Cruïlles reclama a la Generalitat cumplir las sentencias y vaciar el vertedero de Vacamorta

GironaNueva traba al vaciado del polémico vertedero de Vacamorta. Hasta nueve sentencias judiciales obligan a la Generalitat a sacar los 2,7 millones de toneladas de residuos que hay bajo tierra, pero el Govern dice ahora que el desmantelamiento de las instalaciones está "en peligro". El motivo que alega el departamento de Acción Climática es la nueva ley de residuos y suelos contaminantes que tiene previsto aprobar la próxima semana el Senado y que, según el ejecutivo catalán, supondría la "pérdida de buena parte de los ingresos de la Agencia de Residuos de Catalunya (ARC)". "En el caso de Vacamorta, quedan comprometidos los posibles plazos para las acciones previstas que se están trabajando y valorando para dar cumplimiento a la sentencia", han expuesto en una nota de prensa.

Fuentes del departamento señalan que el vaciado costará unos 150 millones de euros de su presupuesto, "que proviene en buena parte de los cánones". Si la recaudación del ARC baja, añaden, "se reducirán las inversiones para mejorar la gestión de los desechos que se generan". Por eso, este viernes por la mañana el ejecutivo de Pere Aragonés y varias entidades han impulsado un manifiesto para pedir que se deje fuera de la nueva ley a las comunidades que ya disponen de una herramienta fiscal como el canon catalán, puesto que consideran que la nueva normativa es un ataque "frontal" y que invade sus competencias.

Sin embargo, desde el ministerio para la Transición Ecológica señalan que la nueva ley fija "solo un mínimo y reconoce a las comunidades autónomas la capacidad para incrementar estos tipos impositivos y decidir a qué se destinan". El ejecutivo estatal, según las mismas fuentes, prevé que Hacienda pueda "habilitar mecanismos para paliar un descenso eventual en la recaudación" y, por lo tanto, según el ministerio, ni Catalunya ni ninguna otra comunidad vería disminuidos sus recursos.

Después de conocer la noticia, el alcalde de Cruïlles, Dani Encines, se ha mostrado "sorprendido". "Por primera vez en 20 años, la Generalitat estaba haciendo los deberes. No puede ser que ahora el Estado dilapide este trabajo quitando el canon. Es una barbaridad", ha criticado Encines, que pide que no se aplace más el desmantelamiento de estas instalaciones.

Más duros han sido desde la Plataforma Alternativa a l’Abocador de Cruïlles (PAAC) y el Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA), que han liderado con el Ajuntament la lucha contra estas instalaciones los últimos veinte años. "Que busquen el dinero donde sea, que obliguen a la empresa Recuperació de Pedreres y a sus responsables a pagar una parte de la restauración con sus pólizas y seguros. Los ciudadanos no tenemos que asumir este gasto con nuestros impuestos. Se tiene que cumplir la sentencia", han recalcado.

Sin un destino claro

Hasta la pasada legislatura, quien se encargaba del vaciado de Vacamorta era el departamento de Territorio (JxCat). Con el nuevo Govern que se constituyó en mayo de 2021, el vertedero pasó a manos de la conselleria de Agricultura y Acción Climática (ERC), y los nuevos representantes afirmaron que cumplirían los mandatos judiciales. A finales de noviembre de 2021 aseguraron que tenían terminado el proyecto para sacar las primeras 20.000 toneladas de residuos en una prueba piloto, que calculaban que empezaría antes de finalizar el año. 

Ahora bien, este primer paso se ha vuelto a retrasar y ahora el departamento dice que "está a punto de adjudicarse" y que "en los próximos meses" se sacarán estas primeras 20.000 toneladas. Asimismo, la conselleria de Teresa Jordà se ha comprometido a presentar, en tres meses, el plan de ejecución de la sentencia y el proyecto de restauración de las lagunas.

En cuanto al nuevo destino de los desechos, a estas alturas no está nada claro. Cuando el departamento estaba en manos de JxCat, se anunció que se estudiaban tres posibles ubicaciones: en terrenos de Corçà, de Peralada o de Cruïlles. Ahora la conselleria afirma que estos tres lugares "continúan en estudio", pero en la última comisión informativa presentó una propuesta de una empresa para "gasificar" los desechos de Vacamorta.

Veinte años sin cumplir las sentencias judiciales

La empresa que gestionaba el vertedero era Recuperació de Pedreres SL, propiedad de Gustavo Buesa, Josep Mayoral y Fomento de Construcciones y Contratas. La compañía es una de las que se investigan en el caso Pujol, puesto que, supuestamente, habría formado parte de un entramado de empresas relacionadas con Jordi Pujol Ferrusola para desviar dinero público.

Gracias a las denuncias del Ajuntament, la PAAC y el CEPA, en 2014 un juez obligó a la Generalitat a clausurar definitivamente el vertedero y dictó que tenía que sacar todos los desechos y restaurar el paraje después de otra sentencia contraria en 2003. Durante este tiempo, el ejecutivo catalán ha presentado varios recursos para no tener que sacar los desechos, hasta el punto de acabar con la paciencia del TSJC. 

En 2015 el tribunal calificó "del todo inadmisible e insoportable" que el Govern no hubiera empezado a vaciar el vertedero y, cuatro años más tarde, en 2019, llegó a tildar de "repugnantes" los intentos del ejecutivo de retrasar el vaciado. Incluso afirmó que el último recurso que había presentado era "una burla en toda regla" en la sentencia de 2015.