El Govern pretende "blindar" la figura de los jueces de paz ante la reforma de Bolaños

MadridEl consejo de ministros aprobó ayer una ley que reordena el servicio de justicia para hacerlo más eficiente y que incluye la reconversión de los actuales juzgados de paz en oficinas de justicia y la creación de nuevos juzgados de instancia en cada partido judicial, según explicó el ministro de Justicia, Félix Bolaños. En Catalunya el cambio afectará a los 898 juzgados de paz repartidos en los 947 municipios del país. Sin embargo, la Generalitat pretende blindar la figura de los jueces de paz por su papel clave en “la justicia de proximidad, la mediación y la gestión alternativa de conflictos”. El ministro de Justicia y la consejera Gemma Ubasart se reunieron en la Moncloa el 29 de febrero para acercar posiciones al respecto y el Gobierno es optimista al respecto.

Bolaños anunció que con el nuevo sistema se pasará de los 3.800 juzgados unipersonales actuales al Estado a sólo 432 juzgados de instancia, por lo que "se reducirá la carga de trabajo de los que están colapsados", se evitará la pérdida de tiempo actual cuando hay juzgados que cambian constantemente de titular y permitirá que "los jueces trabajen de forma colegiada y con unidad de criterio". El ministro está convencido de que con el esfuerzo por digitalizar la justicia (a partir de fondos europeos) se agilizará la crónica lentitud de la justicia. "Es la reordenación más importante de las últimas décadas", incidió Bolaños.

¿Y cómo quedan los juzgados de paz? Pues, según Bolaños, se reconvertirán en oficinas de justicia, un nuevo organismo que servirá para que los ciudadanos que viven en los municipios pequeños puedan realizar trámites procesales sin necesidad de trasladarse al juzgado de instancia. Ubasart avanzó que ERC presentará una enmienda en el trámite al Parlament para "blindar" a los jueces de paz en la nueva ley, reconvertidos ahora en jefes de la oficina de justicia, ya que el Estatut catalán les reconoce competencias específicas.

Según Ubasart, Bolaños fue “receptivo” en la reunión en aceptar los cambios que propone el Gobierno, algunos de ellos “profundos” y que provienen de enmiendas vivas de la anterior legislatura.

El consejo de ministros también aprobó una ley para adaptar la justicia española al sistema que facilita el intercambio de información sobre los antecedentes penales de los ciudadanos en toda la Unión Europea