El gobierno español da un paso más en la promesa hecha a raíz del estallido del caso Santos Cerdán para cortar de pura cepa la corrupción en las instituciones y las empresas. El consejo de ministros de este martes ha dado luz verde en primera vuelta (por tanto, apenas comienza el trámite) al anteproyecto de ley orgánica de integridad pública que, entre otras cosas, endurece el control sobre las donaciones a los partidos políticos, pero también la pena de inhabilitación y prohibición a participar en la contratación pública en las empresas que se han visto. Además de partidos y empresas, el foco también se pone en la administración pública.

La legislatura de Pedro Sánchez está cada vez más pendiente de los tribunales. La angustia se esparce entre las filas socialistas especialmente después de una semana que ha dejado dos novedades: cinco detenciones que han hecho emerger dos nuevas causas –que siguen secretas– y un informe de la Guardia Civil que vuelve a salpicar a José Luis Ábalos. Son investigaciones en curso, precisamente, sobre temas que golpean el corazón de la hoja de ruta política del presidente español y la génesis de su llegada a la Moncloa. De los cinco detenidos, la Audiencia Nacional ha dejado en libertad al exmilitante socialista Leire Díez, Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, y al empresario vasco Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar y amigo de Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE. Todos ellos han salido a la calle con medidas cautelares (retirada de pasaporte y comparecencias periódicas) después de que la fiscalía no haya reclamado su ingreso en prisión.

El pasado mes de junio, elinforme de la Guardia Civil que implicaba a Santos Cerdán en una presunta trama de corrupción conmocionó al PSOE. Cuatro días después de que estallara el caso, Pedro Sánchez reunió a la cúpula del partido y anunció una batería de medidas para responder: entre otros, su comparecencia en el Congreso, la expulsión de José Luis Ábalos de la formación y la creación de una comisión de investigación en la cámara baja por "conocer la verdad" sobre el caso Koldo. La solicitud, registrada al día siguiente por el grupo parlamentario, argumentaba que la "gravedad de los hechos y conductas" que reflejaba el informe de la UCO "exigía" promover una investigación parlamentaria porque era "imprescindible" conocer los hechos en "profundidad".

Los 180 metros que separan al Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional nunca habían sido tan cortos. El pasado jueves, mientras José Luis Ábalos se exponía a que Leopoldo Puente le enviara a la cárcel por la causa sobre la compra de mascarillas –como acabó pasando–, Víctor de Aldama declaraba ante Ismael Moreno sobre los contratos del gobierno canario durante la pandemia; una presunta trama de corrupción que ha derivado en múltiples investigaciones paralelas que tienen vasos comunicantes. Tanto es así, que incluso los abogados personados no acaban de tener clara la cantidad de piezas que están en marcha y su alcance. Vamos a palmos.

El juez de la Audiencia Nacional que está investigando el caso Koldo, Ismael Moreno, ha pedido al PSOE que le facilite la relación de todos los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024. El magistrado quiere que los socialistas le hagan llegar la documentación en un plazo máximo de 10 días. "Desde el PSOE queremos aclarar que no estamos investigados en la causa, y que nuestro compromiso con la transparencia, así como nuestra colaboración con la justicia, es total. Aportaremos al juzgado la documentación solicitada", indican fuentes socialistas. Hace semanas, Ferraz aportó, específicamente, los pagos en efectivo realizados a José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Koldo García y la secretaría de Organización del partido.

Cuando Ferrovial anunció que quería salir de España, Nadia Calviño, entonces ministra de Economía, cargó contra la decisión argumentando, entre otras cosas, que si la constructora de Rafael del Pino había crecido tanto era "gracias a la obra pública ya la contribución de cada uno de los españoles durante décadas". Sin embargo, Ferrovial no es la excepción. Todas las grandes constructoras españolas se han hecho mayores a la sombra de la contratación pública, incluyendo a Acciona, la multinacional fundada y controlada por la familia Entrecanales (tiene un 55,12% del capital social) y que desde esta semana vuelve a estar en el epicentro del huracán del caso Cerdán, lo que le ha costado casi un 7% del valor en bolsa en los últimos cinco días.

El PP hace ya tiempo que decidió sacrificar el valor del Senado como cámara de representación territorial y de segunda lectura para convertirla en una caja de resonancia de su oposición a Pedro Sánchez. Por eso pensaron que era una buena idea citar a declarar al presidente del gobierno español a una comisión sobre el caso Koldo en un cuarto que controlan completamente. Pero una vez más, y ya van varias, el PP ha vuelto a fracasar y Pedro Sánchez ha salido muy vivo del espectáculo lamentable que se ha vivido en el Senado.

