiasco de PISA como “muy grave”, cuando admite que el problema se podría haber solucionado a tiempo, cuando revela que el Estado avisó en siete ocasiones del error en la muestra, casi está todo dicho.Es más: cuando el desastre le cuesta el cargo a la número dos del departamento, se le abre un expediente disciplinario a un alto cargo por “omisiones que constituyen descuido o negligencia en el cumplimiento de las obligaciones establecidas” y se abren dos expedientes más por faltas graves a dos funcionarios por un “presunto incumplimiento de sus obligaciones y deberes como funcionarios públicos”, es pertinente preguntarse qué ocurre, en el departamento de Educación, porque no estamos ante errores, sino ante actitudes, actitudes sostenidas en el tiempo, tan sostenidas (¡siete avisos!) que nos sumamos a la hipótesis formulada hoy en nuestro editorial de que no fuera mala fe. ¿Era cuestión de dejar fuera de la muestra a alumnos que probablemente obtendrían malos resultados? ¿Era cuestión de proteger al Gobierno del desprestigio de una caída a los puestos aún más bajos de la clasificación escolar europea? ¿O un intento de hacerle daño, teniendo en cuenta que el presidente Illa puso el foco en el informe PISA solo estrenarse como presidente, cuando firmó un acuerdo de colaboración con la OCDE en enero de 2025 para mejorar las competencias de los alumnos catalanes a cuatro años vista y reconducir los resultados del sistema educativo? Pues no solo no ha habido ninguna reconducción, sino que ha habido un fracaso internacional de nuestro Gobierno, un ejecutivo que venía a demostrar buena gestión, opuesta a la afición independentista de toda una década que se daba por perdida. 

La consejera de Educación, Esther Niubó, ha dado explicaciones finalmente sobre el fiasco de las pruebas PISA de este año, en las que Cataluña no podrá comparar los resultados con ediciones anteriores porque la muestra no es representativa. Recordemos que en el caso catalán se descartó hasta un 23% de alumnos cuando el máximo permitido es solo del 5%. Y eso que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), el órgano estatal que coordina las pruebas, advirtió hasta en siete ocasiones a las autoridades catalanas de que se estaba produciendo esta desviación. Nadie, sin embargo, hizo nada para solucionar el problema y el resultado ha sido desastroso, ya que Cataluña vivirá seis años a oscuras en cuanto a la evaluación del sistema educativo.

“Hay que admitir que, hoy, gobernar no es nada fácil. Al menos, no tan fácil como años atrás”. Escribo la frase entre comillas porque cada vez la oigo decir más en privado a políticos de diferentes partidos, tanto del Gobierno como de la oposición. Citan el empobrecimiento de los trabajadores, la falta de vivienda, la atomización mediática y la imposibilidad de dirigir el relato a causa de la multiplicación de emisores, el ambiente hostil de las redes, el perjuicio causado en el bolsillo de la gente por decisiones políticas o económicas tomadas a miles de kilómetros, la magnitud y frecuencia de los desastres naturales, etc. Algunos añaden la burocracia, que ralentiza (cuando no ahoga) los procesos administrativos y las consecuencias laborales que puede comportar el despliegue de la IA (Bill Gates acaba de afirmar que es más peligrosa socialmente de lo que admite la industria tecnológica).

Leemos en el ARA que “Cataluña fue advertida siete veces para que corrigiera el error en las pruebas PISA”. Al parecer, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) hizo saber a “Cataluña” que “había cometido errores en la muestra de alumnos en las pruebas”. Como todo el mundo sabe, “se descartaron un 23% de los estudiantes de la muestra, cuando la OCDE marca que el máximo de alumnos exentos no puede superar el 5%”. La consejera Esther Niubó encuentra “deficiencias en la comunicación de los criterios a los centros, y ha anunciado el relevo de la secretaria general de Educación”.

