Los cuarteles de Sant Andreu en Barcelona: más de 300 pisos públicos vacíos o abandonados y una docena de solares sin edificar
El Consorcio de la Zona Franca compró los terrenos hace veinte años, pero la mayoría sigue sin construir
BarcelonaEs un edificio enorme. Una mole. Tiene en total 152 pisos, todos nuevos de trinca, que en teoría son para personas mayores. El Instituto Municipal de la Vivienda de Barcelona los acabó a finales del año pasado, pero, a pesar de eso, no vive nadie. Continúan vacíos. Una valla rodea el edificio. En el interior un vigilante hace guardia para que nadie entre.
Justo al otro lado de la calle, en el paseo Torras i Bages, hay otro edificio con una docena de pisos. Se trata de viviendas grandes, de 200 m2 y techos altos, donde vivían oficiales de los antiguos cuarteles de Sant Andreu. También están vacíos, excepto uno, donde sigue viviendo un matrimonio mayor que se ha negado a irse.
Más allá, a poco más de 200 metros, hay más pisos vacíos. Un edificio de seis plantas con un total de 113 viviendas que también pertenecían a los antiguos cuarteles de Sant Andreu y han quedado abandonados. La mayoría de sus vecinos se marcharon en el 2021. Sólo en tres sigue viviendo gente. También hay vigilancia y alarma de seguridad para que no los ocupen.
Y, finalmente, en la calle perpendicular, Fernando Pessoa, hay un cuarto edificio vacío. Cuenta con 56 pisos que serán de alquiler para jóvenes, pero aún hay que acabar las obras de los bajos, donde irá una guardería municipal.
Es decir, en total en la zona hay más de 300 pisos vacíos, además de una docena de solares sin edificar, llenos de matorrales y árboles. Se trata de un área inmensa, equivalente a casi nueve manzanas del Eixample. Y lo más sorprendente es que los pisos y los terrenos son públicos. ¿Cómo es posible, con la gran necesidad de vivienda que hay?
El pasado 12 de julio el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el delegado especial del Consorcio de la Zona Franca, Pere Navarro, firmaron un protocolo de intenciones según el cual el consorcio cederá al consistorio cinco solares de los antiguos cuarteles de Sant Andreu para la construcción de vivienda pública. Lo presentaron como un gran hito para la ciudad. Sin embargo, el Ayuntamiento ya disponía en esta zona de solares para vivienda pública que todavía no ha edificado. Por su parte, el consorcio es propietario de todos estos terrenos desde hace veinte años y, durante todo este tiempo, apenas ha invertido en su transformación. Los legionarios, a los que se les ha responsabilizado que no se pudiera avanzar en la urbanización de la zona, en realidad ocupaban una parte minúscula del conjunto de los terrenos. O sea, no eran un problema para la edificación.
El ARA ha hecho dos peticiones de transparencia al Consorcio de la Zona Franca –algunas preguntas, sin embargo, no han sido contestadas– y ha indagado durante meses sobre la situación de los terrenos de los antiguos cuarteles de Sant Andreu de Barcelona. En este interactivo detallamos la situación de cada una de las parcelas, y a continuación resumimos lo más destacado.
Venta de los terrenos
Los cuarteles de Sant Andreu dejaron de utilizarse como cuarteles en junio del 2001. A partir de entonces quedaron abandonados y los ocuparon un millar de personas sin hogar, lo que generó un grave problema de insalubridad e inseguridad . En 2004 se hizo tabla rasa. Se desalojaron los ocupantes, se derribaron casi todas las instalaciones y el ministerio de Defensa vendió los terrenos al Consorcio de la Zona Franca por 83,1 millones de euros. El consorcio es una empresa pública del Estado, aunque el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat participan en la aprobación de sus cuentas anuales.
En 2006 se aprobó la modificación del plan general metropolitano para la zona de los cuarteles, y el 2 de junio de 2010 se rubricó el proyecto de reparcelación de casi todos los terrenos. A partir de ese momento, ya se podía empezar a urbanizar y edificar. Al Ayuntamiento se le adjudicaron una decena de solares para la construcción de equipamientos y vivienda pública. Y, por su parte, el consorcio se quedó con media docena de terrenos para hacer pisos. Desde entonces, tanto PSC como CiU y los comunes han tenido la alcaldía de Barcelona. Y PP y socialistas se han alternado en la dirección del consorcio.
