Un fondo de inversión pretende echar a los vecinos de todo un chaflán del Eixample de Barcelona

BarcelonaHasta hace 30 días, los vecinos locatarios que viven en la Casa Orsola tenían "muy buena relación" con la propiedad del edificio. "Era un trato familiar y muy cordial", asegura Elisenda, que hace más de 30 años que vive en la finca, situada en la esquina de las calles Consell de Cent y Calàbria, en el Eixample Esquerra. Se trata de un edificio modernista muy conocido en el barrio (en el siglo XIX había sido una importante fábrica de baldosas hidráulicas) que ocupa todo un chaflán y tiene dos escaleras: en total, 27 pisos y 4 locales comerciales. Hace un mes, sin embargo, el bloque cambió de manos y la relación con los vecinos ha dado un giro de 180 grados. Ahora el propietario es el fondo de inversión Lioness Inversiones SL, que enseguida comunicó a los vecinos –a través de un burofax– que no les renovarían el contrato. Lejos de aceptar las condiciones, la finca entera se ha organizado para denunciar lo que consideran que es una operación especulativa.

"Quieren a todo el mundo fuera", explica el vecino portavoz de la finca, Tono Hernández, que añade: "Nos comunicaron que no nos renovarían y a los ocho inquilinos que tienen un contrato de renta antigua, y a los que, por lo tanto, no pueden echar, ya los han avisado de que en marzo empiezan a hacer obras". Este martes los vecinos han salido a la calle y han hecho una rueda de prensa, acompañados del Sindicat de Llogaters, para denunciar su situación. Apuntan que lo que les pasa ahora a ellos "le puede pasar a cualquier". "Quieren rehacer este edificio, que está justo en la zona donde hay proyectada una nueva superisla pronto", evidencia Hernández. "Lo que quieren es reformar, subir los precios y especular: y esto no nos afecta solo a nosotros, afecta a todos los vecinos del barrio, de la ciudad y de Catalunya", añade.

La situación, de hecho, ha cogido por sorpresa a todos los inquilinos, la mayoría gente mayor, como Elisenda. "En 4 meses tengo que dejar 32 años de mi vida aquí, esto nos tiene en shock", asegura. Como ella, los vecinos más mayores lamentan a pie de calle con otros vecinos del barrio lo que supone dejar el piso donde han vivido gran parte de su vida. "Cualquier día esto que les está pasando a ellos nos pasará a nosotros, que también estamos de alquiler", admite Marta, que, desde el bloque del delante, ha venido a apoyar a los afectados. Por su parte, las familias más jóvenes apuntan al problema que supone desvincular a los hijos pequeños de la escuela y del barrio.

Los negocios que tienen alquilados los bajos –una pastelería, un quiosco, una fontanería y un locutorio– también ven peligrar su fuente de ingresos. "Yo tengo el negocio hecho aquí, ¿adónde quieren que vaya? Yo solo quiero poder seguir trabajando", dice la propietaria del quiosco, que asegura que es la única fuente de ingresos de su familia.

Objetivo: una negociación colectiva

El objetivo de los vecinos es quedarse. Por eso reclaman a la nueva propiedad que se siente a negociar, hecho que hasta ahora no ha pasado. Consultada por este diario, Lioness Inversiones SL no ha querido hacer ninguna declaración. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona, que ante estos casos siempre estudia la posibilidad de adquirir el edificio con el derecho de tanteo y retracto, argumenta que en este caso concreto estudió la opción pero el consistorio ya ha comprado cinco edificios en la misma zona y este se descartó. De todos modos, aseguran que se pondrán en contacto con las dos partes para intentar llegar a un consenso.

Los primeros contratos vencen dentro de 10 días y los inquilinos afectados ya han dicho que no se marcharán. "Seguiremos pagando el alquiler puntualmente y mantendremos esta posición hasta que se dignen a negociar", explica Hernández. Desde el Sindicat de Llogaters el mensaje también está claro. "Si hemos conseguido sentar a la mesa a negociar a gigantes como Blackstone o Goldman Sachs, también lo conseguiremos con Lioness Inversiones", espeta Úrsula Garrido, portavoz del Sindicat. Garrido ha apelado directamente a la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, y al president, Pere Aragonès, para exigirles que se haga cumplir la ley y los derechos de los inquilinos. También ha reclamado una reforma de la ley de arrendamientos urbanos (LAU) que incluya "la renovación automática y obligatoria" si el propietario no necesita el piso. "Es una vergüenza. Si no hay una necesidad expresa, no tienen por qué echar a los vecinos que ya están viviendo en un bloque", ha concluido Garrido. La protesta se ha acabado con una puesta de pancartas en los balcones del edificio modernista, ahora oficialmente en lucha.