Una década para limpiar el amianto en Catalunya

"La OMS dice que el amianto es un material altamente cancerígeno y nosotros, que lo hemos trabajado, lo podemos atestiguar. Cada año tenemos más compañeros, con nombres y apellidos, a quienes se diagnostica cáncer. Esto no se para. El amianto es un problema real que desgraciadamente pasa demasiado desapercibido". Habla Miguel Moreno, de Jubilats Macosa-Alstom, convencido que todo esfuerzo será poco a la hora de retirar con la máxima urgencia todos los elementos con amianto de Catalunya. Tanto aquellos que son absolutamente visibles –como las cubiertas de naves industriales o de casetas agrícolas–, como los que quedan escondidos en recubrimientos, cañerías o incluso pintura. Todos.

El reto tiene un horizonte: el 2032, que es el año en que vence el plazo fijado por la Unión Europa para quedar limpios de amianto. Y un paso previo: eliminarlo de centros públicos o de mucha afluencia, como por ejemplo escuelas y hospitales, en 2028. Ya se han empezado a poner las herramientas para intentar lograrlo, con trabajos para redactar un plan nacional de retirada, que se prevé que se apruebe antes de que se acabe el año, y con la ley de erradicación, que justo lunes cerró el periodo de participación –recibió 61 propuestas–.

Uno de los grandes objetivos es establecer un protocolo de actuación claro y controlado para intentar enterrar para siempre jamás las polémicas sobre obras que ponen en alerta a los vecinos por falta de medidas de protección. El proceso, nadie lo esconde, será caro porque el fibrocemento está en todas partes.

"El momento actual nos brinda una oportunidad para atacar el problema", defiende Consol Cervera, presidenta de la comisión técnica que se creó a finales de 2019 para poner en marcha el proceso. En esta oportunidad cuenta tanto el hecho que el proyecto haya implicado a todas las instituciones para establecer un protocolo unificado como la posibilidad que lleguen fondos europeos de recuperación que permitan financiar proyectos de retirada o formar profesionales en este ámbito y contribuir, así, a crear ocupación.

El primer paso del plan nacional de actuación será detectar todo el amianto y dimensionar, por primera vez, la magnitud del problema: hacer un censo y establecer una priorización, teniendo en cuenta la exposición y el estado de degradación del material, para irlo retirando. Se estima que en Catalunya el amianto instalado suma más de cuatro millones de toneladas de fibrocemento y entre 6.000 y 30.000 toneladas de proyectados y calorífugos.

"Es tan importante detectarlo todo como elegir bien cuál es el que se tiene que eliminar primero porque representa un peligro más mayor, así como garantizar que se hace con un procedimiento seguro", apunta Lluís Mallart, higienista industrial y experto en amianto, que forma parte de la comisión técnica impulsada por el Govern en representación de Jubilats de Macosa-Alstom.

Para Mallart, de la consultora ACM, es básico abrir el foco y dejar de considerar el amianto como un problema de salud laboral y entenderlo como una amenaza para la salud pública y el medio ambiente porque, a pesar de que obviamente los trabajadores que lo manipulan tienen que ir muy equipados y están más expuestos al material, las fibras que desprende son un peligro invisible para todo el mundo que está expuesto. Y no solo si hay una rotura de planchas, también cuando se deteriora por el paso del tiempo o por efectos meteorológicos.

Él ha dirigido el proyecto para hacer el mapa del amianto de Badia del Vallès, el municipio más afectado por el problema y el primero en cartografiarlo para empezar a darle solución. También se ha encargado de establecer un protocolo de actuación para retirar este material de las escuelas de Barcelona.

Más allá del ámbito laboral

Hasta ahora solo estaba controlado el proceso de retirada del amianto, es decir, la vertiente laboral del problema. El nuevo marco normativo buscará unificar los protocolos de retirada para que sean igual de exigentes los impulse quien los impulse. El plan se está trabajando sobre nueve ejes, que van desde hacer el censo hasta diseñar nuevas formaciones, identificar fuentes de financiación, establecer controles en los procesos de retirada y de gestión de los residuos e investigar y atender los efectos en la salud.

Este último es un punto clave para colectivos como los Jubilats de Macosa-Alstom, que piden controles médicos para todos los trabajadores que han sido expuestos y un fondo público de inversión para las enfermedades causadas por el amianto y, en particular, para el mesotelioma, el cáncer del amianto.

Más planes de retirada

España prohibió en 2002 el uso de este material pero esto no obligaba a retirar el que ya estaba instalado, mucho durante los años del desarrollismo y que, por lo tanto, ya quedan fuera de su periodo de vida útil, que es de entre 30 y 40 años. Por eso últimamente ha aumentado la preocupación por la convivencia con este material ya degradado y el número de planes por desamiantar aprobados por el departamento de Trabajo no ha parado de crecer: 908 en 2019, 24 más que en 2018 y 173 más que en 2017.

Las asociaciones de vecinos –y en el caso de las escuelas las asociaciones de familias– se han convertido últimamente en un buen sistema de alarma para detectar posibles retiradas irregulares. La última alerta la dieron las asociaciones de las escuelas de la plaza de las Glòries de Barcelona, que ya hace tiempo que viven en alerta por la convivencia con cubiertas de amianto que se tienen que retirar. La semana pasada avisaron al Ayuntamiento por unos trabajos en que se manipulaba amianto sin permiso de obra municipal –sí que tenían el plan aprobado por la autoridad laboral. También fueron los vecinos los que urgieron a poner más protecciones en el gran proceso para desamiantar el Mercat de l'Abaceria, en Gràcia, que se acabó haciendo con burbujas que evitaban la emisión de fibras.

Para facilitar los avisos vecinales, la comisión del amianto de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) está haciendo ahora charlas sobre el terreno para sensibilizar a la población sobre el peligro del amianto y también ha enviado propuestas para la nueva ley. "Es un tema muy grave y no hay suficiente conciencia de las muertes que causa", lamenta Joan Maria Soler, de la FAVB. Los vecinos, avisa, "son los primeros afectados y los que tienen que estar en alerta para activar las alarmas".

También desde el Colegio de Arquitectos se han sumado al proceso. En este caso, como apunta Sonia Hernández Montaño, para pedir que el protocolo que se acuerde para la retirada sea "claro y no deje margen a la interpretación". Que fije plazos y sanciones y, también, el cuidado de los residuos. Y que se empiece por aquel amianto que es más evidente que está degradado sin necesidad de analíticas.