Años sin inversión
"Desde que pides la licencia hasta que entregas los pisos, se tarda como máximo tres años y medio si se hacen las cosas bien", asegura el presidente de la Asociación de Promotores de Catalunya, Xavier Vilajoana, dando a entender que la zona se podría haber edificado hace al menos una década. Pero hasta el 2017, ni el consorcio ni el Ayuntamiento invirtieron en construir vivienda, según datos facilitados por escrito por ambas instituciones. El consorcio tampoco hizo nada por urbanizar la zona ni para realojar a un centenar de vecinos de cuatro edificios residenciales de los antiguos cuarteles, aunque era su responsabilidad según indica el convenio de compraventa que firmó con el ministerio de Defensa y al que ha tenido acceso el ARA.
"Señores vecinos del edificio. Les comunicamos que desde el 12 de julio de 2021 los edificios de la calle Palomar dispondrán de un servicio de vigilancia continuada contratado por el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona que consiste en la presencia de dos vigilantes durante las 24 horas del día", dice un letrero en una de las porterías del edificio de seis plantas y 113 pisos que formaba parte de los cuarteles y que ha quedado abandonado en la calle Palomar. Ésta fue la fecha en que la mayoría de vecinos fueron, por fin, realojados a dos bloques cercanos construidos por el mismo consorcio. Son los únicos que ha edificado desde que compró los terrenos. "Deberían habernos dado el piso en 2012 –se queja uno de los vecinos realojados–. Como teníamos que marcharnos, nadie hacía reformas ni mantenimiento". Así que el edificio de la calle Palomar se fue degradando. Actualmente, la mayoría de los pisos están tapiados y el consorcio sigue pagando un vigilante noche y día para que nadie los ocupe. El ARA ha podido acceder a algunos de estos pisos. Son viviendas grandes, de tres o cuatro habitaciones, en los que aún quedan muebles o electrodomésticos de los antiguos inquilinos. Sin embargo, el paso del tiempo, el agua de la lluvia que ha entrado por las ventanas rotas, y decenas de palomas que han ocupado el edificio los han echado a perder. Desde fuera, la imagen es fantasmagórica: interfonos arrancados, persianas torcidas y ventanas tapiadas.
"Claro que se puede vivir aquí. Nosotras vivimos", dice Rosa Tamara Hervás Jiménez, que ocupó uno de los pisos hace ocho años y sigue residiendo con sus tres hijas de 6, 12 y 18 años. El único inconveniente son las palomas, que están por todas partes, asegura. "No sé por qué quieren derribar tantas viviendas, con la falta de viviendas que hay". Eso es lo que debe hacer el consorcio según el planeamiento urbanístico: demoler el edificio. Pero el hecho de que tres pisos estén ocupados lo ha impedido hasta ahora.
Los legionarios
También se debe derribar otro edificio de los antiguos cuarteles que queda en pie en el paseo Torras i Bages. Se trata de una construcción de tres plantas y 12 pisos de unos 200 m2. Todos están vacíos desde el 2022, excepto uno, en el que, desde hace 44 años, vive un matrimonio de 79 y 76 años. Se niegan a marcharse si el consorcio no les paga una indemnización. El resto de vecinos también fueron desalojados en contra de su voluntad.
En este mismo edificio, en los bajos, es donde la Hermandad de los Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona tenía su sede desde 1992 hasta que el pasado julio fueron desalojados por orden judicial. "Nosotros no teníamos ningún inconveniente en irnos. Pero ¿por qué lo debíamos hacer?", se pregunta el presidente de la hermandad, Antonio Rosselló, teniendo en cuenta que en la zona hay una docena de solares sin edificar desde hace años . Además, el lugar donde está el edificio es el único de todos los terrenos de los antiguos cuarteles de Sant Andreu donde todavía no se ha hecho la reparcelación. O sea, en caso de que se demoliera, tampoco se podría construir, de momento. Los legionarios también hacían desfiles con el Cristo de la Buena Muerte en un solar anexo de 5.000 m2. Sin embargo, en enero del 2020 el consorcio les exigió que no lo utilizaran más.
