Sólo 28 inspectores para supervisar todas las residencias de personas mayores y otros servicios sociales en Cataluña

BarcelonaEl pasado año la Generalitat abrió expedientes sancionadores a 115 residencias de personas mayores –el 12% del total– y detectó hasta 238 infracciones muy graves, según una respuesta de Transparencia a una petición de información del ARA. La infracción más recurrente fue "incumplir las condiciones relativas a la higiene, la salud y la correcta administración de medicamentos". En total, se abrieron 66 expedientes por ello. El segundo motivo fue tener personal poco cualificado o con escasa dedicación (46 expedientes). Y el tercero, inmovilizar a los ancianos con medios mecánicos o restringir su capacidad intelectual con fármacos (35 expedientes), aunque la normativa establece que las contenciones están prohibidas si no son estrictamente necesarias y con consentimiento de la familia.

En Cataluña, solo hay 28 inspectores para supervisar todas las residencias de ancianos –hay 951 en total–, además de las residencias para menores o discapacitados y centros de día, según la respuesta de Transparencia. Una cifra que contrasta con otros países europeos. "En Escocia, que es un territorio equiparable al de Cataluña, existen 600 inspectores para los servicios sociales", pone como ejemplo Joseba Zalakain, director del Servicio de Información e Investigación Social de la Fundación Eguía Careaga. “El nuestro es un modelo muy mediterráneo. Regulamos mucho, pero después inspeccionamos y evaluamos poco”, lamenta.

Cómo se hacen las inspecciones

“Debemos apuntar qué porcentaje del desayuno comen, si hacen deposiciones o no, si les damos de beber, si les cambiamos el pañal… Hay un registro de todo, pero muchas veces no tenemos tiempo para apuntarlo, así que nos lo inventamos después”, confiesa una gericultora que trabaja en una residencia de ancianos de Barcelona. Otra auxiliar que es delegada de geriatría de CCOO y que también prefiere mantener el anonimato explica que estos registros son los que revisa el inspector. "A los abuelos casi ni los mira, salvo que haya una denuncia", asegura. También dice que, desde la dirección del geriátrico, suelen avisar al personal del día que se realizará la inspección. "Nos advierten para que no falte nadie en el trabajo".

En cambio, el secretario de Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, Lluís Torrens Mèlich, desmiente que los geriátricos sepan el día de la inspección y asegura que los controles que se hacen son bastante exhaustivos. "Duran seis horas, y se comprueba el personal, las condiciones materiales, la comida, la higiene, la limpieza…", enumera. Por ley, la Generalitat debe supervisar las residencias "como mínimo, una vez al año".

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"La administración dice que las empresas desconocen cuándo se harán las inspecciones, pero entonces ¿cómo es que justo antes las empresas intentan tenerlo todo bien, según nos dicen nuestros delegados?", rebate el secretario de Acción Sindical de la Federación de Sanidad de CCOO, José María Yagüe. Por su parte, el secretario de Servicios Sociales de UGT, Jaume Adover, opina que a la Generalitat no le interesa hacer inspecciones minuciosas porque, "si deben cerrar una residencia, ¿qué harán con los ancianos?". “Lo mismo ocurre con las familias. No denuncian porque tienen a su familiar”, añade. Sin embargo, tras la pandemia, se han disparado las quejas de los familiares al Síndic de Greuges [Defensor del Pueblo catalán]. En 2022 se tramitaron 230 y la razón principal fue “la calidad asistencial”.

Preponderancia del sector privado

Las residencias de personas mayores en Cataluña están controladas básicamente por el sector privado, sobre todo pequeñas y medianas empresas, aunque también existen grandes grupos inversores. Según datos de marzo de 2023 de la publicación especializada en el sector geriátrico Alimarket, las empresas que tienen más camas son Sanitas Mayores (1.563 camas), perteneciente a Bupa, una aseguradora británica; el Grupo l'Onada (1.560 camas), propiedad de la empresaria Cinta Pascual, presidenta de la patronal de las residencias de Cataluña y España, y el Grupo DomusVi (1.460), que es líder en el resto del Estado y en Francia.

"Con la llegada de los Fondos Europeos, la Generalitat ha reanudado la promoción directa de residencias y mantiene la colaboración económica con ayuntamientos y empresas privadas. No obstante, estas inversoras y grupos gestores siguen apostando por Cataluña, y sobre todo por Barcelona, porque las consideran un nicho de mercado interesante, ya que es una zona en la que siguen faltando muchas camas", argumenta Eva de Frutos, redactora de esta revista. El director de inversión, suelo y obra nueva de la inmobiliaria Forcadell, Christian Gracía, corrobora que es un sector "en alza, que da rentabilidad pero con cifras limitadas".

Josep de Martí, fundador y director de Inforesidencias.com, un portal para buscar y comparar geriátricos, en el que los centros están ordenados por índice de transparencia, afirma que lo que falta precisamente es eso. "Es muy difícil que las residencias indiquen la ratio de personal, qué incluye el precio o el acta de inspección de Sanidad", pone como ejemplos. En este sentido, el secretario de Asuntos Sociales y Familias considera que sería conveniente publicar el resultado de las inspecciones, algo que no se hace en Cataluña pero sí en otros países.

Muchas residencias hacen firmar a su personal una cláusula de confidencialidad para que no puedan explicar nada de lo que ocurre en el centro. "Estas cláusulas no están reguladas por la normativa laboral española, pero no pueden considerarse ilegales", aclara la abogada laboralista del Colectivo Ronda Joana Badia, según la cual, eso sí, fomentan la opacidad.