Extutelados sobre la reclamación de las prestaciones: "Estamos siendo injustamente perseguidos"

BarcelonaMás de un centenar de jóvenes extutelados por la Generalitat han denunciado sentirse el chivo expiatorio de una mala gestión de la administración y por el reproche de la Sindicatura de Cuentas sobre los 167 millones de euros de prestaciones sociales pagadas a personas que ya no cumplían los requisitos. Como ha avanzado el ARA, la dirección general de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) ha empezado a enviar a cientos de estos chicos mensajes en los que reclama miles de euros por "impagos indebidos" y les da diez días para que puedan presentar alegaciones. Son cantidades que superan los 10.000 euros y en muchos casos incluso los 30.000.

En una carta abierta publicada este viernes, estos jóvenes lamentan que se les haya puesto en el "punto de mira", enviándoles comunicación "sin previo aviso" y acusándoles "indiscriminadamente" de haber cobrado sin tener derecho. "Estamos siendo injustamente perseguidas", exclaman en un breve texto en el que aseguran que no han cometido "ningún fraude ni delito".

Los jóvenes reprochan a la administración que les tuteló durante su niñez que ahora les "vulnere el derecho a la presunción de inocencia" y haya pasado de ofrecerles una protección institucional a una "agresión institucional" porque la reclamación —afirman— no aporta pruebas de que haya habido alguna responsabilidad o error por parte. "Es mentira todo lo que dicen de mí, yo he trabajado siempre [con un sueldo] dentro de los límites" para poder compaginar la prestación y el salario, denuncia a una de las jóvenes a las que le reclaman 32.000 euros. "Es una brutalidad eso que nos piden. ¿Cómo quieren que lo devolvamos?", se pregunta otra de las receptoras de la carta. "Somos víctimas, no verdugos", escriben en la carta abierta, donde también llaman a la sociedad civil, entidades sociales y jurídicas, ya los medios de comunicación que les apoyen. "No podemos permitir que esta injusticia quede silenciada. Necesitamos ayuda. Difusión. Voz. Apoyo. Justicia".

A punto de cumplir 23 años

Los destinatarios de las cartas enviadas por correo electrónico tienen en común estar a punto de cumplir los 23 años, cuando deben salir del sistema de protección definitivamente y espabilarse solos, porque la mayoría no tienen apoyo económico de la familia biológica o ni siquiera tienen contacto con ella. La revisión ha comenzado por los expedientes de 2021, un año antes de que se externalizara el servicio a una UTE formada por la Fundación Mercè Miralles i Resilis, y que están a punto de prescribir porque han pasado cuatro años, una situación con la que se encontró el departamento cuando en octubre del año pasado va reclamar parte de la renta garantizada a miles de familias vulnerables y va acabar por amnistiarlas.

Catalunya es la única comunidad del Estado en la que se sigue protegiendo a estos jóvenes pasada la mayoría de edad porque se entienden las dificultades por las que deben pasar por emanciparse solos. Hasta los 23 años deben cumplir un plan individualizado (de ahorro, de higiene, de comportamiento, de estudios, etc.) si quieren estar dentro del programa, tener una plaza en un centro o en un piso tutelado y percibir una prestación, que ahora es de 778, 84 euros al mes (se fija con el mismo baremo que el resto de prestaciones sociales, a través de las prestaciones sociales). En caso de que trabajen, o tengan ingresos, la ayuda se reduce proporcionalmente. "Este apoyo económico pretende garantizar una mínima estabilidad para continuar los estudios, acceder a una vivienda o construir un proyecto de vida digna", escriben. Laura es una de las firmantes del texto y asegura que "siempre" ha entregado a la administración todas las nóminas, hasta el punto de que "desde hace un año" tiene ahorrados los mil euros de más que sabe que tendrá que pagar, pero todavía nadie le ha pedido que vuelva. A ella le reclaman 36.000 euros y se queja de que le enviaran la carta a ella, sin pasar ni por sus referentes ni por la entidad que le acompaña y critica que la administración no haya tenido en cuenta las vulnerabilidades de estos chicos. "Lo han gestionado fatal", concluye.

A pesar de todas las dificultades, los extutelados consiguen tener unas tasas de empleo mucho más altas que los jóvenes que crecen con su familia, según una reciente encuesta elaborada por la FEPA, la federación de entidades que trabajan para la emancipación de estos jóvenes.