La autodeterminación de género tensiona la Moncloa

BarcelonaEl debate sobre la autodeterminación de género ha impactado los últimos años en el ruedo político. Las negociaciones en la Moncloa sobre la llamada ley trans han alimentado roces entre PSOE y Unidas Podemos, que en el último año han encarnado -con matices- las corrientes del feminismo. Si en el socialismo el argumentario actual -que trascendió a los medios en junio de 2020 y que el partido considera vigente- defiende que el sexo es un hecho “biológico”, Unidas Podemos reivindica que el sexo, como el género, también es cultural. Esto último se traduce en la futura ley en el hecho que cualquier persona de más de 16 años puede cambiarse nombre y sexo en el registro civil solo con una declaración expresa. 

Este debate tuvo eco en Catalunya cuando el Parlament dio luz verde en las postrimerías de la anterior legislatura a una modificación de la ley de 2008 para erradicar la violencia machista, uno de los puntos destacados de la cual es que se reconocen a las mujeres trans como víctimas de violencia machista tanto si los documentos oficiales las definen como mujeres como si no. Antes de la reforma, la ley requería que hubieran sido diagnosticadas de “disfória de sexo” o se hubieran tratado médicamente para ser reconocidas. La norma fue aprobada por unanimidad, aunque el PSC presentó y mantuvo algunas enmiendas al considerar que “las violencias que sufren las personas que se identifican como no binarias” se tienen que “combatir” a través de “leyes de igualdad de trato o de derechos LGTBI”, dijo la diputada Beatriz Silva. 

Esta semana los socialistas han protagonizado un choque en la mesa del Parlament por esta cuestión. En una decisión nada habitual, el órgano frenó dos preguntas por considerar que vulneraban los derechos del colectivo trans. “¿Se han evaluado las consecuencias que para las mujeres ha tenido el traslado de personas transgénero a las prisiones de mujeres?” y “¿Cuál es la base científica para presentar la sexualidad humana disociando los órganos sexuales del sexo de las personas?”, decían. Las firma la diputada y activista feminista Gemma Lienas (la segunda junto con Rosa Maria Ibarra).

Los socialistas denunciaron la actitud “censora” de la mesa y negaron la discriminación, aunque al día siguiente se mostraron abiertos a reformularlas, si fuera necesario. Según supo el ARA, la cúpula del partido recibió quejas de las juventudes y el sector LGTBI del PSC. Fuentes del partido son críticas con los postulados que en estas preguntas defiende el PSC, y voces socialistas también lamentan lo que consideran un giro discursivo en un sector del PSOE que encarna la vicepresidenta primera del gobierno español, Carmen Calvo, y figuras como la exdiputada Ángeles Álvarez. En el caso catalán, Lienas -que prefirió no hablar para esta información- sería también un exponente. De hecho, el PSOE propuso en 2017 una norma similar a los planteamientos de la ley impulsada por Unidas Podemos, que decayó con el fin de la legislatura. "No hay giro, lo que hay es una toma de conciencia", defiende Álvarez. Mientras, la diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid y mujer trans, Carla Antonelli, está en contra de estas tesis y advierte de una “guerra por cuotas de espacio y de poder” donde las trans son “víctimas secundarias y daños colaterales”. De hecho, también en Podemos hay debate: el 7 de marzo se hizo público un manifiesto de cargos y militantes que cuestionaban la ley.

Un debate con antecedentes

¿Sobre qué se basa la disputa? La especialista en género y comunicación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Joana Gallego considera que la autodeterminación de género implica que “ser hombre o mujer depende de una calidad corporal subjetiva”, una idea sobre la que disiente un sector de las “feministas clásicas”, en la que ella se incluye. Un antecedente histórico del debate actual se puede encontrar, apunta, en los 70, en la división entre el “feminismo de la igualdad y el de la diferencia”. El primero apostaba por “la igualdad formal, en derechos y deberes”, el segundo “representaba que las mujeres, por el hecho de serlo, teníamos una visión del mundo diferente”: “Ahora vuelve esta idea de tener un sentimiento innato que se manifiesta en el cuerpo”. Más contundente se expresa Sílvia Carrasco, del departamento de antropología social y cultural de la universidad, que se posiciona “radicalmente” en contra de la ley trans: “Se sustituye el concepto de sexo por una definición de una identidad innata que solo la persona puede conocer”, lo que, opina, “disuelve la explicación del origen de la desigualdad entre hombres y mujeres y convierte en inútiles las políticas de igualdad”. 

En cambio, Montserrat Rifà, profesora de historia del feminismo en la UAB, recuerda que una de las “claves” del movimiento es el “derecho al propio cuerpo”: “Sorprende que ahora salten alarmas preventivas cuando se trata de afrontar posiciones no binarias”. Entre estos miedos hay, dice, la “instrumentalización de las ventajas de la ley por parte de algunos hombres”. Voces consultadas creen que la pregunta del PSC sobre las prisiones de mujeres criminaliza a las personas trans, porque da a entender que pueden generar incidencias. Según fuentes del departamento de Justicia hay 18 personas reconocidas como trans en las prisiones catalanas -siete en las de mujeres- entre 7.963 reclusos, y no hay conflictividad asociada a personas trans desde que existe atención hacia el colectivo, hace seis o siete años -en algunos centros fue antes-. “La autodeterminación de género está reconocida como un derecho fundamental”, asegura Tània Verge, catedrática del departamento de ciencias políticas en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y especialista en género, que considera que el debate no es “válido” porque comporta discriminación de un colectivo muy vulnerable. Legisladores consultados señalan que buscan, a pesar de las diferencias, aprobar las leyes feministas con el máximo consenso.