Condenan a la Generalitat Valenciana a indemnizar a los médicos por la falta de protección en la primera oleada del covid

Un tribunal de Alicante considera que las medidas adoptadas "no fueron suficientes para garantizar la seguridad de los empleados"

Daniel Martín
y Daniel Martín

ValenciaCada uno de los médicos valencianos que trabajaron sin elementos de protección adecuados cobrará 5.000 euros; los que tuvieron que hacer aislamiento por contacto con afectados de coronavirus, 15.000; los que se contagiaron pero no requirieron ingreso hospitalario, 35.000, y los positivos que sí fueron ingresados, 49.180. Estas son las indemnizaciones a las que el juzgado social número 5 de Alicante ha condenado a la consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana. Es la primera sentencia del Estado que fija compensaciones económicas para los profesionales sanitarios por los riesgos que asumieron durante la primera oleada de la pandemia de covid.

La resolución, a la que ha tenido acceso el ARA, ha estimado parcialmente las pretensiones del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) y de los 154 sanitarios de los centros médicos de Alicante que demandaron al gobierno valenciano "por haber incumplido sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales durante el estado de alarma declarado por real decreto de 14 de marzo". En concreto, el magistrado Ricardo Barrío señala que "ha quedado acreditado que las medidas adoptadas no fueron suficientes para garantizar la seguridad de los empleados" y que durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020 el personal sanitario de estos centros "solo dispuso de una mascarilla a la semana para la prestación de sus servicios, incluida la atención de pacientes infectados por coronavirus, puesto que las mascarillas de las que se disponía las guardaban los responsables con llave". "Que fuera necesario guardar con llave las mascarillas disponibles demuestra que no se habían conseguido suficientes y que las mascarillas que se habían adquirido con antelación o durante el estado de alarma no fueron suficientes para salvaguardar la salud y la seguridad en los puestos de trabajo", añade el juez.

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Barrío también apunta como prueba que los medios dispuestos entre los meses de febrero y mayo de 2020 fueron escasos por el alto nivel de transmisión del virus que se registró en el personal sanitario de los centros sanitarios del País Valenciano. "Es altamente probable -prosigue- que estos contagios tuvieran lugar en los centros médicos y a consecuencia de las insuficientes medidas de seguridad", afirma.

A pesar de que la sentencia reconoce que la administración llevó a cabo "actuaciones" en "las condiciones más adversas que se recuerdan en los últimos años", la resolución afirma que "esta falta de medios no puede ni tiene que repercutir en perjuicio de los trabajadores, que son los que afrontaron de manera directa e inmediata el riesgo más grande para la salud". "La responsabilidad de la insuficiencia corresponde a la empleadora", insiste el magistrado.

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1,9 millones de euros

El coste de las indemnizaciones a los 154 médicos se eleva a 1,9 millones de euros. Una cifra que podría crecer durante las próximas semanas, porque el CESM-CV está a la espera de que se hagan públicas dos sentencias por el mismo motivo en los juzgados de Benidorm y Valencia, así como de la celebración de dos juicios más en Elche y Castellón de la Plana. Antes de que se haga efectivo el pago de las compensaciones habrá que saber si la consejería de Sanidad Universal y Salud Pública decide recurrir la resolución judicial, una posibilidad que la Abogacía de la Generalitat Valenciana está estudiando.

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Así mismo, la sentencia condena a la consejería "a adoptar de manera inexcusable las medidas de protección, previa evaluación de los riesgos y puestos de trabajo por los servicios de prevención correspondientes; a dotar a los profesionales de los medios de transporte y protección individual en la atención domiciliaria, sea en jornada ordinaria o en atención continuada, y a dotar al personal de los equipos de protección compuestos, al menos, por soluciones hidroalcohólicas, batas impermeables, mascarillas FFP2, FFP3, gafas de protección, medias específicas, guantes y contenedores grandes de residuos".

Resolución "demoledora"

Desde el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana han calificado de "demoledora" la sentencia y han mostrado su satisfacción por que se obligue a la administración a proporcionar elementos de protección a sus trabajadores. En esta línea, agradece que reconozca "el grave riesgo que ha supuesto esta actitud negligente para la salud y la seguridad" y que "se obligue a la administración a indemnizar a los trabajadores por los daños y perjuicios causados".