El Gobierno ofrece "amnistía" a las familias que debían devolver el dinero de las ayudas
La consejera de Derechos Sociales asegura que el caos de la renta garantizada se debe a una gestión manual de los trámites que ya se está solucionando
BarcelonaLa consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado una “amnistía” para las familias vulnerables que deben devolver miles de euros por los cobros indebidos de la renta garantizada de ciudadanía (RGC). En una comparecencia en el Parlament que ha hecho a petición propia este miércoles, la consellera ha explicado que el Govern explora "diferentes vías legales" para solucionar un problema que afecta por el momento a 2.829 personas, porque ha admitido que la reclamación del dinero compromete "el' objetivo de luchar contra la exclusión y la vulnerabilidad”. Martínez ha rechazado que haya habido ningún "error" de cálculo o de desidia de la administración, pero ha sido muy dura al criticar que la gestión de la prestación se ha realizado con un "bloque de notas". Esta condonación puede realizarse a través de incluir una partida a la ley de acompañamiento de los presupuestos (sin fecha en el horizonte) o por decreto del propio Govern, aunque la consellera no lo ha concretado. A su vez, Junts, ERC, Comuns y la CUP han avanzado su apoyo a las reformas necesarias.
Según los datos que ha presentado, el departamento ha revisado 12.000 expedientes de beneficiarios de la RGC y, tras pedir documentación y aclaraciones, ha enviado las 2.800 cartas a quienes se han detectado que cobraron más dinero del que les correspondía . La cifra puede aumentar porque todavía se están analizando los casos y es posible que salgan más. Martínez ha pedido colaboración a los diputados para buscar una salida a la situación actual, y también para modificar la cartera de prestaciones sociales y hacerlas más ágiles y transparentes.
¿En qué consiste la amnistía?
La condonación de la deuda está pensada para las personas que hayan recibido la carta y que "no hayan actuado de mala fe y acrediten que siguen siendo vulnerables", un perfil que son "la mayoría" de los afectados, según ha apuntado Martínez. En este sentido, la consellera considera que prácticamente es imposible que haya un retorno de dinero a las arcas públicas, ya que, por experiencia, no supone más del 1%, por lo que sostiene que no vale la pena destinarlo dinero y personal público.
¿Qué deben hacer los afectados?
Martínez ha asegurado que el envío de las cartas "es una obligación" legal que tiene su gobierno en cumplimiento de la legislación vigente, aunque ha afirmado que "entiende el sufrimiento y la angustia" que supone recibir una notificación a personas tan vulnerables. El riesgo de no atender al requerimiento pasa por embargos de bienes o quedar fuera de otras ayudas. Sin embargo, existe jurisprudencia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo que avala la condonación de las deudas cuando no ha habido mala fe del ciudadano y "no es medido el perjuicio que se genera" al afectado por el cobro de los pagos indebidos, ha añadido Martínez. Para ganar tiempo, las personas afectadas que ya han recibido la carta pueden presentar recurso frente a la Generalitat.
¿Quiénes son los perjudicados?
Básicamente, el problema de los pagos indebidos se encuentra entre los beneficiarios de la RGC, una prestación que da la Generalitat a las familias con pocos ingresos, que complementa el ingreso mínimo vital (IMV). Martínez ha explicado que su antecesor, el conseller Carles Campuzano, le informó de los pagos indebidos el día del traspaso de carteras y que desde entonces su departamento ha estado analizando los expedientes desde 2020. La mitad de los casos se deben a “ sobreponerse ambas prestaciones”, ya que dado que el IMV se cobra retroactivamente desde el día que se solicita, ya se acumulan indebidos. En tres de cada diez casos, los beneficiarios no han notificado que trabajan, hecho incompatible con la RGC, mientras que un 15% de las reclamaciones han sido por cobrar también prestaciones no contributivas y, en grado más bajo, por recibir también ayudas de alquiler o por cambios de convivencia que modifican los baremos.
¿Qué ha fallado?
La consellera ha insistido en varias ocasiones a lo largo de su intervención en que en ningún momento ha habido un "error" ni tampoco dejadez de funciones de la administración. Ha atribuido el caos de la RGC -advertido por las entidades del tercer sector- al pecado original del "mal diseño" de esta prestación, en 2017, ya una "mala gestión" posterior.
Martínez ha dibujado una administración del siglo XX, donde los funcionarios apuntaban los datos en un "blog de notas". El gran volumen de demandantes, que sobrepasaron con creces las primeras expectativas, y sobre todo el impacto de la crisis de la cóvida y la emergencia social derivada, hicieron que el sistema se tensara tanto que fue imposible realizar las revisiones al día . De esta forma, se han ido acumulando impagos indebidos cada mes durante cuatro años: la media de los primeros expedientes analizados es de 7.757 euros, cifra que disminuye hasta la mitad en los casos más recientes.
¿Qué hará Derechos Sociales?
La titular de Derechos Sociales ha sido rotunda al afirmar que la solución no pasa por aumentar las plantillas sino por introducir un sistema de “interoperatividad y datos”. "La magnitud es tal que necesitaríamos 2.000 trabajadores más y tenemos sólo 100", ha dicho. Sin embargo, indicó que no habrá una solución definitiva hasta que no se termine la reforma de la RGC para hacerla más ágil, automática, y facilitar que se puedan cruzar los datos de la ciudadanía.