El Estado amenaza con eliminar el canon catalán de residuos

BarcelonaPor cada tonelada de residuos que un ayuntamiento catalán lleva directamente al vertedero o a la incineradora tiene que pagar una tasa, lo que se conoce como canon de residuos. La herramienta, que funciona desde hace diecisiete años, ha servido para incentivar la recogida selectiva e ir acercándose –todavía sin llegar– a los objetivos de reciclaje que marca la Unión Europea (UE), mientras que los fondos recaudados, 82 millones de euros el año pasado, se han reinvertido en mejorar todo el proceso y las instalaciones de tratamiento de los residuos. Desde la implantación del canon, la tasa de reciclaje en Catalunya ha escalado del 25% en 2004 a cerca del 46% en 2020, pero sin llegar todavía al 50% que marcaba Europa para el año pasado. Pero ahora esta tasa puede tener los días contados si sale adelante el redactado de la ley estatal que se está tramitando en el Congreso y que prevé la creación de un impuesto estatal homogéneo para toda España que, en la práctica, obligaría a eliminar el canon catalán.

La Generalitat se opone frontalmente a la "recentralización" del gobierno español porque le quita la capacidad de gobernar de manera más efectiva en un ámbito como los residuos, que son competencia autonómica. "El impuesto estatal deja sin efecto una herramienta que ha sido un éxito y que cuenta con un amplio apoyo de partidos y entidades", lamenta el director de la Agencia de Residuos de Catalunya, Isaac Peraire, que reprocha que con la excusa de armonizar se acabe "penalizando" a las comunidades que, como Catalunya, han hecho los deberes, en lugar de buscar fórmulas para sumar los muchos territorios del Estado donde este canon no existe o es testimonial.

La amenaza que supone el impuesto incluido en la ley española de residuos y suelos contaminados no es tanto la pérdida de recursos –puesto que el Estado transferiría estos fondos a las comunidades– sino el hecho de perder "autonomía tributaria" y la capacidad de dictar exenciones, aplicar tipos diferentes y "adaptarla a la realidad del país", según lamentan fuentes del departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat. Además, se le suma el peligro de que se pierda el carácter estrictamente finalista de este canon, que ahora se destina al Fondo de Gestión de Residuos que acaba financiando las infraestructuras municipales de gestión de la basura.

La Generalitat defiende que la tasa aplicada durante casi dos décadas ha conseguido dos objetivos: por un lado, ha penalizado la vía de la eliminación directa de los residuos sin separar porque el canon se ha ido encareciendo a medida que se ponían circuitos y soluciones para cada fracción de la basura (desde los envases hasta la orgánica, por ejemplo), y, por el otro, ha revertido en infraestructuras de tratamiento y planificación de todo el sistema de gestión. Hoy, entrar una tonelada en el vertedero cuesta 47 euros a los municipios, mientras que el canon para la incineración con finalidades de generar energía es de 23,6 euros. Siguiendo la progresión de los últimos años, el Govern había planteado un encarecimiento del canon hasta llegar en 2024 a los 71 euros por cada tonelada enviada al vertedero, una vía que tenía que ayudar a llegar a los ambiciosos mandamientos de la UE, que obliga a hacer que en 2035 se separen correctamente el 65% de los residuos y sóolo entren directos en el vertedero el 10% del total que se genere, muy por debajo del 35% actual en Catalunya.

La defensa de la tasa catalana se ha organizado en forma de un manifiesto impulsado por el Govern, pero que subscriben una larga lista de entidades e instituciones, así como consellers de todos los colores políticos que han precedido a Teresa Jordà (ERC) en las responsabilidades ligadas al medio ambiente y los residuos: desde el anterior conseller Damià Calvet hasta Josep Rull (JxCat) o Salvador Milà (ICV). El manifiesto alerta de que, a pesar de la promesa del Estado de "compensar" a las comunidades como Catalunya –puesto que el tributo estatal saldría a 40 euros la tonelada, por debajo de lo que se paga ahora en Catalunya–, la pérdida de la competencia fiscal tendrá "importantes afectaciones en la capacidad de hacer políticas de gestión de residuos".

España, lejos de los objetivos europeos

La ley de residuos y suelos contaminados arde sobre la mesa del gobierno de Pedro Sánchez por varios motivos. Por un lado, están las bajas tasas de reciclaje que hay en España, un 36% de media, y el objetivo en el horizonte de situarse al 55% en 2025. Por el otro, la posibilidad muy real de que la Comisión Europea (CE) opte por llevar al Estado al Tribunal de Justicia de la UE por haber incumplido la normativa comunitaria, un paso que ya ha dado para denunciar otros incumplimientos en materia de contaminación atmosférica o calidad del agua por la contaminación de purines. España ha agotado el margen que tenía por trasponer la normativa comunitaria en materia de residuos y gestión de los plásticos desechables, y por eso el ejecutivo se afana por cumplir.

Aparte, el ministerio de Hacienda también cuenta con los nuevos impuestos que prevé la ley –no solo el de residuos sino también el que grabará el plástico no reciclable–, que ya tiene presupuestados y quiere empezar a recaudar ya el año que viene, según apunta al ARA el diputado de ERC en el Congreso Xavier Eritja. Tanto su grupo como los de JxCat, el PDECat y la CUP han presentado enmiendas para frenar lo que ven como una pérdida de competencias en un tema estratégico para hacer frente también a la crisis climática, que obliga a reducir la generación de residuos y las emisiones asociadas a su tratamiento. "No es tanto un tema de que el dinero no llegue, es que tenemos una competencia pero nos quitan la herramienta para gestionarla", resume Ferran Bel, portavoz del PDECat.