La Fiscalía lleva a los juzgados la muerte de 64 personas de la residencia de Tremp

BarcelonaUn año después de empezar la investigación, la Fiscalía de Lleida ha presentado este jueves una denuncia por los delitos de homicidio imprudente, trato degradante y contra la seguridad en el trabajo contra la residencia Fiella de Tremp, en la que la Generalitat tuvo que intervenir durante los primeros meses de la pandemia. Para el ministerio público hay evidencias de "disfunciones gravísimas" en el geriátrico que facilitaron un brote de covid que causó la muerte de 64 de los 142 residentes en noviembre de 2020.

La denuncia se ha entregado al juzgado de instrucción número dos de la población y detalla cómo la dirección del centro no cumplió el plan de contingencia, según informa la ACN. La Fiscalía considera que los responsables del centro actuaron con falta de previsión, control y supervisión al no querer asumir las recomendaciones hechas desde el departamento de Salud, que es quien asumió la gestión de los geriátricos en el peor momento de la pandemia.

La Fiscalía señala concretamente que la directora y la responsable higienicosanitaria del geriátrico, dependiente de la fundación religiosa Fiella, ignoraron los "defectos graves" en la sectorización de las personas residentes positivas de coronavirus, el uso de los equipos de protección individual –los EPI– del personal, así como en el tratamiento de alimentos, vestuario y residuos y, muy especialmente, en la asistencia sanitaria a los contagiados.

El brote en la residencia se detectó a finales de noviembre de 2020 y en pocos días se esparció rápidamente por las habitaciones y salas del centro: afectó a la mayoría de trabajadores y residentes. De este último grupo, murió más de la mitad, y entre la plantilla se contagiaron 42 de los 65 profesionales. Se convirtió en uno de los brotes más graves en toda España.

A consecuencia de esta alta incidencia, y después de que Salud detectara también irregularidades en la organización del centro, retiró a la Fundación Fiella de la gestión y la concedió al Hospital Sant Joan de Déu, primero de forma temporal y finalmente hasta 2026, para garantizar "el correcto funcionamiento" de la residencia.

La acusación de la Fiscalía en este caso es una de las pocas causas de muertes en las residencias que han llegado, de momento, a los juzgados españoles, cosa que han denunciado tanto los familiares de los residentes como la organización Amnistía Internacional, que, en un informe de esta semana, reprochaba al ministerio público que se desentendiera de las denuncias y las archivara sin ni siquiera llamar a testigos a declarar.