El firmante de los protocolos de residencias de Madrid apunta al gobierno de Ayuso

MadridUn tribunal de Madrid sigue investigando los protocolos que estuvieron en vigor en la Comunidad de Madrid durante la pandemia para restringir la derivación de las personas mayores de las residencias a hospitales, lo que implicó que se les negara la asistencia sanitaria. Debido al coronavirus, en las residencias fallecieron 7.291 personas. Este lunes ha declarado Carlos Mur, que está investigado en la causa y era director de Coordinación Sociosanitaria en ese momento, y ha empezado a señalar hacia arriba. Para la acusación particular, en manos de Marea de Residencias, su declaración supone un avance significativo, a pesar de revelar una estrategia de elusión de responsabilidades entre los implicados en la gestión sanitaria. Tras cuatro intentos frustrados para que declarara, lo ha hecho por videoconferencia desde Andorra.

Carlos Mur, que sólo ha contestado a las preguntas de su defensa, de la Fiscalía y de la juez, ha asegurado que él no es el responsable de los protocolos y ha afirmado que les redactaron el geriatra Javier Martínez Peromingo y 22 profesionales con "mucho reconocimiento clínico". Ha relatado que él se limitó a la coordinación, revisión y firma y que, una vez estuvieron hechos, los envió a la entonces viceconsejera de Sanidad, Ana Dávila, que es la actual consellera. Además, su predecesor, Enrique Ruiz Escudero, estaba al corriente de su contenido. "Parece que se están echando el balón entre uno y otro", lamentó la abogada de Marea de Residencias, Alejandra Jacinto, a la salida. Aludía a la versión que ha dado Carlos Mur, en contraposición con la declaración de Javier Martínez Peromingo, quien reconoció que él era el ideólogo de los protocolos, pero culpó a Mur de su carácter discriminatorio.

Además, Mur ha admitido que la medicalización de las residencias que prometió el gobierno madrileño no llegó a ser real. Esgrimió que los protocolos tenían sentido si las residencias estaban correctamente medicalizadas, algo que no ocurrió. Y ha reconocido que la residencia Amavir Valdebernardo –la investigación se centra en la muerte del padre de Ángela Armingol allí, que es el origen de la querella– no tenía la dotación sanitaria suficiente para atender a los pacientes.

Más Madrid y el PSOE responsabilizan a Ayuso

Tras conocerse la declaración, Más Madrid y el PSOE han apuntado directamente a Isabel Díaz Ayuso. "Quiere tapar lo que ocurrió en las residencias porque tiene demasiado que ocultar", ha denunciado Más Madrid. "Pagarán su falta de humanidad", ha proclamado el ministro y líder de los socialistas madrileños, Óscar López. "Nos confirma que los protocolos de la vergüenza existieron, fueron una decisión política y tienen responsables políticos", ha proclamado Manuela Bergeron, líder de Más Madrid en el Parlamento autonómico. Y ha reclamado que continúe la investigación judicial para que haya "verdad, justicia y reparación" para las víctimas. Desde el PSOE, la portavoz en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha disparado contra Ayuso: "Es triste que tengamos una presidenta que permitió que esto ocurriera y que no tenga ninguna intención de hacer nada para garantizar que las personas mayores puedan vivir bien en las residencias".