El semanario inglés The Economist publicó el jueves un artículo donde pedía que el presidente de España, Pedro Sánchez, dé un "paso al lado" tras los casos de corrupción que afectan a su entorno. El medio -con sede en Londres- asegura que la democracia española vive una situación de "parálisis política" tras la imputación de los dos últimos secretarios de organización del PSOE y necesita renovarse. Por este motivo, plantea dos opciones: que los socialistas nombren a un "nuevo líder" o que se avancen las elecciones.

El caso Koldo de corrupción, también llamado caso Ábalos o Cerdán, está provocando un fenómeno desde que se dio a conocer: los implicados o familiares suyos ya han sufrido dos robos en sólo un mes. La trama que afecta al exministro de Transportes y ex secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el sucesor como número 3 del partido, Santos Cerdán, ya ha sufrido dos robos sonados, el último en la casa de Ábalos en Madrid esta madrugada, después de que a finales de junio sufriera uno el domicilio.

El estallido del caso Montoro reúne todos los ingredientes inmutables del pesebre castizo, desgrana cada mimbre de una corrupción más sistémica que sistemática y sacude el mostrador político-emocional a beneficio provisional de Vox. Como siempre, pasan las modas y sólo queda los escombros, en medio de un olvido que sólo se agrieta cuando estalla un nuevo desbarajuste. Entonces miramos por el retrovisor, recordamos de dónde venimos y nos pedimos qué caray nunca ha cambiado. Esquina memoria, del estado judicial de las cosas habrá que recordar que de la aznaridad quedaron tres exministros condenados y encarcelados –Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana, Jaume Matas– y que otros también fueron investigados, con causas archivadas o sentencias absolutorias por los pelos. De los gobiernos del felipismo, con rúbrica judicial firme, fueron condenados, entre otros, un ministro del Interior, la coordinadora de finanzas del partido, unos cuantos banqueros, el hermano del vicepresidente Alfonso Guerra y manderos de alcantarillado del CESID –y dimitió todo un ministro de Defensa, Nar, todo en la Casa Real–. De los gobiernos de Mariano Rajoy, ahora flota Montoro, pero Fernández Díaz espera juicio, donde le piden 15 años de cárcel por patriota mientras que su ministra de Sanidad ya fue condenada, a título lucrativo, en el caso Gürtel. Del Peugeot de Sánchez, solo en fase previa de imputación, han bajado ya tres personas –y dos han sido secretarios de organización del partido– y ahora sólo queda una al volante, que responde al nombre de Pedro. Así están las cosas. Como si olvidáramos cada día que el buque insignia del serial se llama Juan Carlos I y aún vive a cuerpo de rey en Abu Dhabi.

En plena vorágine informativa sobre las novedades y consecuencias políticas del caso Santos Cerdán, la trama en torno a Leire Díez parece haber quedado en segundo plano. Pero el nombre del exmilitante socialista, de quien se filtraron audios intentando sacar trapos sobre la Guardia Civil, va apareciendo a los titulares por el hilo que la une al ya ex número 3 del PSOE. En las últimas horas, además, trascendió que un juzgado de Madrid inició por primera vez una investigación contra ella, según avanzaron medios como El Independiente y La Razón y han confirmado al ARA fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Tras soltar en el Congreso una bomba fétida sobre prostíbulos y el difunto suegro de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo hizo paro en Barcelona para prometer financiación para Catalunya. Lo hacía mientras el gobierno de España y ERC continuaban las negociaciones sobre esta misma materia y aparecía en pantalla la posibilidad (luego desmentida desde Junts) de un encuentro entre el susodicho Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. La propuesta de Feijóo sobre la financiación de Catalunya no contenía estudios de balanzas fiscales, ni siquiera anuncios de lluvias de millones. Solo una propuesta en estado gaseoso que el propio Feijóo imaginaba concretándose "en una mesa" y no "en una sala". La mesa imaginaria de Feijóo tenía una connotación positiva, de negociación transparente y leal en España. La sala, en cambio, funcionaba como referencia oscura, porque remitía a la sala donde se tomaron la foto Puigdemont y Santos Cerdán el día de su primer encuentro, que de hecho no se produjo para negociar la financiación sino la amnistía. Da igual, porque después todo va a parar al epígrafe "cosas que piden los catalanes", reivindicaciones y negociaciones que son trituradas y embadurnadas sin contemplaciones en los medios de comunicación y en las redes del periodismo basura, hasta convertirlas en una masa amorfa e ilegible.

El debate de ayer en el Congreso acabó tal y como explicamos. Sánchez salvó el cargo, pero perdió la cara: los partidos de la investidura le dijeron que todavía le aguantan, pero que ese tiempo de cuello no será eterno.

La Audiencia Nacional mueve ficha y cita como investigados a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al ex director general de Carreteras Javier Herrero por el caso Koldo. Deberán declarar el 21 de julio a las 11 horas después de que el Tribunal Supremo encontrara indicios de su participación en la presunta trama de adjudicaciones irregulares, según establece el juez Ismael Moreno en un auto.

