Emergencia social

Primera condena a los 'cobradores del frac' de Endesa: "La lucha ha merecido la pena"

Un juzgado sentencia, en primera instancia, contra los métodos intimidatorios y amenazantes de una empresa que reclamaba deudas para la eléctrica

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Yolanda Peregrín leyendo la sentencia que le da la razón contra los 'cobradores del frac de Endesa', en su domicilio de Barcelona.

BarcelonaAsegura sentirse como una David que ha vencido a Goliat. “La lucha ha merecido la pena”, dice satisfecha Yolanda Peregrín, al conocer que un juzgado de lo penal de Barcelona ha condenado a tres trabajadores de DPS Consulting (ahora Padres Seixa), un despacho jurídico contratado por Endesa para reclamar las deudas de clientes utilizando métodos que, según la sentencia, incluyen la "intimidación" y "coacciones". Una especie de cobradores de frac de las deudas en la gran eléctrica. En el caso de Peregrín, en una llamada de julio del 2020, una operaria de la empresa se hizo pasar por funcionaria de los juzgados y la amenazar diciéndole que si no pagaba los 2.300 euros que debía le embargarían todos los bienes y cuentas a su nombre. La mujer logró grabar la conversación, que ha sido clave para la condena, que todavía se puede recurrir a la Audiencia de Barcelona y, por tanto, no es firme.

La sentencia que firma la magistrada del juzgado de lo penal número 18 de Barcelona condena a un año y ocho meses de cárcel al administrador y la directora general de Consulting ya seis meses a la trabajadora que realizó la llamada amenazadora. Según la resolución, los dos responsables de la empresa habían "ideado un sistema" en el que a través de un "guión" preestablecido los gestores de la compañía debían seguir un determinado proceso de reclamaciones: primero, un operario hacía una llamada por notificar la existencia de la deuda a los clientes e informarles de cómo podía satisfacerse. En caso de que no hubiera reacción, una segunda "llamada especial" ya subía el tono y de las buenas formas se pasaba a "medios legalmente proscritos", escribe la jueza.

La llamada hizo que Peregrín entrase en pánico, por el miedo a que le cortaran la luz o le embargaran los ahorros. "No tanto por mí, sino porque yo vivía con menores de edad", explica. Confía en que la sentencia marque un punto de inflexión en los métodos que utilizan estos cobradores del frac con personas vulnerables como ella que tienen "voluntad de pagar", pero no pueden abonar la deuda. Por último, gracias a los servicios sociales consiguió que Endesa, que dice que nunca le había reclamado la deuda, le ofreciera el bono social, una tarifa reducida destinada a usuarios con pocos ingresos.

A pesar de la satisfacción por la sentencia, Peregrín está “decepcionada” para que la condena sea contra tres personas físicas y no contra la empresa en cuestión. “Suerte de la APE (Alianza contra la Pobreza Energética), que me ayudó”, proclama. "La condena demuestra que Endesa y las eléctricas son grandes, pero que se puede luchar contra ellas y ganar teniendo la razón y las pruebas", concluye.

Endesa se defiende

Desde Endesa destacaron que la compañía no está presente en la causa judicial y apuntaron que no será hasta que exista una condena firme que "actuará con consecuencia" respecto a su vinculación con la compañía cuestionada, ya que la eléctrica sigue un procedimiento interno muy claro para evitar, precisamente señala, "prácticas inapropiadas" como la intimidación o la coacción, que señala la resolución y están penadas. Tras la llamada juzgada, la eléctrica afirma que ha impuesto "controles a todas las llamadas" que realizan estos cobradores a través de un mecanismo de inteligencia artificial para garantizar que se ajustan a la legalidad ya sus propios métodos . En estos sistemas se registran las llamadas y, a través de filtros con palabras clave preestablecidas, se detectan estas prácticas delictivas.

Para la portavoz de la APE, Maria Campuzano, la sentencia "marcará un antes y un después" en la lucha contra la "impunidad" de estas prácticas que "acosan e intimidan a los más vulnerables". El activista se felicitó de que la juez valide "sin lugar a dudas" el testimonio de la trabajadora, según el cual, utilizaba móviles con número oculto, a los que cambiaba la tarjeta SIM cada seis meses, y que no registraba las llamadas, y por eso afirma que Endesa "ya no tiene excusas" para seguir subcontratando la gestión de sus deudas con la empresa.

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