Emergencia social

La muerte de dos jóvenes sin papeles subleva Nou Barris

Los vecinos alertan de que hay una veintena de jóvenes migrantes sin hogar desatendidos por las administraciones

BarcelonaLos vecinos del norte de Nou Barris siguen conmocionados por la muerte del joven Bachir. Formaba parte del grupo de chicos sin papeles que desde hace un tiempo duermen en la calle en la zona. Él había llegado no hacía mucho desde Fuerteventura para encontrarse con su hermano mayor, Hisham. Hace 10 días, se suicidó en el puente de Vallbona. Su muerte, la segunda de uno de estos jóvenes en menos de un año, ha sacudido a los barrios de Ciutat Meridiana, Torre Baró y Vallbona, que este miércoles por la tarde harán un acto para rendirle homenaje a la plaza Roja de Ciudad Meridiana. Una concentración que quiere ser también un grito de alerta a las administraciones para que no miren hacia otro lado.

Con la inmigración convertida en el primer problema de los españoles según el CIS, el caso del Bachir evidencia los retos con los que se encuentran los migrantes sin papeles cuando llegan al Estado, si bien podrían resumirse básicamente en uno: el laberinto burocrático al que les somete la administración y que les deja a menudo acorralados en un callejón sin salida. "Les condenan a la precariedad", afirma Mariano Hernando, educador social del Centro Cruïlla de Ciutat Meridiana, una entidad que trabaja para ayudar a estos jóvenes a encontrar una vida digna.

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Como Hernando, Isabel Vilageliu y Juanfra Carrasco también son educadores sociales del centro. Les acompaña el salesiano y párroco de la parroquia de San Bernardo de Claraval, Domènec Valls. En conversación con el ARA, los cuatro lamentan que la actitud de las administraciones hace que en muchas ocasiones la acogida de estos recién llegados quede en manos de los voluntarios y las entidades sociales. Por eso, reclaman a las instituciones y también a las entidades financieras más colaboración. "No tenemos recursos ni financiación para soportar esto", alertan.

En su caso, explican, el fenómeno de los jóvenes migrantes sin hogar que duermen en la zona es relativamente reciente. "Empezaron a llegar hace cuatro o cinco años", apuntan. Son unos 25 y tienen entre 18 y 30 años. Algunos habían sido menores tutelados. La mayoría son amaziges, que encontraron en los barrios del norte de Nou Barris una zona más tranquila y menos hostil que el centro de Barcelona para instalarse. Diseminados por la montaña o bajo los puentes de la autopista, es fácil ver las tiendas y colchones donde duermen. Allí, los trabajadores municipales del Espai Públic y los miembros de entidades como Cruïlla contactan con ellos para intentar ayudarles a salir adelante.

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Una de sus misiones es ayudarles en el lío burocrático. No es fácil. El primer problema que se encuentran es el padrón. "Últimamente, tardan entre seis y ocho meses en conseguirlo", denuncian. Sin el padrón incluso existen problemas para ser atendido en los centros de atención primaria (CAP). A partir de ahí, deben pasar tres años hasta poder optar a la nacionalidad. En los papeles. "¿Qué quieren que hagan durante tres años si no tienen la opción de trabajar?", se pregunta Carrasco, quien subraya que solo se les deja la opción de la economía sumergida.

En medio hay más problemas. Vilageliu denuncia que la saturación de los servicios sociales hace que el sistema carezca de capacidad de dar respuesta residencial. Los alojamientos de emergencia que deberían ser una solución temporal se están convirtiendo en soluciones fijas. Esto hace que no haya rotación y que los recién llegados no puedan acceder a ellos. "Además, a gente que vive en la calle y no tiene ningún recurso se les da cita dentro de tres semanas en puntos de la ciudad sin ayudarles a llegar. Solo pueden acceder colándose en el metro", explica Vilageliu. Domènec Valls todavía subraya otra "contradicción" del sistema. "Les empujamos a viajar siendo menores de edad, porque si llegan aquí con 18 años, la administración se desentiende", señala.

