BarcelonaEl primer aviso lo hacía el fiscal coordinador de Menores de Barcelona en 2019, cuando constataba un "preocupante" aumento de los delitos sexuales entre adolescentes en los últimos años. Los datos de la última década recogidos en la última memoria de la Fiscalía General del Estado confirman el escenario. Desde el 2011, el número de agresiones y abusos sexuales entre menores en todo el Estado se ha triplicado. Cada tres horas se abre una investigación nueva por estos delitos entre jóvenes de 14 a 17 años. El año pasado fueron un total de 2.625 casos, frente a los 1.251 tramitados hace diez años. De hecho, los delitos sexuales son los únicos que han experimentado un crecimiento incluso durante los años de pandemia, lo cual para la Fiscalía confirma la tendencia.
A la hora de buscar las razones de este incremento, la Fiscalía –que es la jurisdicción que se hace cargo de la investigación de los delitos cometidos por menores– lo vincula sobre todo al hecho de que los adolescentes cada vez tienen su primer contacto con el sexo más temprano y su "aprendizaje" a menudo se basa en "la pornografía en dispositivos móviles". De hecho, los fiscales se muestran preocupados por la "contradicción" que supone que haya una regulación que impide la exhibición de este tipo de contenidos en los medios audiovisuales convencionales y a la vez no exista "ningún protocolo para tratar de impedir el acceso de los menores a páginas web pornográficas".
El hecho de que los menores se basen en la pornografía para construir el imaginario de cómo tienen que ser sus relaciones sexuales también provoca, según la Fiscalía, que cada vez haya más casos de agresiones y abusos dentro del núcleo familiar. El año pasado, por ejemplo, la Fiscalía de Toledo tramitó siete casos de abusos sexuales entre hermanos menores de edad. Más allá de la pornografía, el ministerio público ve dos causas más que explican el crecimiento de casos: "la banalización" de las relaciones sexuales por parte de los adolescentes y una "sexualización" de los niños desde una edad cada vez más temprana.
Agresores inimputables
Los fiscales alertan de que cada vez se encuentran con más agresiones de menores de 14 años, que se tienen que archivar porque son inimputables. En abril los Mossos d'Esquadra detuvieron a un niño de 13 años en Tarragona por haber agredido sexualmente a una niña de 15 y haberle robado el móvil. A pesar de que se trata de una minoría de casos, respecto a las agresiones cometidas por adolescentes y el número de agresores adultos, cada vez son más frecuentes. Por ejemplo, el año pasado el fiscal responsable de menores en Guipúzcoa tuvo que archivar un tercio de las denuncias por agresiones y abusos entre menores porque los autores tenían menos de 14 años.
Según la Fiscalía, las investigaciones que afectan a menores de 14 años son cada vez más, no solo en el ámbito de la violencia sexual, sino también en cuanto a casos de acoso escolar. En este ámbito, uno de cada dos acosadores, alerta el ministerio público, tiene menos de 14 años. El año pasado en el conjunto del Estado se tuvieron que archivar 8.433 investigaciones de diferentes tipos de delitos porque los autores son inimputables.
Libertad vigilada
Al contrario de lo que pasa con los delitos cometidos por adultos, en la jurisdicción de menores también es la Fiscalía quien propone y establece, con el visto bueno de un juez, la medida educativa que tienen que cumplir los adolescentes que han cometido un delito. El año pasado se condenó a cerca de 15.000 menores delincuentes de entre 14 y 17 años en todo el Estado. Tres cuartas partes están en libertad vigilada. Solo en un 5% de los casos se optó por una medida de internamiento cerrado en un centro de justicia juvenil.
Proteger a las víctimas para que su testigo no sea "una carga"
La menor víctima de una brutal violación en Igualada en noviembre del año pasado solo ha tenido que prestar testimonio una vez para explicar qué le pasó. La Unidad de Agresiones Sexuales de los Mossos d'Esquadra (UCAS) respetó el tiempo que necesitaba para empezar a recuperarse físicamente y emocionalmente del trauma vivido. Tampoco la interrogó directamente el juez del caso, que el día de su declaración se limitó a trasladar a través del teléfono preguntas a los técnicos que le asisten y le apoyan. Sus respuestas se considerarán una prueba preconstituida, para que no tenga que ir a declarar al juicio contra su agresor. Pero su caso, desgraciadamente, constituye una excepción dentro de un circuito judicial que todavía resulta revictimizador para la mayoría de las víctimas. Por eso, la Fiscalía se ha comprometido a ofrecer a las víctimas de la violencia machista, los delitos de odio y de tráfico de seres humanos más herramientas para facilitar que puedan prestar declaración de la manera menos victimizadora y evitar que se echen atrás por este motivo.
"No son las víctimas las que se tienen que adaptar al procedimiento judicial: somos nosotros quienes tenemos que adaptarnos a ellas y a sus necesidades", ha dicho la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, durante el discurso en el acto de apertura del año judicial. La Fiscalía considera que el testimonio de las víctimas de estos delitos no tiene que suponer "una carga, un elemento violento o desgarrador" para ellas, por lo cual se compromete a "explorar todos los aspectos posibles de protección" para conseguirlo, entre ellos los de fomentar que la primera declaración de las víctimas se considere una prueba preconstituida, para que no tengan que volver a declarar más durante la investigación y el juicio del caso, un periplo que puede tardar años en acabar.