"La DGAIA hizo todo lo posible por proteger a la menor, pero falló"

BarcelonaLa consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha defendido este miércoles en el Parlament la capacidad de la DGAIA para proteger la menor explotada sexualmente por una red de pederastia, aunque también admitió que no hizo lo suficiente para evitarle el dolor. Con el informe elaborado por los servicios jurídicos del departamento, la consellera compareció en comisión a petición propia sin ánimo de "buscar culpables", matizó, y sí con la voluntad de encender fuego nuevo a un sistema que "hace muchos años" necesitaba una refundación. "El sistema protegió a la menor como pudo, y pese al acompañamiento de los profesionales, se falló y nada puede compensar el daño que se le hizo en la adolescencia", ha subrayado.

Sin entrar con intimidades de la menor, Martínez ha explicado el papel de los servicios de protección en cada momento, en una cronología que no coincide ni con la de la fiscalía ni con la antigua cúpula de la DGAIA, para valorar la "coordinación" entre todos los profesionales. Según relató, la menor comenzó las relaciones con la red de pederastia antes de entrar en el sistema de protección y que fue desde la escuela donde se detectó "indicios de abuso sexual", pero no de pederastia. A partir de ahí la comisión socioeducativa -con los servicios sociales básicos y educativos, pediatría y salud mental- decide activar mecanismos de protección de forma urgente, en un trabajo que la consellera ha calificado de "impresionante", y un mes después se resuelve que la niña quede bajo la guardia de la DGAIA e ingrese en un centro. La tutela se mantuvo siempre en los progenitores, que se habían mostrado implicados y colaboradores en el trabajo intensivo que realizan con los servicios sociales para enderezar la situación. El objetivo era la de "preservar el vínculo" entre la familia y la criatura.

No fue hasta que la niña ya estaba ingresada en que los educadores advirtieron que había vuelto a tener contacto con los pederastas durante una huida de unos días y, junto a la madre de la criatura, se decide presentar una denuncia a los Mossos d'Esquadra. A raíz de la investigación policial se logra desarticular la red. Aparte de la menor protegida por la DGAIA también hay al menos once víctimas menores más de lo que se han podido identificar en las numerosas imágenes que se han requisado en la banda de material pornográfico.

El único cuestionamiento que Martínez ha hecho a la intervención de los profesionales involucrados en este caso ha sido la decisión de mantener la guarda y no incrementar el nivel de protección de la niña con una medida de desamparo para retirar la tutela de los progenitores, que "no se ejecutó". Incluso tampoco se optó por ingresarla en un CREI, un centro especializado para las criaturas con trastornos de comportamiento. Sin embargo, las dudas expresadas no han tenido ningún veredicto. Mucho menos se ha señalado a ningún responsable. "No hay ni un error concreto ni una solución fácil. No hay un error concreto que, de haberse solucionado, pudo evitar el caso", aseguró la consellera, que mostró "la impotencia" por no haber podido evitar el sufrimiento de la menor.

Colaboración con Mossos e inteligencia artificial

En la intervención, la consellera insistió en que casos como el de la menor confirman que la DGAIA necesita una "refundación" en la línea abierta por la conselleria de reforzar la protección de los niños cuando se tiene sospecha de riesgos para su integridad física o negligencias familiares para intentar evitar el desamparo. En la última década, los expedientes de riesgo han crecido un 60%, pero este aumento no se ha visto correspondido con el incremento de personal, como denuncian los propios trabajadores.

Una de las medidas ya anunciadas anteriormente es ampliar las plantillas de los 44 EAIA, así como potenciar los 513 equipos del Servicio Integral de Intervención (SIS, que fomenta la parentalidad positiva, el trabajo en comunidad, etc.) y que, según el instituto IVALUA, ha conseguido reducir en un 31% los casos el ingreso en un centro.

Otra de las medidas estrellas para rehacer la nueva DGAIA es crear una comisión mixta permanente con los Mossos d'Esquadra para estar atentos a las actividades de los pederastas en las redes. En este sentido, la consejera ha anunciado el apoyo a la iniciativa de gobiernos como el español y el italiano de prohibir el acceso de los menores a la pornografía.

Además, también se compromete a presentar después del verano la propuesta de equiparación salarial del personal de entidades y fundaciones privadas contratadas por la DGPPIA con las plantillas de los centros propios. Los educadores sociales denuncian que la precariedad laboral que sufren impacta directamente en el funcionamiento de los centros de acogida y del propio sistema, ya que existe mucha rotación de personal y esto dificulta crear un "vínculo" con los menores protegidos.