Las familias catalanas, las que más pagan por la escuela concertada

BarcelonaLa situación económica de la escuela concertada en Catalunya poco tiene que ver con la del resto del Estado. Así lo muestra el informe de EsadecPol El coste de acceso a la escuela concertada en España: las cuotas que pagan las familias y sus causas, uno de los estudios más exhaustivos que se han realizado hasta ahora sobre el pago de cuotas a la educación concertada en España. Cataluña es la comunidad donde las familias que llevan a sus hijos a una escuela o un instituto concertado pagan más dinero de cuota. Ahora bien, los motivos detrás de esta realidad son muy diversos, puesto que el sistema educativo catalán también es de los que tienen una concertada más polarizada.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por los investigadores de Esade, de media en Catalunya se paga una cuota de 1.696 euros al año por acudir a un centro concertado. Un precio que es 540 euros más alto que el que se paga por ir a una escuela o instituto concertado de Madrid (1.156 €), la segunda comunidad española con las cuotas más caras.

De hecho, según los cálculos del informe, una familia catalana que quiere llevar a su hijo a la concertada debe pagar una cuota casi tres veces más alta que una familia de la Comunidad Valenciana (597 €) y cuatro veces más alta que la que pagaría en un centro de Andalucía (453 €).

¿Por qué la diferencia de cuotas es tan abismal entre Cataluña y el resto del Estado? El catedrático en sociología de la UAB y coautor del estudio de EsadecPol Xavier Bonal apunta al ARA dos grandes motivos: un gran porcentaje de centros infrafinanciados y, al mismo tiempo, una proporción importante de escuelas elitistas.

"La situación de infrafinanciación tanto en centros públicos como en concertados es fuerte en Catalunya. De hecho, es más fuerte que en ningún otro lugar del Estado", dice Bonal, que insiste en que el alto coste de las cuotas está en parte justificado porque existen bastantes centros concertados infrafinanciados que no pueden funcionar sin las cuotas de las familias. Una realidad que confirman fuentes de los centros concertados sociales, que insisten en que debido a su estado de infrafinanciación son las familias las que "deben hacer frente al pago de gastos de personal de administración y servicios, de personal docente y de funciones directivas ".

La idea de Bonals queda claramente plasmada en el informe de Esade: utilizando los datos medios de la financiación pública que reciben los centros concertados de todo el Estado, los investigadores han hecho tres grandes grupos, entendiendo que en el grupo 1 se situarían los centros peor financiados, en el 2 los que están en una situación de financiación intermedia y en el 3 los más sobrefinanciados. Pues bien, de las cinco comunidades analizadas (que concentran el 70% de las cuotas de la concertada del Estado), Cataluña es la que, con una diferencia considerable, tiene una mayor proporción de centros en el primer grupo, el de las escuelas peor financiadas.

De hecho, el 52% de las escuelas de primaria concertadas catalanas se sitúan en el peor grupo de financiación, mientras que en Madrid o Andalucía el porcentaje de centros tan fuertemente infrafinanciados no llega al 30% y en el País Vasco es menos del 5%.

En el otro lado de la balanza, Catalunya tiene un porcentaje más equiparable al resto del Estado en cuanto a los centros concertados mejor financiados. Si se sigue cogiendo de referencia la situación de las escuelas de primaria, un 30% de los centros catalanes se sitúa en el grupo de los mejor financiados. Una situación que en el País Vasco viven el 83,4% de los centros y en Madrid un 42%.

"Una concertada de ricos y una de pobres"

Aunque el informe de Esadecpol no analiza el perfil social de los alumnos que acuden a la concertada, Bonal explica que, con los datos de infrafinanciación, se puede interpretar que seguimos teniendo "una concertada de ricos y una de pobres". Describe que, teniendo en cuenta que existe un alto porcentaje de centros infrafinanciados, los que acogen a alumnado vulnerable que no puede pagar una cuota seguirán infrafinanciados y no podrán ofrecer los "extras" que sí ofrecen los centros que utilizan las altas cuotas para destacar por encima de otros centros o para sacar mayor beneficio económico.

Esta situación también se refleja cuando se analiza a qué destina las cuotas de las familias cada centro concertado. Según el informe de EsadecPol, en Catalunya el 46% de las escuelas e institutos concertados destinan el pago que realizan las familias a hacer frente a la situación de infrafinanciación que sufren. En cambio, hay un 33% de los centros que utilizan las cuotas para enriquecerse o diferenciarse, ya que no las necesitamos porque ya están bien financiados. Por último, sólo un 15% de la concertada catalana utiliza lo que pagan las familias por ofrecer servicios que no prevé la administración pública, como extraescolares, salidas o asignaturas optativas más específicas o bien valoradas.

Sacar el concierto a los centros sobrefinanciados

Más allá de radiografiar la situación económica de la concertada, el estudio de EsadecPol aborda posibles soluciones ante las desigualdades del sistema. Una de las más destacadas implica transitar, en unos "periodos razonables", hasta la gratuidad del acceso a la educación, tanto pública como concertada. Una opción que también lleva reclamando gran parte de la concertada catalana. Ahora bien, según Bonal, antes de llegar a este punto –a estas alturas, muy difícil de alcanzar en Catalunya– existe una opción para garantizar la igualdad dentro de la concertada que "no requeriría más inversión".

Según apunta el estudio, haciendo una redistribución de la financiación del sector se podría compensar la infrafinanciación de los otros centros. "Si quitas a los que tienen más y lo pones donde tienen menos, se podría llegar a un cierto equilibrio", asegura Bonal. El investigador explica que, según los cálculos del estudio, si se saca el concierto a las escuelas que no son de interés público y se transfiere a los centros en peor situación económica, se acabaría logrando una situación de igualdad, ya que también habría un movimiento de alumnos que dejarían de ir a los centros que pierden el concierto para pasar a la pública o privada en función de sus intereses. Una solución que, aunque en el informe se ha hecho con datos estatales, según Bonal también sería viable aplicar en Catalunya.