Cuando un tribunal no se cree los abusos sexuales a una niña de 12 años

BarcelonaTodo el mundo coincidía en que el acusado de 21 años (M.G.) abusó sexualmente de la niña de 12 años. Lo decían los informes de la UFAM de Sant Joan de Déu, los psicólogos del Equipo de Asesoramiento Técnico Penal (EATP) y la Fiscalía pedía 11 años de prisión. El chico, monitor del casal, había concertado una cita con ella para ir a una cala de Sant Antoni de Calonge e, incluso, le había dicho -tal como ha comprobado el ARA de las conversaciones entre los dos por Instagram - que consiguiera preservativos, que podrían hacer un trío con una amiga y que perdería con él la virginidad.

Pero el 6 de octubre los tres magistrados de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Girona descartaron que hubiera abuso sexual con penetración y condenaron al acusado con la mínima pena posible -doce meses de multa- por un delito de concertación de un encuentro de carácter sexual con una menor: quedaron, pasearon por las calas, pero el abuso no quedó “probado”. Los jueces no se creen el relato de ella -que tuvo que declarar tres años después de los hechos, en plena adolescencia- porque no supera el “test de credibilidad”: “La principal razón que lleva al tribunal a no conceder crédito a su declaración es la importante cantidad de contradicciones que, tanto en sus cinco declaraciones como incluso dentro de cada una, apreciamos. Los hechos denunciados no solo son relativamente recientes, sino breves y de escasa complejidad”.

La defensa ofreció un pacto

La familia de la menor ha presentado ya un recurso. Están destrozados después de un doloroso periplo de tres años y no consiguen entender la resolución. En gran parte porque la defensa del acusado ofreció un pacto antes del juicio. Hasta dos veces. “Minutos antes del juicio se declaraba culpable y aceptaba una pena de 5 años de prisión. La primera propuesta había sido de 8 años. Yo no quería el acuerdo, pero era reparador. Y la Fiscalía lo tumbó, nos dijo que no lo aceptáramos”, dice el padre, A.T.

Minutos después de renunciar al acuerdo arrancó el juicio, en el cual la defensa pidió la absolución para el monitor, pero de forma subsidiaria solicitó que fuera concurrente de un delito de abuso sexual del artículo 183.1 del Código Penal (de dos a seis años de prisión) con el atenuante de que había consentimiento de la menor, hecho que excluye la responsabilidad penal. Sin embargo, los jueces resolvieron que el abuso no se podía acreditar, una sentencia que la Fiscalía no recurrirá.

Repetir posturas y gestos

A pesar de que los técnicos del EATP y el fiscal pedían que la niña no volviera a declarar para evitar una “victimización secundaria”, los magistrados requirieron que lo hiciera de nuevo y la menor -con 15 años- tuvo que imitar gestos y posturas de lo que había pasado en agosto de 2017.

El tribunal sostiene que la niña hizo declaraciones con “discordancias” y “contradicciones” en cada una de las cinco ocasiones en las que explicó los hechos: a la policía, a los psicólogos del EATP, ante la pediatra y la psicóloga de la UFAM, y el día del juicio. Un ejemplo de estas discordancias que pone el tribunal se refiere a la posición de la chica esa noche de 2017: “Antes de iniciar la penetración, en la declaración 2 estaban sentados, en la 4 estaban los dos tumbados, ella con las piernas abiertas, y en la 5 vuelven a estar sentados, uno junto al otro, tal como escenificó el testigo en la vista”. Otra, cuando se bañaron: “En la [declaración] 1, al llegar a la cala los dos se bañan sin ropa, antes de que pase nada: en el resto él se baña primero con el bañador y, al acabar la relación, los dos se bañan desnudos”.

Los jueces, además, descartan los informes médicos porque “se han emitido con una sola entrevista con la menor”. “Sin dudar el tribunal de la competencia de los respectivos profesionales, entendemos que sus conclusiones sobre la credibilidad del relato de la menor son erróneas, simplemente por falta de datos suficientes con las cuales establecer una comparación”, dice el tribunal, que deniega una indemnización porque lo que vivió la niña no “ha resultado traumatizante” ni ha dejado ninguna “secuela”.

En el recurso, en cambio, la familia remarca que los profesionales que exploraron a la niña hicieron más de una entrevista con ella y sí tenían elementos para comparar, tal como acreditan tanto el EATP -“Hemos considerado como elementos de comparación del relato: la declaración a los Mossos, en el Hospital de Palamós, y la propia exploración”- como la UFAM, que hace diferentes sesiones con ella.

En el escrito se pone énfasis en el hecho de que la primera declaración es de agosto de 2017 y el juicio “casi 3 años más tarde”, hecho que puede llevar a la menor a “perder detalle de algunas circunstancias no centrales del delito”, y más cuando la chica se vio sometida a una declaración “larga y dura para su edad” (15 años). Aún así, en el recurso se mantiene que el relato de ella “siempre se ha mostrado estructurado”, repitiendo cada vez los elementos principales de lo que pasó. Un hecho que constataban tanto desde el EATP como la UFAM, que calificaban los hechos de “abuso sexual muy probable”. “Nos encontramos ante un relato creíble y con unas características que nos permiten valorar los incidentes relatados como propios de un contenido vivido y descartamos la construcción, inducción o distorsión”, escribían los psicólogos del EATP, que exploraron a la niña en abril de 2018, cuando tenía 13 años, mientras que desde la UFAM se remarcaba que inicialmente la chica actuaba por “enamoramiento”, a pesar de que con el paso del tiempo “se ha dado cuenta de que en realidad era una situación de engaño”.

No puede haber consentimiento

La asesora jurídica de la familia, Carla Vall, pone sobre la mesa otro tema que plantea el caso, y reclama una revisión estructural del sistema porque los protocolos han fallado: “Los profesionales hablan de relaciones sexuales consentidas, cuando no puede haber consentimiento por parte de una niña de 12 años. Se tiene que vivir y ver como violencia”.