Los discapacitados reclaman eliminar barreras: "¿Cómo aguantas la silla de ruedas en un cine que hace bajada?"

BarcelonaBarreras arquitectónicas que impiden el acceso a edificios o transporte público; denegaciones de adaptaciones curriculares y falta de empatía del personal médico; imposibilidad de seguir cursos o espectáculos o de entender documentos oficiales por elausencia de la versión en lectura fácil. Son, a grandes rasgos, los principales motivos que hay detrás de las 248 denuncias que el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (Cocarmi) recibió en 2024 y que sirven para evidenciar que, pese a los avances, la accesibilidad es el gran reto a la espera de que el Gobierno apruebe el pacto.

La entidad denuncia que las barreras físicas, comunicativas y administrativas siguen limitando la participación plena de las personas con discapacidad en la vida social, educativa y laboral. Y aunque admitió que en los últimos años se han producido avances normativos —como la aprobación del Código de Accesibilidad— y buenas prácticas, alerta de que son insuficientes si no van acompañados de mayores inversiones para corregir deficiencias, de calendarios de implementación claros y mecanismos de seguimiento efectivos para conocer cómo se evoluciona.

Según el informe, durante el 2024 se han registrado 248 denuncias por vulneración de derechos. De éstas, 40 corresponden a problemas con la accesibilidad a instalaciones y edificios o también a webs oficiales que no están adaptadas para personas con problemas visuales. Además, se han recogido 31 quejas en el sector de la educación, que se pueden resumir en que la educación inclusiva es un derecho reconocido sobre el papel, pero que, en la práctica, no todo el mundo lo tiene garantizado: falta de personal formado o de apoyo específico en la escuela ordinaria como la que denuncian unos padres a los que se invitó a matricular a la hija con síndrome.

En la sanidad (24 denuncias), se reprocha que los servicios no estén adaptados a las personas con discapacidad, como el caso de una mujer con tetraplejía a la que no pudieron hacer una prueba diagnóstica porque el centro no disponía de una grúa para trasladarla de la silla a la cama en otro lugar, frente a la negativa. Entre las reivindicaciones, que los audífonos y los implantes cocleares sean gratuitos más allá de los 26 años. En el sector del ocio, la cultura y el deporte también existen quejas por la escasez de esplais y colonias para criaturas con discapacidad o la imposibilidad de seguir un concierto o una obra de teatro por falta de adaptaciones para personas ciegas o sordas, así como la dificultad en entrar en pabellones o auditorios. "Hay espacios reservados en el cine que hacen bajada. ¿Cómo te aguantas con la silla de ruedas?", critica una de las denunciantes.

Atención al cliente

Otra de las grandes barreras con las que se encuentran las personas con sordera es cuando deben dirigirse a los servicios de atención al cliente, donde casi todas las comunicaciones se realizan a través del teléfono. El documento también revela una brecha de género significativa: casi siete de cada diez denuncias han sido presentadas por mujeres con discapacidad, lo que evidencia una discriminación múltiple todavía muy presente.

El Cocarmi ha elaborado su informe de seguimiento basándose en los puntos que marca la convención internacional que hace 20 años impulsó la ONU para fijar los derechos de las personas con discapacidad, así como la pauta que deben seguir los países para garantizar sociedades de plena inclusión para promocionar la participación de personas con discapacidad intelectual, física o sensorial. En Cataluña se calcula que son casi un millón de ciudadanos.

"La Convención de Naciones Unidas reconoce derechos que todavía no se garantizan de forma real y efectiva", señala el Cocarmi, que reclama a las administraciones públicas más compromiso político y una estrecha colaboración con el movimiento asociativo. El informe plantea casi 300 propuestas de mejora y se presenta como herramienta clave para orientar las políticas públicas. Para la organización, es imprescindible eliminar discriminaciones que no son puntuales sino estructurales, así como el cumplimiento de las normas existentes.