"¿Mi casa pasará a ser un piso de protección oficial?": Gràcia en alerta por el nuevo plan urbanístico de Colau

BarcelonaRevolta Veïnal MPGM de Gràcia. Es el nombre que tiene desde la semana pasada el conglomerado de vecinos de siete zonas del distrito de Gràcia que se sienten amenazados por el plan urbanístico que prevé aprobar el gobierno de Colau, la Modificación del Plano General Metropolitano (MPGM), que en algunos casos condena de forma definitiva sus viviendas a ser derrumbadas o los deja en unos limbos en los que no saben cómo les afectará en un futuro. Los que levantaron la voz más deprisa fueron algunos vecinos de los 12 ámbitos que aparecen en la lista de expropiaciones. Lo hicieron alertados por los detalles sobre el plan que avanzó, en mayo, L'Independent de Gràcia y que ya hablaba de un calendario con dos etapas de seis años, cada una para concretar afectaciones que en algunos casos se arrastraban desde hacía más de 40 años, como la que se prevé para conectar el pasaje de Frígola, que ahora solo tiene salida a través de los Jardins Mestre Balcells, con la calle Cardener, a través de un nuevo vial.

Los que han reaccionado de manera más escalonada son los vecinos que al leer la letra pequeña del proyecto no tienen claro qué podrán hacer y qué no a su casa porque la previsión del Ayuntamiento de sumar más de 2.000 pisos de protección oficial a la zona gracias a la colaboración con los inversores privados los señala: el plan prevé ganar vivienda asequible en bajos –solo si están en calles no comerciales–, remontas pendientes de ejecutar, subdivisiones de pisos de más de 160 metros cuadrados o por medio de la medida que obliga a reservar el 30% de nuevas promociones a la vivienda asequible y que en Gràcia, para hacerla más efectiva, se quiere que afecte a las parcelas donde se pueden edificar 400 metros cuadrados de techo y no 600 como en el conjunto de Barcelona.

Uno de estos vecinos que no tiene nada claro cómo le afectará el planeamiento es Glòria Bonet. Adquirió una caseta de planta baja a finales del año pasado con la previsión de reformarla para corregir la entrada excesiva del edificio hacia el interior de isla –recuperando patio– y construir un piso encima para hacer dos habitaciones y un baño. Esta operación, hechos todos los cálculos, supone una ampliación de la superficie construida de seis metros cuadrados, pero, eso sí, gana una planta: una remonta –o "agotamiento de la edificabilidad", que es como prefieren denominarlo los promotores del plan para huir del imaginario de Porcioles–. Hasta ahora nadie le ha aclarado si lo podrá hacer o no. ¿Por qué? Pues porque su casa aparece señalada en el mapa de plantas bajas donde el nuevo planeamiento urbanístico autoriza el uso de vivienda solo si es para destinarlo a la protección oficial. Además, también queda señalada en el plano donde se marcan las posibles remontas a ejecutar para ganar vivienda asequible.

"¿Podemos hacer las obras o no? No queremos hacer una transformación para poner en el mercado un nuevo piso, queremos adaptar el nuestro", dice Bonet, que ha hecho un máster en urbanismo y conoce al detalle la documentación de la MPGM. Y la respuesta, revisando la documentación del proyecto, no queda nada clara, porque lo que se especifica es que cualquier subida en altura tendrá que estar destinada a la vivienda de protección oficial. Ella, inquieta, ya ha llevado las dudas a los consejos de barrio y audiencias públicas, pero no ha sacado el agua clara. También ha intentado desvanecer las dudas con consultas directas a técnicos de Urbanismo, pero siempre ha recibido como respuesta que el texto –en concreto, el artículo 9 del planeamiento– no es bastante afinado para darle concreciones. Consultado por este diario, en cambio, el Ayuntamiento asegura que casos como el de Bonet no dejan margen para la duda y que no quedarán afectados por la MPGM: si no se genera una nueva vivienda, no hay ninguna obligación de destinar nada a la protección oficial. Y si el bajo ya dispone de cédula de habitabilidad, tampoco se ve afectado por las nuevas medidas en plantas bajas. "¿Y entonces de donde les salen las cifras que dan?", se pregunta esta vecina sobre los 2.000 nuevos posibles pisos protegidos que anuncia el Ayuntamiento.

Verde y vivienda de protección oficial

Pero la ambigüedad de lo redactado y las posibles consecuencias a largo plazo de los cambios de calificación han llevado más casos como el de Gloria al nuevo conglomerado vecinal, donde hay un grupo autodenominado de remontas. "Lo que se hace es una recalificación masiva encubierta", avisan, y alertan que muchos de los propietarios de pisos que aparecen marcados en los mapas ni saben que lo están y se lo encontrarán "por sorpresa" si quieren hacer una reforma. Tienen dudas que nadie les resuelve, como por ejemplo qué pasará si dos hermanas heredan un piso de 160 metros cuadrados, que es el mínimo fijado por el planeamiento para admitir subdivisiones, y deciden partirlo en dos: ¿una de las dos mitades pasará a ser un piso de protección oficial? Lamentan que solo se hiciera una rueda de prensa genérica sobre un cambio de tanta entidad, y que se limitaran a dar grandes titulares como que el objetivo era conseguir vivienda de protección oficial y verde en un barrio que carece de ambas cosas y proteger el patrimonio propio de la zona.