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"Los nuevos del 47"

Mientras reclaman mayor apoyo de las administraciones, las entidades de estos barrios ya se han movilizado para reforzar la atención a este grupo de migrantes. La semana pasada ya se reunió una mesa de trabajo con participación de diferentes entidades, asociaciones de vecinos y trabajadores del Espai Públic para intentar coordinarse ante la situación de estos jóvenes. Ahora que a raíz de la película sobre el autobús 47 la opinión pública está sensibilizada con la llegada hace cincuenta años de los recién llegados a estos barrios de Barcelona, ​​Hernando lo tiene claro: "Estos chicos son los nuevos del 47", sostiene .

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En los últimos años, desde el Centro Cruïlla y la parroquia de Sant Bernat ya han ayudado varios. Muchos llegan hasta allí preguntando por las clases de lengua. En sus instalaciones –donde hay camas y duchas– pueden dormir cuatro o cinco personas cada noche. Pero más allá de un techo, allí reciben sobre todo "caliente", apunta Valls, que subraya que sin ese "caliu" es imposible la integración. Pero la solución es temporal. Por eso Cruïlla también intenta conseguir pisos de alquiler social a su nombre donde se puedan instalar estos chicos. Actualmente tiene tres. "Cuesta mucho encontrarlos", explica Hernando, que dice que a menudo los arrendatarios se echan atrás cuando ven que los inquilinos son inmigrantes. Critica, además, que en el barrio haya pisos vacíos desde hace tiempo propiedad de bancos o fondo buitre cuando hay vecinos sin vivienda.

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Cruïlla también cuenta con otro proyecto para integrar a personas sin papeles: la escuela de cocina –que también es un bar restaurante– Cruïlla al Punt, donde algunos de estos jóvenes han podido obtener experiencia como cocineros y restauradores a través de cursos de formación. Es el caso de Karim y Omar, que trabajan esforzados en la cocina durante el turno de los desayunos. También el del Jawad, que hoy está detrás de la barra sirviendo café. Lo hace después de llegar a Europa a través de Turquía y atravesar nueve países antes de llegar a Barcelona, ​​donde durmió dos meses en la calle hasta que fue ayudado por las entidades, que le encontraron un techo. El bar, que ya tiene todas las mesas reservadas para el almuerzo, está en la plaza del Eucalipto, en Torre Baró. Uno de los puntos donde pasan más horas los jóvenes sin hogar que aún aguardan su oportunidad.

4.000 extutelados bajo el paraguas de la DGAIA

¿Cuántos menores tutelados hay en Cataluña?

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De los 9.000 menores de edad que la Generalitat tiene bajo tutela, por la imposibilidad de que sus progenitores se hagan cargo, alrededor de los 2.300 son menores migrantes que han llegado solos. Además, hay otros 4.000 jóvenes que continúan bajo el paraguas de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) una vez cumplidos los 18 años y hasta los 23. De hecho, ambos grupos (los autóctonos y extranjeros) reciben el mismo tratamiento y no existe ninguna prestación o programa específico para los inmigrantes.

¿Qué ocurre en la mayoría de edad?

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Cuando un menor tutelado cumple los 18 años deja de vivir en el centro o con la familia de acogida en la que ha estado durante la minoría de edad. Sin embargo, la Generalitat les ofrece diferentes programas para poder acompañarlos en estos primeros años de la vida adulta, con la idea de suplir la falta de una red social y familiar que les ayude en la emancipación.

Sin distinción alguna según las nacionalidades, la Generalitat tiene en cartera una prestación económica, un programa de acceso a la vivienda o de apoyo jurídico y de formación para estos chicos, siempre que cumplan con los requisitos exigidos y sigan un plan individual de trabajo diseñado para que estudien o trabajen y tengan un buen comportamiento cívico.

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¿Existe una prestación económica para los migrantes?

No, la prestación es común a todos los extutelados. Se trata de una ayuda social equivalente al indicador de renta de suficiencia (IRSC), que para ese año se ha fijado en 755,82 euros mensuales. Los menores que hayan sido tutelados menos de un año (que hayan entrado en el sistema de protección antes de cumplir los 17) reciben la prestación durante un año, mientras que los que han superado este tiempo pueden cobrarla hasta los 21 años, prorrogable hasta los 23. En cualquier caso, según el departamento de Derechos Sociales, el incumplimiento de los planes individuales supone la expulsión del programa y, por tanto, se deja de recibir ayuda alguna.