Los detalles del viaje que les ha traído de casa hasta Catalunya no son temas de los que les guste hablar a los menores migrantes que inician la ruta en solitario. Les es duro recordar los golpes, los robos, la violencia que les han infligido durante la ruta y, en muchos casos, este silencio se amplía a las vulneraciones de derechos que sufren cuando llegan a Europa. "No me preguntes por la patera", piden muchos de estos jóvenes, que a menudo admiten que no tenían ni idea de todas las dificultades que se encontrarían por el camino. Escasean los datos y los informes sobre las situaciones, pero la Fundación Ficat y la Universidad Pompeu Fabra, junto con el Casal dels Infants, hacen una fotografía sobre cómo los han tratado en su periplo.

Hasta cinco años ha tenido que esperar a una joven extutelada por la Generalitat para tener en su cuenta las mensualidades de la pensión de orfandad queantigua DGAIA –actualmente reconvertida en DGPPIA– guardaba hasta llegar a la mayoría de edad. La joven tiene ahora veintitrés años y ha cobrado de repente 15.000 euros, pero el suyo no es el único caso de demoras injustificadas en este colectivo de chicos.

Bakary y Lassana eran menores de edad y la Generalitat provocó que acabaran en la calle asegurando que eran adultos. Ahora la justicia da la razón a los dos chicos gambianos. Las pruebas de edad que les hizo la Fiscalía para determinar que eran adultos, y que sirvieron para que la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) les expulsara de los centros de menores, no tenían validez. El de Lassana y Bakary son sólo dos casos. Pero hay muchos más repartidos por todo el territorio. En Girona ciudad ya hay otras dos resoluciones judiciales, y en la Garrotxa, por ejemplo, ya ha habido una decena en los últimos meses.

Los llamaban "los Erasmus" porque se diferenciaban de los demás menores extranjeros no acompañados que llegan en patera. Quizás porque llevaban un teléfono caro o por las historias que contaban. Finalmente, el apodo que les puso la Policía Nacional ha resultado ser cierto porque se ha destapado un fraude en Tarragona en el que varios progenitores abandonaban a sus hijos para que éstos se declararan desamparados y pudieran entrar en el sistema de protección. De momento, hay una treintena de padres detenidos y 22 de estos chicos han vuelto con su familia biológica, aunque la investigación está todavía abierta.

El Parlamento ha constituido este martes la comisión de investigación sobre las irregularidades de la DGAIA (dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia) entre 2011 y 2025, que el pleno de la cámara aprobó por unanimidad en julio. A raíz del goteo de informaciones periodísticas sobre el deficiente funcionamiento del ente, prestaciones pagadas indebidamente a los jóvenes extutelados o el mantenimiento de plazas fantasma en centros, PSC, ERC y Comuns impulsaron la creación de la comisión, presidida por el diputado socialista Jordi Riba y con la vicepresidencia de la republicana Anna Balsera. En la distribución de cargos de la mesa, a Junts le ha tocado la secretaría, que recae Maria Àngels Plans. En principio, los diputados tendrán que presentar las conclusiones antes de finales de año.

Las Barnahus, los servicios integrales que la Generalitat puso en marcha para los menores víctimas de violencia sexual, están bajo mínimos. De los veintiséis profesionales que trabajan en las catorce casas que existen en toda Catalunya, sólo seis continúan en sus puestos, mientras que el resto de plazas, o están vacantes o el nuevo personal todavía no está formado. Esta situación está provocando que se retrasen los cuidados a las criaturas y una sobrecarga de trabajo para los profesionales que se han quedado.

La Fiscalía ha pedido al Tribunal de Cuentas que abra una investigación sobre el escándalo de la extinta dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). El objetivo, según ha avanzado El Nacional y confirman fuentes del ministerio público al ARA, es esclarecer si el organismo dependiente del departamento de Derechos Sociales incurrió en una "posible responsabilidad contable" por las irregularidades en el pago de prestaciones económicas y de vivienda a jóvenes extutelados. Todo ello, después de que la Sindicatura de Cuentas detectara más de 167 millones pagados indebidamente en el conjunto de prestaciones entre 2016 y 2022. De éstos, 4,7 millones correspondían a los indebidos a jóvenes extutelados, que el Gobierno ha aprobado condonar este martes, una decisión pactada entre PSC, ERC y Comuns.