"¿Quién se puede oponer a esto?", recelan los vecinos de la plataforma, que acusan el gobierno de Colau de haber entrado en la cuestión "como un elefante en una cristalería" en lugar de hacer orfebrería fina. Lamentan que, por la pandemia y las restricciones, la discusión sobre el plan ha quedado escondida y el proceso participativo ha tenido poco seguimiento: una veintena de personas participaron en cada una de las tres sesiones de debate. El gobierno municipal, en cambio, defiende que el fomento de la participación ha sido "muy alto".

Argumentan, como ha repetido el regidor de Gràcia, Eloi Badia, que en términos generales el plan desafecta a viviendas y locales que habían quedado condenados a ser derrumbados por planeamientos anteriores, como las muelas de la calle Gran de Gràcia o la Travessera, pero que algunas afectaciones se mantienen o se suman de nuevo para compensar cambios de usos como la construcción de nuevas viviendas. Dos de las 12 afectaciones, de hecho, se encaminan a nuevas promociones de pisos: en el pasaje Mercedes y en la calle Maignon. En total, 67 pisos protegidos que sí que está previsto que tengan impulso público.

Fruto de las protestas vecinales, se ha ido reduciendo la lista de afectaciones que se quiere llevar a aprobación definitiva. Primero eran 68 viviendas –los primeros planeamientos cifraban unos 210– y ahora ya se habla de 42, y el gobierno se ha abierto a eliminar la expropiación prevista en el pasaje de Frígola, un callejón situado muy cerca de la plaza Lesseps, que nace en Verdi y tiene salida solo a través de los Jardins del Mestre Balcells. La MPGM ha resucitado la amenaza de escombro para abrir un vial en la zona, pero ahora señala solo el último bloque, donde se prevé abrir un paso en planta baja para conectar el pasaje con la calle Cardener. Un paso que, como denuncian los vecinos, sería un túnel estrecho, con pendiente, y de más 37 metros de largo. "Nada que a ver con el urbanismo de espacios abiertos y pensados con visión de género que promulga el gobierno. Sobre el mapa debía de parecer una buena idea, pero en la práctica es una animalada", critica Laura Callejas, propietaria del local de los bajos que se vería afectado por el túnel. Si se vaciara todo el edificio para hacer equipamientos, como se preveía inicialmente, la operación afectaría a 14 familias.

Joanic y Tres Turons, fuera del mapa

El plan también prevé expropiaciones en ámbitos como la parcela que acogía el Teatre Principal, que ahora es un parking y se quiere convertir en zona verde, o para abrir un nuevo paso entre la plaza del Gato Pérez y la calle Llibertat, por ejemplo. Pero la MPGM deja fuera de definición el ámbito de los Tres Turons y el de Joanic, donde también hay vecinos movilizados para aclarar el futuro de sus casas después de más de 40 años de afectación, o casos concretos como el de la calle Maignon, donde los vecinos aseguran que se han concedido licencias para hacer edificios más altos de los que tocaría en una calle que ahora ya no se quiere ensanchar como se preveía hace años.

El arquitecto Sebastià Jornet, del equipo Jornet Llop Pastor, que es quien ha llevado el proyecto, defiende que ahora se está "puliendo" el texto final del planeamiento para llevarlo a aprobación definitiva –la previsión es discutirlo a finales de año o principios de 2022, pero el gobierno municipal necesita encontrar antes un aliado para obtener la mayoría absoluta–. En Gràcia, se estima que se construyen unos 140 pisos cada año y haría falta que todos se destinaran a la vivienda de protección oficial durante 50 años para poder lograr el objetivo de tener un 15% del parque a precio asequible.

El plan marca tres escenarios en función de cual sea la respuesta de los privados: en el más pesimista, que es el que se coge de referencia, se tienen que conseguir 2.854 pisos protegidos en un plazo largo que no se acota, y en el más optimista se llega a los casi 8.000. "Los objetivos son necesarios, ahora lo que tenemos que mirar es el detalle del texto", defienden desde Gràcia Cap On Vas?, que piden, por ejemplo, afinar el redactado del texto sobre remontas y plantas bajas para que quede claro que solo afecta a quien quiere poner un nuevo piso en el mercado. Piden levantar la mirada para mirar la ganancia para el barrio de cada una de las afectaciones que se mantiene, sobre todo si permiten ganar verde y vivienda y proteger patrimonio.