El Gobierno asumirá la tutela de los agresores sexuales menores de 14 años

BarcelonaEl Gobierno abre la posibilidad de retirar la tutela a la familia de los menores inimputables penalmente que cometan una agresión sexual si no siguen los programas sociales que se les imponen desde la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA). Ésta es una de las acciones que se ha comprometido a sacar adelante el departamento de Derechos Sociales para evitar la sensación de "impunidad" ante los delitos sexuales de los adolescentes menores de 16 años, que por ley no pasan por el circuito de la justicia juvenil pero sí por uno de acompañamiento para ayudarles en la rehabilitación y en la reparación de sus víctimas. La diferencia es que, hasta ahora, la retirada de la custodia es una medida que se puede valorar en casos en que se constate desatención o abandono por parte de los padres y que a partir del próximo año se quiere protocolizar. En este sentido, el consejero Carles Campuzano ha defendido que las familias "deben asumir la responsabilidad de sus hijos".

El anuncio de la medida lo ha hecho el conseller coincidiendo con la presentación del informe encargado a un grupo de expertos a raíz del aumento de denuncias de delitos sexuales de menores contra menores que recogen las estadísticas de la Fiscalía y la propia DGAIA y que estallaron a raíz de las ocho denuncias conocidas en Badalona entre el verano de 2022 y el de 2023: 18 chicos (11 menores de 13 años y 7, entre 14 y 16) han agredido en grupo a 11 chicas (de 11, 13, 15, 17 y 24 años). Los expertos, provenientes del derecho, la pedagogía y la psicología y coordinados por Eduard Vallory, analizaron durante tres meses los datos proporcionados por diferentes departamentos de la Generalitat y concluyen que los casos pese a ser "alarmantes" también son "minoritarios". Es más, señalan que ninguno de los datos que han consultado apunta a que haya un aumento de más agresiones entre menores sino que, como ocurre con los cometidos por adultos, en los últimos años se han visibilizado y han roto el silencio tradicional había a su alrededor, lo que ha facilitado el aumento de las denuncias.

Una vez recibido el informe de los expertos, el Gobierno ha hecho suyas algunas de las propuestas y ha introducido otras, como que los menores pasen a estar bajo la tutela de la DGAIA. Para ello, Derechos Sociales ha anunciado que a lo largo del próximo año pondrá en marcha un nuevo programa formativo de educación sexual y educación en igualdad dirigido tanto a los agresores menores como a sus familias. Las acciones se centrarán sobre todo en que los menores tomen conciencia de la gravedad de sus acciones y asuman su responsabilidad y sean capaces de reparar los daños a la víctima. En los casos en que no exista colaboración y menor y familia no se involucren, se podrá retirar la tutela del agresor.

No a la rebaja de la edad penal

En este sentido, Vallory insistió en que los menores agresores sexuales son casos "muy puntuales", cuando en realidad la mayoría de las agresiones sexuales contra menores las cometen adultos conocidos que "no generan alarma social". Gobierno y expertos coinciden en rechazar la edad penal por debajo de los 14 años, que se fijó en el año 2000.

Los expertos reclaman una mayor coordinación entre departamentos para compartir información y mejorar la gestión de los programas para evitar la reincidencia y atribuyen las actitudes agresivas a factores como la falta de referentes y la dejadez del acompañamiento comunitario a estos menores, la validación de la cultura machista que normaliza la dominación de hombres sobre mujeres y en la exposición sin control de la pornografía machista y las redes sociales . Por eso, animan al Gobierno a profundizar la educación sexoafectiva en las escuelas.