Malvivir con 600 euros al mes: "Todo lo que compro lo tengo calculadísimo"

BarcelonaEl último “capricio” que se ha hecho Marisa Aledo son un pantalón de pana blanco. Los había visto hace tiempo, pero tuvo que esperar a la “paga extra” para gastarse los 20 euros que valían. “El bolsillo no da para más”, se justifica esta barcelonesa de 69 años que recibe una prestación no contributiva (PNC) que se perciben cuando o bien no se ha cotizado años suficientes para tener una pensión o se es un adulto con una gran invalidez reconocida. En diciembre del pasado año, unos 65.000 catalanes eran beneficiarios. Son las prestaciones más básicas del sistema de protección, que hasta el incremento del 6,8% a partir de este enero, suponían menos de 500 euros al mes. El incremento dará “aire” después de dos años en los que la inflación lo ha encarecido todo, también los productos básicos.

Aledo suma a su PNC de 484 euros, 183 más de una compensación de la Generalitat, que destina a pagar los 200 euros de alquiler del piso que Cáritas le concede desde hace años. El resto se van rápido a pagar la comida, la ropa, los gastos de la luz, el agua y el butano y algún imprevisto que siempre hay y que desequilibra las cuentas domésticas. "Me va todo muy justo para vivir, y he de mirar mucho lo que compro, lo tengo todo calculadísimo", relata, y explica que tiene controlados los precios de los productos que utiliza en todos los supermercados de su barrio para comprar el más barato . Y muy de vez en cuando, se permite una ración de pescado o carne.

También Emilia Barroso hace sus cuentas en una aplicación del móvil para no pasarse de la raya. Y más desde que un error de incompatibilidades de prestaciones le ha dejado con una “deuda” con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social que le está suponiendo recortes de unos 300 euros. Esta vecina de Montcada i Reixac, de 47 años y un hijo de 18 años a cargo, recibía una renta activa de inserción y un complemento de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) de la Generalitat. En total, ingresaba unos 900 euros, con los que incluso ayudaba a sus dos hijos mayores, ya fuera de casa. del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la ayuda creada para minimizar los estragos pandémicos y que, al resultar incompatible con las demás ayudas, ha tenido que devolverlos. “Por un error de ellos, he tenido que devolver el dinero y ahora me bloquean durante un año 233 euros cada mes”, se queja y se pregunta cómo puede hacerlo para llegar a fin de mes. "Es imposible", admite, en cuanto pagadas las facturas y con los pequeños préstamos que le hacen las amigas, se queda con 30 euros en la cuenta. No tiene margen para nada más que para llenar la nevera para comer y ni se plantea el ahorro.

La vivienda como escudo

Como a Aledo, a Barroso le ha “salvado” disponer de una vivienda social, por la que paga unos pocos euros. En la pandemia ya no pudo asumir el alquiler de la habitación que realquilaba con su hijo, y tuvo la “suerte” de entrar en Vesta, un programa público-privado de los Ayuntamientos de Badalona, ​​Santa Coloma, Sant Adrià y Montcada con las entidades Cáritas, las fundaciones Formació i Treball y Mambré y Sant Joan de Dios Servicios Sociales.

La vivienda es el “gran obstáculo” que impide salir adelante, porque el alza de los precios, el desvío de pisos hacia el uso turístico y las negativas de propietarios a rechazar personas migrantes deja un grueso importante fuera de un techo digno, indica Carme Gargallo, jefe del programa de ancianos de Cáritas, que afirma que las cantidades de las prestaciones son "del todo insuficientes". La mayoría de los beneficiarios de los pisos tutelados o compartidos de las entidades son mujeres solas, o con niños y hombres solos, que han pasado por una habitación realquilada. Para Aledo y Barroso, las cuatro paredes de casa "protegen y fortalecen" sus vidas.

Casi tres de cada diez criaturas son pobres

Pero todos estos esfuerzos y dinero invertido para salir de la pobreza no son lo suficientemente eficaces para eliminar la pobreza grave (ingresos inferiores al 40% de la media de la renta), salvo los jubilados que han cotizado lo suficiente. Según el tercer sector, sin el sistema de prestaciones, el 42% de los catalanes estarían por debajo del umbral de la pobreza y con todo el escudo protector está por debajo del 20%, aunque la pobreza infantil sube hasta al 28%, según los últimos datos.

Así, las prestaciones sociales son una herramienta vital, aunque la burocracia, la gran diversidad de ayudas repartidas por conceptos (vivienda, hijos, paro, etc.) y por administraciones públicas sin coordinación entre ellas hace que solicitar -una, o incluso saber si se tiene derecho, sea un “calvario”, señala Teresa Crespo, vocal del grupo de pobreza de la fundación Ecas, paraguas de un millar de entidades sociales que atienden a un millón de personas. La experta subraya que la maraña de incompatibilidades, la pluralidad de requisitos o el incomprensible silencio administrativo facilita que incluso haya quien desista a seguir con los trámites. De hecho, la cobertura social es muy poca: 163.000 personas cobran la RGC y 133.000 el IMV, lejos de los 400.000 que están en riesgo de pobreza.

Aicha El Alouchi tuvo que dejar de trabajar por los numerosos problemas de salud y, con una hija de 16 años, tiene una orden de desalojo por impago de alquiler de un piso que dice que no dispone de cédula de habitabilidad. El propietario le hizo una subida de 80 euros después de la pandemia hasta pedirle 530 euros, una cantidad "imposible" para esa mujer que cobra unos 900 euros de una PNC por invalidez complementada con el IMV. "¿Cómo vivir así?" O comemos o pagamos el alquiler y no podemos no comer", se desespera y relata que si se mueve por el laberinto de la burocracia es gracias al apoyo que recibe del Casal dels Infants que, como muchas entidades, ha tenido que diversificar su labor para realizar este acompañamiento.

En este sentido, el tercer sector insiste en que solucionar esta problemática, incomprensible incluso para las profesionales, exige abrir una ventanilla única social, a través de la cual la ciudadanía haga los trámites de prestaciones, y que para ganar eficacia , habría que simplificarlas. También es vital, apuntan las expertas, eliminar tantos condicionantes que dejan sin ayudas a los jóvenes entre los 18 y 23 años o las incompatibilidades y aceptar los complementos de trabajo para sacar de la pobreza al 17% de trabajadores pobres. "Necesitamos prestaciones adaptadas al mercado laboral actual, precario, con trabajos discontinuos y contratos parciales", afirma Crespo, quien subraya que la "perversidad del sistema" provoca que se rechacen trabajos temporales para evitarse así las trabas para obtener una nueva prestación .