BarcelonaLas medidas que se han tomado para revertir la segregación escolar funcionan pero ni son suficientes, ni van lo bastante rápidas, ni se aplican igual por todo el territorio. Hace ya tres años que el departamento de Educación, los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes y las patronales de la escuela concertada firmaron un gran acuerdo de país, impulsado por el Síndic de Greuges, para avanzar hacia un reparto más equitativo del alumnado vulnerable y solucionar uno de los principales problemas del sistema educativo catalán. Desde entonces, se han sacado adelante algunas medidas, como el decreto de admisión que ahora ha entrado en vigor, que ha permitido reducir la segregación escolar un 10%. Un dato positivo, que evidencia que hay más implicación y predisposición de las administraciones para hacer frente a este problema, pero que todavía no es suficiente, según ha expresado el Síndic de Greuges, en un informe de balance del acuerdo.
Para medir la segregación se calcula la proporción de alumnos extranjeros que se tendría que cambiar de centro para garantizar un equilibrio perfecto entre los centros de un territorio. Teniendo en cuenta este índice, el curso 2018-19 tenían que cambiar de escuela el 44% de los alumnos extranjeros de primaria y el 35% de ESO, mientras que ahora lo tendrían que hacer el 39% de primaria y el 32% de ESO, es decir, un 10% menos aproximadamente. "La reducción es todavía poco significativa –dice el informe–. Los adelantos son todavía insuficientes para confirmar la existencia de una mejora estructural".
Hay varios factores que explican la "lentitud" a la hora de ver los efectos del pacto: la pandemia y el cambio de legislatura, que han atrasado la aplicación de algunas medidas, así como la segregación residencial, es decir, la distribución desigual de los inmigrantes entre los barrios de una ciudad, a pesar de que en realidad este fenómeno solo explica el 30% de las diferencias en los niveles de segregación escolar. Sin duda, lo que determina la segregación escolar son las políticas educativas que se impulsan para revertir el problema, tanto desde la conselleria como a escala local. Y en este sentido aparecen implicaciones muy desiguales en función del ayuntamiento, hasta el punto que el 30% de municipios han empeorado los niveles de segregación escolar, como es el caso de Montgat, La Garriga, Badia del Vallès o Sant Just Desvern. En cambio, han mejorado El Masnou o Sant Joan de Vilatorrada, así como Terrassa, a pesar de que la cocapital vallesana todavía forma parte de la lista de municipios con más segregación. En este ranking funesto destacan ciudades como Molins de Rei, Ripollet, Tarragona o Esplugues, que tienen todavía tasas muy altas de segregación escolar tanto en primaria como en la ESO.
Detección insuficiente
Una de las políticas educativas que más sirven en la lucha contra la segregación y donde todavía "hay mucho margen de mejora" es en la detección del alumnado vulnerable antes de que entre en el sistema y que permite reservar plazas para estos niños. A pesar de que se ha aumentado más de un 50% la detección de estos alumnos a raíz del pacto, todavía hay un 25% de municipios que tienen 0 solicitudes de niños con necesidades educativas específicas de tipo socioeconómico. Esto ha pasado en municipios con mucha segregación, como Molins, Sant Feliu de Llobregat o Esplugues, y en localidades con rentas per cápita bastante bajas, como Sant Adrià de Besòs o El Prat. "No se hace detección proactiva", lamentan desde el Síndic. El objetivo es pasar de los 80.000 alumnos detectados actualmente a 200.000.
Entre las gestiones más mejorables, dice el Síndic, también está la matrícula viva, porque "aún una proporción muy significativa" de alumnos que llegan a medio curso van a parar a centros de complejidad, lo cual está explícitamente prohibido en el pacto. También hay trabajo que hacer para reducir la sobreoferta de plazas porque el que haya muchas vacantes en un barrio o un municipio debilita a las escuelas con menos demanda y contribuye a aumentar la segregación. Es por eso que, más allá de aprovechar la bajada de la natalidad para reducir las ratios, el Síndic habla de empezar a planificar a medio plazo "cuántos grupos y centros harán falta" en cada zona, cosa que incluye valorar el cierre de vías y también de escuelas enteras en caso de que sea necesario.
Caldes de Montbui se moviliza contra el cierre de una vía en la escuela pública
Uno de los municipios donde ya se ha anunciado que se eliminan grupos es en Caldes de Montbui. En esta localidad hasta ahora había una escuela concertada con tres vías, dos de públicas con dos vías y otra pública con una línea, y la administración ha comunicado que cierra una vía de la Escola Montbui, que se quedará con una. Las familias piden que, en caso de que sobren plazas, esta vía se cierre en la concertada, y así "equilibrar" más la oferta, pero el departamento de Educación recuerda que han quedado 34 vacantes en la escuela pública "que no se han cubierto" este curso y que para el que viene se ofrecen 140 plazas para 128 niños y, por lo tanto, dicen, se garantiza que "las familias que quieran pública tendrán plaza pública" y si hay que aumentar algún grupo se hará a posteriori. Además, fuentes del departamento aseguran que las ratios serán de 20 alumnos en P3 en Caldes, también en la escuela concertada. La semana pasada el departamento admitió que cerrarán una veintena de grupos públicos en zonas rurales donde "la bajada del padrón hace imposible" mantener grupos.
A pesar de todo, las familias de la Escola Montbui dicen que cerrar una vía en la pública condicionará mucho la demanda de las familias y critican que no se tenga en cuenta ni la matrícula viva ni tampoco el hecho de que muchos de los que van a la escuela concertada son alumnos de fuera del pueblo. "Pedimos que abren las ocho vías y que la gente decida", reclama Stanis Zamora, uno de los padres que se ha movilizado en contra del cierre. Según dice, desde los servicios territoriales de Educación les han explicado que hay un convenio privado que permite cerrar grupos en las concertadas después de las preinscripciones mientras que en las públicas se cierran antes. Las familias tienen el apoyo de los grupos municipales, que han aprobado por unanimidad una moción que insta a trabajar para mantener las 8 vías de P3 que hay en Caldes.
Instrucciones sobre el pago de cuotas
El Síndic también quiere ponerse a trabajar en una de las mayores fuentes de desigualdad: el cobro de cuotas por actividades complementarias (excursiones, colonias...), servicios escolares (comedores, uniformes y otros gastos) y aportaciones a fundaciones o a las AMPA. De hecho, una de las primeras medidas que se anunciaron para luchar contra la segregación era obligar que todos los centros educativos publicaran en sus webs los pagos obligatorios que se piden a las familias cuyos hijos estén escolarizados en el centro: desde el precio de los libros de texto hasta el del chándal o la bata, pasando por el coste de actividades en horario lectivo como las excursiones o las colonias. El objetivo era asegurarse que fueran precios razonables y que no excluyen alumnos por motivos socioeconómicos, pero hay muchos centros que no lo están haciendo. Ahora el Síndic está preparando una propuesta de instrucciones que el departamento tendría que enviar a los centros públicos y concertados en relación al pago de cuotas, para que incluyan que las aportaciones económicas son "voluntarias" y se garantice que estas cuotas no están vinculadas a la escolarización del alumnado, que tiene que ser gratuita.