La ministra de trabajo de Austria, Christine Aschbacher, no tenía previsto dimitir de su cargo hasta que, 48 horas antes, se vertieron acusaciones de plagio en un blog de un profesor que comentaba su trabajo de fin de carrera, en 2021. Tampoco lo tenía previsto el ministro del interior francés, Bruno Le Roux, que, en 2017, había contratado a sus hijas como asistentes parlamentarias durante el verano, a pesar de que la ley francesa aún permitía contratar familiares. Ni Peter Magnus Nilsson, que en 2023 dimitió como jefe de gabinete del primer ministro sueco por haber pescado anguilas sin licencia y negarlo a las autoridades cuando lo descubrieron. La cultura de la dimisión está muy extendida en los países nórdicos y centroeuropeos y contrasta con la actitud que adoptan los políticos del sur de Europa.Un claro ejemplo de esta resistencia son los presidentes del gobierno español en un contexto en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se mantiene en el cargo a pesar de los casos judiciales que rodean a su partido y las constantes exigencias de dimisión por parte de los partidos de la oposición, algunos hasta ahora socios parlamentarios. Sánchez, sin embargo, no es la excepción. Mientras que el Reino Unido, en diez años, ha visto pasar seis primeros ministros por el número diez de Downing Street, en 51 años de democracia española solo el primer presidente español, Adolfo Suárez, renunció a su cargo.Esta misma inercia se traslada a los políticos catalanes. Precisamente estos últimos meses se ha vuelto a oír con fuerza la palabra dimisiónen boca de los partidos de la oposición y también de los colectivos de maestros que se manifiestan contra el Gobierno: han señalado a la consejera de Interior, Núria Parlon, y al director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, así como a la titular de Educación, Esther Niubó, de quien la oposición ha exigido que dimita ahora por el error en las pruebas PISA.

La consejera de Educación, Esther Niubó, comparece esta tarde en el Parlament para dar explicaciones sobre el increíble fracaso de la Generalitat a la hora de organizar las pruebas PISA. Como sabemos, la historia no puede ser más lamentable, se coja por donde se coja: la OCDE avisó en marzo. No se ha informado hasta julio, hasta un viernes de finales de julio, para ser exactos, en que envían a una directora general a dar la cara y no a la consejera, y califica de problema puntual y técnico un error en la muestra de alumnos examinados que supera con creces cualquier explicable error decimal.Como explicamos hoy, la alteración de la muestra PISA en Cataluña supera con creces la de cualquier país en el último informe. Me recordó el día que la Generalitat, bajo la presidencia de Pere Aragonès, no supo convocar correctamente unas oposiciones. Con la diferencia de que, esto de PISA, es un ridículo internacional. Y prefiero creer que ha sido un fiasco (grave) y no tener que pensar que es la manera de burlar unos resultados que serán malos dados los problemas que desde hace años afectan a la Educación en Cataluña. Solo hay que recordar que terminamos el curso entre huelgas y lo empezaremos igual. El problema de la Educación está en las aulas, que son un reflejo de todos los problemas de la sociedad, en la preparación de los maestros, en la autoridad de los directores, en la tensión de una escuela inclusiva que no tiene medios para ser digna de ese nombre, en una Cataluña que se ha ido empobreciendo, etc. Pero algo pasa en el departamento de Educación y, por extensión, en el Govern, cuando firma un pacto sindical que inflama a los sindicatos, cierra un acuerdo con la OCDE para mejorar la enseñanza y, un año más tarde, se equivoca de mucho en la muestra de las pruebas PISA. Y en otro orden de indignaciones, tenemos la multitudinaria manifestación de ayer en Palma de Mallorca contra el exceso de turismo que ha llevado la isla, como el resto de Baleares, al colapso. No hacen falta muchas explicaciones del porqué de la protesta, porque en Cataluña sabemos bien lo que es el colapso turístico, que afecta la ecología, la movilidad, la vivienda, la cultura, la lengua, etc. El manifiesto de la convocatoria tiene un párrafo bastante explícito sobre el efecto del turismo: “Invadió nuestras costas, después nuestros pueblos y nuestras ciudades y actualmente está ocupando nuestras casas. En Mallorca no caben más hoteles, no caben más franquicias de café, comida rápida o tartas de queso y no caben más turistas. ¡Mallorca al límite! ¡Menos turismo, más vida!” Una manifestación así es una señal que hay que escuchar y atender con urgencia. Pero todo hace pensar que no será así, de momento, porque el gobierno balear y los intereses turísticos son uno. La prueba es lo que pasó al final:

Salvador Illa hace piña con la consejera de Educación, Esther Niubó, después de que el Govern hiciera público "el error" en las pruebas PISA. "Todo el apoyo", ha expresado el presidente de la Generalitat desde Vietnam, donde está de viaje oficial. Es la primera vez que Illa se pronuncia sobre este fiasco, que la consejería de Educación hizo público el viernes y por el cual este lunes está previsto que Niubó comparezca en el Parlament para dar explicaciones. De hecho, Illa ha asegurado que la consejera dejará "las cosas claras" en su comparecencia. La "incidencia técnica" de la que hablaba el viernes la Generalitat no permitirá que Catalunya pueda comparar los resultados que se harán públicos en septiembre con otros territorios ni tampoco con años anteriores.

