La Audiencia de Barcelona ordena investigar la violencia policial contra un detenido en el CIE de la Zona Franca

BarcelonaLa Audiencia de Barcelona ha estimado el recurso de Amin M., que denunció maltratos policiales mientras estaba ingresado en el CIE de la Zona Franca y que intentó suicidarse horas después del incidente por miedo a ser deportado a su país. En una primera instancia, el juzgado de instrucción número 26 ordenó el archivo de la causa, presentada por Irídia, pero ahora los magistrados enmiendan esta decisión y plantean en la resolución que no se puede cerrar un expediente por este tipo de acusación, teniendo en cuenta las "dificultades" para aclarar unos hechos en instalaciones con características como las de los centros de internamientos de extranjeros.

El 4 de diciembre del año pasado Amin M. denunció que un policía lo empujó cuando bajaba por las escaleras del centro y, una vez en el suelo, otro agente lo arrastró como represalia porque el hombre había presentado anteriormente una queja a la dirección del CIE cuando le quitaron un pequeño altavoz con que escuchaba música.

Amin, que es demandante de asilo, justificado porque en Argelia, su país de origen, puede ser perseguido y torturado, sufrió un ataque de angustia por el miedo a ser deportado, un temor que, sumado a "otras vejaciones" sufridas en el CIE, lo hizo decidir a suicidarse esa misma noche. Sus compañeros, sin embargo, consiguieron pararlo, según dice la sentencia de la Audiencia.

La sala llama la atención a la magistrada instructora que optó por ignorar la denuncia del hombre, sin tener en cuenta "las dificultades inherentes" para llevar a cabo una investigación en las circunstancias específicas de un centro en el que hay personas detenidas "bajo la custodia física de funcionarios del Estado", y le reprocha que no intentara averiguar "si la veracidad o sospecha de los hechos pueden ser considerados razonables".

Los magistrados de la Audiencia defienden su argumento amparándose en el hecho de que el anteproyecto de la nueva ley de enjuiciamiento criminal recoge que no se puede archivar "de forma prematura" o por "razones de oportunidad" ninguna denuncia "por tortura, tratos inhumanos o degradantes".

A pesar de que no hay imágenes del momento en el que Amin M. cae escaleras abajo, sí hay una grabación en la que se aprecia cómo un agente lo arrastra por el suelo, sin que se haya explicado "de manera razonable" el motivo de esta acción, a pesar de que la sala apunta que no necesariamente tiene que ser una agresión. Aún así, cuestiona por qué ninguno de los policías presentes informó del incidente ni tampoco se catalogó como medida de contención.

En este sentido, los magistrados piden que se identifique a los tres agentes de la Policía Nacional que estaban presentes en el incidente, así como el profesional que firmó el informe médico en el que no se consignó ningún daño físico más allá de ansiedad y dolor en la cadera, y apuntan que quizás el hombre se intentó autolesionar para "formular una denuncia para paralizar su expulsión".

Irídia, una ONG en defensa de los derechos humanos y de las personas detenidas en los CIE, subraya que, a pesar de que la instalación ha estado cerrada la mitad del 2020 debido a la pandemia, se han presentado seis denuncias contra agentes de la Policía Nacional –encargados de la custodia del centro– por supuesta violencia institucional, una cifra que en comparación supone un aumento respecto a años anteriores. Así el año pasado en 12 meses la entidad atendió cuatro casos y actualmente hay una decena de casos abiertos en los tribunales, entre los cuales este que ahora la Audiencia obliga a investigar y que data del año pasado.

La entidad también denuncia que los juzgados son demasiado lentos y en ninguno de los casos se han acordado las diligencias urgentes, ni se ha suspendido la deportación para poder abrir diligencias e investigar las denuncias.