Poco antes de cumplir los 18 años, Nico (un seudónimo) pidió la prestación para la emancipación a la que los jóvenes extutelados tienen derecho cuando hacen la mayoría de edad para facilitarles el aterrizaje en la edad adulta, teniendo en cuenta que la mayoría no tienen el apoyo emocional ni económico de las familias. El trámite se prolongó más de un año, hasta el punto de que, sin otra fuente de ingresos, tuvo que aparcar los estudios y ponerse a trabajar.

En medio del proceso de reestructuración de la nueva dirección general de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA), las familias –una cincuentena, mayoritariamente monomarentales– de menores bajo el radar del departamento de Derechos Sociales exigen ser escuchadas. Los miembros de la Asamblea de Familias Rotas por la DGAIA, un colectivo que asegura haber sufrido maltrato institucional y separaciones arbitrarias de sus hijos, han pedido este viernes a la adjunta de infancia del Síndic de Greuges que interceda en su favor para reunirse con la conselleria. Fuentes gubernamentales aseguran que no han recibido una petición formal de reunión del colectivo, pero abren la puerta a "cualquier aportación" que busque la mejora del sistema.

Dicen estar en la reserva, que se han tomado el verano como un "descanso" antes de aceptar una nueva acogida de una criatura que, por varios motivos, no puede convivir con sus progenitores. Josep Sala y Esther Bertran son maestros que durante los años 90 habían acogido en verano a niños de Bosnia o del Sáhara, y que una vez jubilados invierten tiempo, esfuerzos y ganas en acoger a criaturas tuteladas por la dirección general de la Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA).

El departamento de Derechos Sociales e Inclusión ha calificado de encuentro "cordial" la reunión que este miércoles ha mantenido la consellera del ramo, Mònica Martínez Bravo, con cinco portavoces de los jóvenes extutelados a los que la Generalitat reclama que vuelvan entre 12.000 y 36.000 euros por supuestos "pagos indebidos". En el encuentro, que tuvo lugar a primera hora de esta mañana en el Parlament, la consellera se disculpó por todo el sufrimiento y revuelo que causó al colectivo el envío de las cartas y también les mostró su disposición a "acompañarles" en el proceso para la aportación de la documentación que se les requiere en el periodo de diez días. Por su parte, la síndica de agravios ha pedido que se apruebe la condonación de estas deudas, como ya se hizo con los perceptores de la renta garantizada de ciudadanía.

Con el espanto todavía en el cuerpo, un grupo de jóvenes extutelados se han concentrado este lunes ante la dirección general de Prevención y Protección a la Infancia y Adolescencia (DGPPIA), que sustituye a la DGAIA, para denunciar la "indefensión" en la que les deja la reclamación para que devuelvan miles de euros por supuestos pagos indebidos de la prestación algunos casos supondría devolver más de 36.000 euros.

Más de un centenar de jóvenes extutelados por la Generalitat han denunciado sentirse el chivo expiatorio de una mala gestión de la administración y por el reproche de la Sindicatura de Cuentas sobre los 167 millones de euros de prestaciones sociales pagadas a personas que ya no cumplían los requisitos. Como ha avanzado el ARA, la dirección general de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) ha empezado a enviar a cientos de estos chicos mensajes en los que reclama miles de euros por "impagos indebidos" y les da diez días para que puedan presentar alegaciones. Son cantidades que superan los 10.000 euros y en muchos casos incluso los 30.000.

Una nueva DGPPIA (la sigla de la dirección general de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia que sustituye a la DGAIA) menos privatizada y con mayor participación de los trabajadores de los centros con criaturas tuteladas por la Generalitat. Son dos de las reivindicaciones que han planteado este martes los sindicatos CGT y CATAC en una concentración ante la sede de la institución, en la que también han denunciado que los planes de reforma presentados por la conselleria de Derechos Sociales e Inclusión no son sino "una cortina de humo" para que todo siga igual. El acto ha reunido a medio centenar de educadores, un día antes de que la consellera Mònica Martínez Bravo comparezca en comisión parlamentaria para explicar los cambios en el sistema.