La semana comienza bajo el signo de una buena noticia, aparentemente, que es el acuerdo de paz entre los Estados Unidos y el Irán. Digo “aparentemente” porque se trata de un acuerdo anunciado pero no firmado, y además está amenazado por un amigo de Trump, Netanyahu, que dice que no se retirará del sur del Líbano. De todas las veces que parecía que llegaba el final de la guerra, esta es la más verosímil, pero ¿qué quieren que les diga, a estas alturas, de la fiabilidad de Trump y de un primer ministro israelí que huye hacia adelante para salvar la piel matando a miles de personas en Gaza y en el Líbano?

La de este domingo ha sido la última gran movilización de los docentes antes de que acabe el curso, y también el último aviso de los sindicatos al Gobierno de que la reanudación de las clases, en septiembre, podría ser igual de convulsa si no se llega a un acuerdo. Miles de maestros y profesores han vuelto a salir a la calle esta mañana en Barcelona para forzar "un cambio en la educación pública". Esta vez, además, tenían otro objetivo: mostrar que cuentan con el apoyo de las familias y la sociedad.

Los maestros y profesores rechazaron el acuerdo entre los sindicatos y el departamento de Educación y las huelgas continuarán. De hecho, esta mañana, un grupo de maestros ha ocupado el edificio de los servicios territoriales del departamento en la Zona Franca de Barcelona, en la primera de las movilizaciones que continuarán de aquí hasta final de curso. Todo ello es una muy mala noticia porque todo aquello que interrumpe el día a día de la escuela acaba perjudicando la formación de los alumnos. Y con una tasa de pobreza infantil (menores de 18 años) de más del 30%, si falla la escuela falla casi todo. Piensen que hay miles de niños catalanes que aparte de aprender, a la escuela van a comer una comida caliente.Un 65% de los maestros que participaron en la consulta (que fueron el 60% del total de la plantilla) votaron en contra del pacto al que habían llegado los sindicatos mayoritarios y el Gobierno. De manera que las responsabilidades de la situación están muy repartidas, entre el Gobierno y los sindicatos.Para empezar, el Gobierno se equivocó de plano el día que firmó un acuerdo con UGT y Comisiones, que no son los sindicatos mayoritarios, como si hiciera ver que las protestas de los docentes ya habían terminado o ya no tenían ningún motivo para continuar. Aquello fue un error casi temerario, porque encrespó a los maestros aún más. Y la USTEC, que más tarde firmó un acuerdo mejorado y ampliado, se ha visto ahora desautorizada por su propia gente. O sea que, como dice la ley de Murphy, si una cosa puede salir mal, saldrá mal, y hoy estamos en una situación desconocida, y en un conflicto del que no se ve el final.Y por eso mismo, ahora sería muy importante no equivocarse más para que todos juntos no suframos más daño. Porque miren que tenemos problemas en este país (como en todos los países del mundo), pero el de la educación es el problema más grave que tiene Cataluña. El más grave. Porque afecta el presente y el futuro del país, afecta a millones de personas, en su formación, su espíritu crítico, sus posibilidades de desarrollo personal, su futuro profesional…No equivocarse significa la implicación directa del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Significa que la oposición debería ser muy selectiva en su desgaste al Govern y todos juntos mirar de llegar a acuerdos de país. Porque el responsable de la actual situación es el actual gobierno, con la consejera Niubó al frente. Pero que la escuela en Cataluña no va bien no es de ahora. En el deterioro hay responsabilidades de todos los partidos que han gobernado. Estamos ante el malestar profundo de una enseñanza en emergencia y temo, noto, cómo se lo diría… que le estamos haciendo frente con viejas categorías negociadoras de gobierno como patronal y los sindicatos, pero que nadie con autoridad está juntando voluntades para definir el problema y mucho menos las soluciones.

Esta mañana vuelve a haber reunión entre el departamento de Educación y los sindicatos de enseñanza en la sede de la conselleria. Los sindicatos no tendrán que caminar mucho para llegar a ella, porque han pasado la noche encerrados en la conselleria.

El curso próximo habrá 4.989 plazas nuevas de formación profesional, que amplía el abanico con seis nuevas enseñanzas de los ámbitos con más necesidades de mano de obra. La gran mayoría de estas plazas será para responder al crecimiento vegetativo del curso pasado (se abrieron miles de plazas de primero para estudiantes que ahora deberán hacer segundo), y un millar serán para dar respuesta a la nueva oferta.