"Un sector urbanístico íntegramente de propiedad pública en una ciudad como Barcelona se puede desarrollar de muchas formas: con fondos propios del consorcio, del Ayuntamiento o de la Generalitat, con préstamos de la banca pública, con derecho de superficie a promotores de lucro limitado… Aquí han fallado demasiadas opciones y es un caso que demuestra que el problema de la vivienda no es la disponibilidad de suelo, lo que falta es dinero para hacer promociones”, destaca la arquitecta Maria Sisternas.
El consorcio ha invertido un total de 9,66 millones de euros en la construcción de vivienda en los terrenos de los antiguos cuarteles de Sant Andreu desde que los compró hace veinte años, según datos facilitados por el propio consorcio en respuesta a una de las peticiones de transparencia del ARA. En concreto, lo hizo entre 2017 y 2020. La cifra es inferior a los beneficios que, por ejemplo, obtuvo en operaciones ordinarias sólo el año pasado, que fue de 16,36 millones. "La crisis inmobiliaria", "la pandemia" y "el gran número de trámites administrativos urbanísticos que se han prolongado a lo largo de estos años" para el realojo de los vecinos son los motivos que alega para no haber construido en las parcelas donde debía edificar. "Nuestra prioridad no es construir vivienda, sino dinamizar la economía: crear puestos de trabajo", aclara también su responsable, Pere Navarro. ¿Si no quería o no podía construir vivienda, por qué no vendió los solares? El consorcio no ha respondido a esta pregunta, formulada también a través de una petición de transparencia.
El Ayuntamiento mueve ficha
En 2017 el Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau en la alcaldía, empezó a urbanizar la zona, aunque era responsabilidad del consorcio como propietario de los terrenos, según reconoce el propio consorcio en su memoria anual de 2023. "Por ley no puedes terminar los edificios, si no has hecho las calles", aclara el presidente de la Asociación de Promotores de Catalunya. Precisamente por eso, el consistorio urbanizó: para "dinamizar la transformación" de la zona, destacan fuentes municipales. A cambio, logró la propiedad de algunas parcelas que en principio el consorcio sólo le había cedido durante 75 años. En concreto, el Ayuntamiento invirtió 14,62 millones entre 2017 y 2021 para hacer un parque y abrir varias calles. También impulsó la construcción de dos edificios de vivienda pública por un coste total de 21,2 millones de euros, y adjudicó la edificación de otros tres, aún sin construir.
Uno de los edificios que sí ha construido es la mole de 152 pisos con servicios para personas mayores que lleva un año acabado y sigue vacío, según ha reconocido el propio Ayuntamiento. "Ha habido incidencias en la inscripción en el Registro de la Propiedad", han justificado fuentes municipales para explicar que no hayan entregado todavía las viviendas. "Tengo una disminución visual y a este ritmo no sé si llegaré a ver el piso. Ya no sé a qué santo encomendarme", lamenta una de las personas mayores que espera para mudarse. Tiene 78 años. Para ella, esperar un año no es cualquier cosa.
El otro bloque nuevo tiene 52 viviendas de alquiler para jóvenes. Todavía falta habilitar todos los bajos, donde habrá una guardería municipal. El Ayuntamiento prevé que el edificio esté listo en el primer trimestre del próximo año, pero desde hace semanas ningún operario trabaja en las obras. En cuanto a la docena de solares que siguen sin edificar, no hay fecha clara para su construcción.
"Lo primero que hace falta es un plan y un cronograma. Si la administración pública no es capaz de coordinarse ni de planificar, imagínate si será capaz de desarrollar", afirma el gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana, Òscar Gorgues, que se muestra escéptico sobre los muchos anuncios de construcción de vivienda pública que se han realizado en las últimas semanas.
Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (AVV) de Barcelona y miembro de la junta directiva de la AVV Sant Andreu Nord, Camilo Ramos, opina que el consorcio no ha edificado en los terrenos de los antiguos cuarteles porque esperaba que subiera su precio. Su valor es ahora de 92 millones de euros, según las cuentas anuales del consorcio correspondientes al ejercicio 2023. O sea, 9 más respecto al coste de compra. En cuanto al reciente protocolo firmado por el consorcio y el Ayuntamiento para la cesión de más solares al consistorio para la construcción de vivienda pública, Ramos ve intereses políticos. Ahora ambas instituciones están controladas por los socialistas. "Si los resultados electorales hubieran sido otros, los terrenos continuarían en barbecho".