Los colectivos por el derecho a la vivienda cargan contra Collboni: "Está dejando familias en la calle"

Barcelona“Fuerza para desahuciar”. Bajo esta versión del eslogan “Fuerza para gobernar” que el PSC empleó en las elecciones al Parlament del pasado 12 de mayo, el movimiento por la vivienda de Barcelona ha denunciado este lunes un “aumento de la represión” desde que los socialistas llegaron a la alcaldía hace casi un año. Según varios sindicatos y grupos de vivienda de la ciudad, en los últimos meses "los espacios de diálogo y negociación con el Ayuntamiento se han reducido". Según el comisionado de Vivienda, Joan Ramon Riera, sin embargo, la vivienda es "una de las principales prioridades" del consistorio y el gobierno municipal "trabaja desde el primer día para ampliar la oferta de vivienda asequible".

Las organizaciones impulsoras son los grupos de Vivienda de los Tres Turons y de Sants y los Sindicatos de Vivienda del Raval, el Casco Antiguo, la Verneda y el Besòs, Vallcarca, Nou Barris, el Eixample, Cassoles y Gràcia. Aunque la principal crítica de los colectivos en defensa de la vivienda es contra el PSC, las diferentes organizaciones han recordado que, desde 2018 –y, por tanto, durante varios años de gobierno de los comunes con el PSC–, l 'Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación (IMHAB) ha solicitado más de un desahucio por semana.

Ahora, pero, según los movimientos sociales, el Ayuntamiento da menos alternativas después de un desalojo y los sindicatos aseguran que les es más complicado conversar con el consistorio, ya que la predisposición de la institución, según ellos, ha cambiado . Durante la presentación de la campaña, que se ha hecho justamente ante el Ayuntamiento, las diferentes organizaciones han acusado a Jaume Collboni de “dejar familias en la calle” mientras hace “políticas dirigidas a satisfacer los intereses de los empresarios”, como promover “grandes eventos como la Copa América, macrofestivales y más hoteles” que “peoran las condiciones de vida de la clase trabajadora y expulsan a las vecinas”, han explicado representantes de los diversos sindicatos de vivienda de Barcelona. Por ello, han asegurado que, a su juicio, el Ayuntamiento "no es una institución neutra", sino que "actúa como un gran tenedor más".

Por su parte, Riera recuerda que el Ayuntamiento tiene un parque público de 11.500 viviendas y que hay 5.000 viviendas nuevas en marcha, ya sea en proyecto, en obras o que ya se estén entregando. Asimismo, el comisionado de Vivienda pone de manifiesto que Barcelona es la primera ciudad de España donde se ha empezado a aplicar la regulación de los alquileres que permite realizar la ley de vivienda estatal.

Poner fin a los desahucios en pisos públicos

Los miembros de los movimientos sociales también han reprochado al Ayuntamiento que impida entrar en la lista de espera para optar a una vivienda de la Mesa de Emergencia a aquellas personas que hayan ocupado un piso público, y han añadido que el consistorio tiene varios pisos huecos de forma permanente. El Ayuntamiento lo niega, a la vez que recuerda que el reglamento de acceso a la Mesa de Emergencia se pactó entre la Generalitat y el Ayuntamiento en 2016 y destaca que la lista de espera ha pasado de 718 familias en junio de 2023 a 673 a mayo de este año.

Aunque los colectivos sociales aún no han detallado qué acciones llevarán a cabo, sí que han hecho una serie de reclamaciones concretas. Piden que se expropien los pisos vacíos, que se detengan las órdenes de desahucio en pisos municipales –también aquellos que estén ocupados– y que se acuerden contratos que las personas que viven allí puedan asumir, así como el fin de la represión contra el movimiento por la vivienda.