La presencia de dos agentes de la policía camufladas en una asamblea de maestros ha terminado de enrarecer las relaciones ya de por sí tensas entre el Gobierno y los docentes. La consellera de Educación, Esther Niubó, ha negado, sin embargo, que ella haya encargado "ningún informe" a los Mossos sobre la estrategia negociadora de los maestros y ha garantizado que durante la semana que viene será la consellera de Interior la que dará "todas las explicaciones" pertinentes. En una entrevista a Rac1, Niubó ha preferido no opinar sobre la infiltración policial y se ha limitado a mostrar su confianza tanto en los Mossos, como en su director general, Josep Lluís Trapero, el principal señalado por los partidos de la oposición.

"Me encuentro bien y recuperada", ha afirmado este jueves la consellera de Educación, Esther Niubó, en sus primeras palabras después de reincorporarse al trabajo tras estar de baja. Una baja médica que se ha alargado dos meses y de la que ahora Niubó ha explicado el motivo. "No lo había dicho hasta ahora, pero era un cáncer, un cáncer de timo, que es una glándula que está entre el pulmón y el corazón", ha detallado la consellera en una entrevista a SER Catalunya, donde también ha dicho que no lo había hecho público para proteger a su familia y evitar que sufrieran. Ahora, en cambio, afirma: "Me siento un poco con la obligación de explicarlo, porque otras personas pueden estar pasando por procesos similares".

La consellera de Educación, Esther Niubó, ha recibido el alta hospitalaria tras someterse a una operación este lunes en el Hospital Universitari de Bellvitge. Ahora, la consellera continuará de baja, pero se recuperará de su intervención en su casa unas semanas más. El departamento de Educació anunció el pasado fin de semana que Niubó debería apartarse de sus funciones durante un tiempo por motivos médicos.

Nueva baja en el gobierno de la Generalitat. Después de que el viernes el presidente Salvador Illa saliera del hospital para continuar la recuperación de una osteomielitis pública que le ha obligado a estar de baja durante dos semanas, este domingo la consellera de Educación, Esther Niubó, ha comunicado que deberá estar temporalmente apartada de su cargo por motivos médicos.

Las aulas de institutos y centros que ofrecen formación profesional (FP) han reabierto este viernes sus puertas después del verano, pero todavía lo han hecho con algunas sillas vacías. El período de matriculación en la FP terminó el 8 de septiembre con más de 15.000 plazas vacantes (15.232), una cifra que con el paso de los días y la llegada de la matrícula viva se ha logrado reducir: en tres días se han apuntado 3.000 personas y se ha bajado la cifra de sillas vacías a 12.000. En agosto, 14.840 alumnos no tenían plazaa los estudios que deseaban.

El independentismo salió a la calle por la Diada con el catalán como punta de lanzapero también con la herida abierta de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ha tumbado el decreto que blindaba la inmersión lingüística en las aulas. Todos los partidos y entidades independentistas clamaron contra una resolución que el Gobierno ya ha anunciado que recorrerá, pero fue el presidente de la ANC, Lluís Llach, quien fue un paso más allá llamar a desobedecerla. Sin embargo, esta opción no está sobre la mesa del departamento de Educación. Y, por ahora, tampoco presionan en esa dirección ni a ERC, ni a Comuns ni Junts, los partidos que junto con el PSC avalaron en el 2022 la ley para blindar el catalán en las aulas y combatir la imposición judicial del 25% de castellano. Ahora bien, la respuesta a la decisión del TSJC y el veredicto que dicte el Tribunal Constitucional sobre esta ley, pendiente desde hace meses, pondrá a prueba esta unidad.

Leo la entrevista a la consejera después de la chapuza de adjudicación de plazas en el Departamento de Educación. Para empezar, hay que decir que esta palabra catalana, chapuza, es magnífica. Nyap significa algo no exitoso, mal hecho. Dice en Coromines que hacer chapuza también significa "coger algo con violencia, o repentinamente". Nyap viene de naño, "buño que sale a alguien a consecuencia de un golpe". Todas estas connotaciones de cosa repentina, violenta (por cómo afecta a las personas) mal hecha, boteruda o abolladura, podrían aplicarse al asunto de los titulares recientes.

La consejera de Educación y Formación Profesional, Esther Niubó (Barcelona, 1980), atiende al ARA tras la polémica sobre las adjudicaciones de plazas para el próximo curso, con una comunidad docente que no ha dudado en expresar su malestar.