Alejar de la obra pública aquellas constructoras que se han visto implicadas en un caso de corrupción, sea a través de sobornos, manipulación de pujas u otras malas prácticas. presuntas comisiones ilegales en torno a los dos últimos secretarios de organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y el exasesor del primero, Koldo García. si Pedro Sánchez recoge el guante de estas propuestas –se prevé que este miércoles, coincidiendo con el pleno en el Congreso de los Diputados, el presidente español anuncie medidas para luchar contra la corrupción–, es preciso tener en cuenta que España no parte de cero en cuanto a la posibilidad de aplicar este veto sobre algunas empresas a la hora de acceder a la contratación pública. se inspira en directivas europeas, ya incluye esta pena. De hecho, la Comisión Europea está examinando sus directivas y se prevé que dé a conocer su análisis y, por tanto, posibles modificaciones en el último trimestre del año. de un organismo público competente o del ministerio de Hacienda. Por ejemplo, si una empresa ha sido sancionada por falsedad en la competencia interviene la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que desde el año 2023 puede fijar la duración y el alcance de la prohibición en función de unos criterios en la competencia de las empresas y "se pretende aumentar la seguridad". el organismo que se encarga de velar por la defensa de la competencia en el Estado.

Una pieza clave en la llegada de la planta de baterías de Volkswagen en Sagunto y en el mantenimiento de la fábrica de coches Ford en Almussafes. Estos son los dos principales hitos políticos de la nueva secretaria de organización del PSOE, la valenciana Rebeca Torró (Ontinyent, 1981). Una dirigente que destaca por su discreción, capacidad de trabajo y fidelidad en sus siglas por encima de las familias políticas. Incluso a pesar de que esa lealtad le provoque la pérdida de algunas amistades.

Este fin de semana sólo oiremos hablar del PSOE y del PP. Ambos partidos se reúnen. En el fondo, se reúnen por lo mismo: para darle una última oportunidad a su líder. Los socialistas reúnen al comité federal para realizar cambios internos que demuestren que Pedro Sánchez ha reaccionado a la bomba atómica de las imputaciones por corrupción de Ábalos y Cerdán. Y el PP celebra el congreso de la última oportunidad en Feijóo: si no gana las próximas elecciones, ya puede volver a Galicia.

El nuevo hueso de Pedro Sánchez en Ferraz hablará catalán. La socialista valenciana Rebeca Torró, número dos de Jordi Hereu en el ministerio de Industria y Turismo como secretaria de estado de Industria, será la nueva secretaria de organización del PSOE en sustitución del ya cesado Santos Cerdán. Y la nueva portavoz del partido será la leridana Montse Mínguez, del PSC, un valor al alza en Madrid, dado que es la número 2 del grupo parlamentario en el Congreso. Los primeros cambios se han conocido un día antes de que se celebre el comité federal del partido, en el que habrá que aprobar los movimientos que Sánchez ha prometido para sacudir a la dirección a raíz del escándalo de la presunta corrupción. La nueva área de organización del PSOE se amplía y contará con tres cargos adjuntos –hasta ahora solo había uno, que ocupaba a Juanfran Serrano, que presumiblemente abandonará la ejecutiva–, con el objetivo de que haya contrapesos. Con la elección de perfiles femeninos, también quiere darse un mensaje de respuesta a las conversaciones conocidas entre José Luis Ábalos y Koldo García sobre prostitutas. A partir de ahora, esta práctica será castigada con la expulsión del partido.

Miramos hacia los incendios de la Segarra, Noguera y Urgell, que han provocado dos muertos y esa gran columna de humo, lo llaman pirocúmulo, generada por el fuego mismo y el calor. Crece la preocupación de que la ola de calor lo reseque todo, pero por suerte se avecinan un refrescado de las temperaturas y lluvias por las tardes en medio país, y eso esperamos que sea un respiro, en todos los sentidos.

Al día siguiente del encarcelamiento del ex secretario de organización socialista Santos Cerdán por presunta corrupción, se ha producido un tenso cara a cara en el Parlament de Catalunya: el líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha intentado vincular al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, con la trama de presuntas irregularidades en la compra de que retirar sus palabras. "Lo lamentará", ha dicho Illa dirigiéndose a Fernández en un tono serio: "Me reservo mis acciones". Salvador Illa se ha indignado y ha sentenciado que Fernández ha cometido un "error grave". "Es completamente falso lo que ha dicho, merece el premio a la ficción política", terminó, y dejó claro: "Ni sé quién es esa persona que usted menciona, ni he hablado por ninguna aplicación ni he tenido ninguna conversación con él. Se deja llevar por la pasión de algunos", espetó. Sin embargo, el líder del PP se ha mantenido en silencio desde su escaño.