Acuerdo para la equiparación salarial de los 120.000 trabajadores del sector social

BarcelonaLa Generalitat, las patronales del sector social y los sindicatos CCOO y UGT han firmado este miércoles un acuerdo para alcanzar la plena equiparación salarial de los 120.000 profesionales que trabajan en los ámbitos de residencias geriátricas, discapacidad, infancia, drogodependencia y salud mental. El pacto establece subidas graduales de salario hasta 2030, año en que se espera que los trabajadores contratados por empresas privadas tengan el mismo sueldo que los que están bajo un convenio de la administración. Para conseguirlo, el departamento de Derechos Sociales e Inclusión instaurará un nuevo sistema de financiación de las empresas en el que se condiciona un incremento de la tarifa pública a un aumento efectivo de las nóminas.

Actualmente la brecha salarial media se sitúa en un 37%, pero en ámbitos como las residencias, que ocupa el 66% de los profesionales, se incrementa en un 42%. Los sueldos bajos y la gran diferencia con los sectores públicos ha sido el campo de batalla de los trabajadores de geriátricos y del ocio y el motivo de que la mitad de trabajadoras y educadoras sociales decidan abandonar el trabajo para encontrar otras ocupaciones mejor pagadas. Los recortes a partir de las diferentes crisis congelaron las tarifas sociales, el precio que la administración paga a las empresas por los servicios y las plazas concertadas o externalizadas. Pero incluso desde que a partir de 2023 el gobierno de Pere Aragonès hizo la primera subida, las empresas no siempre han trasladado estos dineros extras a la mejora salarial.

Una auditoría externa cifró en 600 millones de euros la brecha salarial. Ante la imposibilidad de que la Generalitat desembolse esta cantidad de golpe, se ha comprometido a poner sobre la mesa 150 millones de euros adicionales cada año hasta 2030 con la condición de que íntegramente vayan a los bolsillos de los trabajadores y no para la mejora del equipamiento o de resultados empresariales. Para hacerlo posible las empresas deben demostrar antes que han incrementado el salario de la plantilla más allá de la inflación, y las que más esfuerzo hayan hecho serán premiadas con más dinero.

De esta manera se acabará con el café para todos, es decir los incrementos de tarifas sociales iguales para todos que rigen actualmente. Derechos Sociales plantea un cálculo a partir de un nuevo indicador que tiene en cuenta el salario medio de la plantilla de cada empresa y el compromiso de aumento para el año. Se aplicará uno de los tres tramos de incrementos previstos en el acuerdo: el IPC, el 6,38% y el 8,14%.

Controles y seguimiento

En el acuerdo consensuado con empresas y los dos sindicatos mayoritarios en el sector se establecen mecanismos de control y seguimiento del cumplimiento de las empresas, que deberán certificar si han hecho efectivo el aumento salarial comprometido con la consejería. Con esta fórmula de incentivos, el departamento confía en que la competitividad resultante para retener las plantillas sea el factor clave para que la mayoría de las empresas con servicios y plazas concertados –con financiación pública– pidan acogerse al sistema.

Pero si alguna empresa opta por seguir con la financiación actual, el Gobierno asegura que hará todo lo posible para que ningún trabajador se quede atrás. "El mercado obligará a las empresas, y si no será la Generalitat la que actúe", dicen desde la administración, que insisten en que los aumentos de tarifa solo pueden hacerse servir para el aumento de los sueldos o para la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores.

Según los datos de la consejería, el salario medio en el sector social es de 18.400 euros anuales. Un tercio de las empresas pagan por debajo de los 19.000 euros de media y solo un 4% se sitúan en el umbral superior. Las previsiones es que a partir de estas bonificaciones al esfuerzo las que pagan menos se reduzcan a la mitad y, por otro lado, las que pagan por encima de la media aumenten entre un 20% y un 25%.