La Fundación Josep Carreras investiga posibles irregularidades en la gestión del instituto de investigación

BarcelonaLa Fundación Josep Carreras contra la Leucemia ha encargado una auditoría forense para esclarecer presuntas irregularidades en la gestión económica y la dirección del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras (IJC), el centro dedicado a la investigación de esta enfermedad que impulsa conjuntamente con el gobierno. Según ha podido saber el ARA, la decisión se tomó tras ser alertados de supuestas anomalías en el uso de la financiación que la Fundación transfería al Instituto, algo que podría estar poniendo en riesgo tanto la búsqueda de excelencia. lencia como la propia viabilidad del IJC. "Hemos decidido verificar estas reclamaciones y precisar su alcance", afirma el gerente de la Fundació, Antoni Garcia.

Los resultados de esta evaluación externa, encargada a KMPG Advocats, se presentarán en la reunión del patronato que el ICJ ha convocado para este miércoles, a la que también está previsto que asisten las consejeras de Salud, Olga Pané, y de Universidades e Investigación, Núria Montserrat, como vicepresidentas de este órgano de gobierno del Instituto. Fuentes cercanas a la Generalitat han avanzado al ARA que, en función de lo que revele la auditoría, no descartan emprender medidas legales. Sin embargo, aunque el ICJ es un centro de investigación público e integrado en el sistema CERCA català –por tanto, financiado por el Gobierno–, de momento no se sabe cuándo se harán públicos sus resultados.

El origen de esta auditoría son las quejas de algunos investigadores del Instituto, que no quieren facilitar el nombre por miedo a represalias, y que han denunciado potenciales irregularidades que tendrían que ver con el uso de dinero procedente tanto de donaciones como de proyectos competitivos para favorecer determinadas líneas de investigación. Los investigadores denunciantes señalan que estos hechos habrían empezado a producirse hace cinco años, coincidiendo con la llegada a la dirección del IJC del investigador Icrea Manel Esteller –un referente mundial en epigenética del cáncer–, y que esta utilización discutible de recursos no se habría hecho para un enriquecimiento personal sino para favorecer a su grupo de investigación. "Hemos conocido estas quejas concretas recientemente por dos vías: los responsables actuales de la gestión del Institut y algunos investigadores", explica Garcia.

Acusaciones cruzadas

En conversación con el ARA, Esteller niega todas estas "insinuaciones" y "acusaciones". "Todo esto no es más que una vendetta personal que no beneficia a nadie", asegura, y añade que es "una batalla entre los gestores de la Fundación y los del Instituto". Como jefe de grupo en epigenética del cáncer en el IJC, Esteller afirma que él es "médico y científico" y, aunque es el director del centro, este cargo, a diferencia de lo que especifican los estatutos del IJC, "no implica en ningún caso asumir función de gerencia, dirección económica, contable, administrativa [...]". La suya, considera, es "puramente una dirección científica que ha logrado llevar al Instituto al liderazgo mundial en la búsqueda de la leucemia".

En un correo electrónico enviado al ARA, Evarist Feliu, director científico y patrón de la Fundación, asegura que "nunca ha habido ninguna irregularidad en la gestión económica" del centro y apunta que la auditoría lo que acabará de confirmar es "si ha habido una redistribución interna de los recursos para priorizar una línea de investigación por encima de las demás". Feliu asegura a este diario que esta decisión habría sido tomada "de forma conjunta" por el director [Manel Esteller], "máximo responsable de la dirección científica", y el ex gerente [Ana Garrido], máxima responsable de la gestión económica.

El ex gerente en funciones, Ana Garrido, a quien Esteller señala como responsable de la gestión económica del centro, asegura a este diario que no era responsabilidad suya: "Las decisiones eran tomadas por mis superiores [Feliu y Esteller] sin que la tuviera. conocimiento ni posibilidad de intervención". Garrido –que sigue siendo la directora estratégica, aunque lleva meses de baja– afirma que ella asumía la implementación de esas decisiones "para mantener la continuidad institucional y minimizar riesgos". Además, niega "categóricamente" cualquier implicación en "acciones irregulares", y señala que cuando ha detectado indicios les ha puesto "en conocimiento de los superiores y, posteriormente, a través del canal de denuncias previsto por la ley 2/2023" , lo que, asegura, desencadenaron "presiones constantes".

"Ninguna anomalía" hasta ahora

Hasta ahora, explica Garcia, "la Fundación ha estado confiando plenamente en los mecanismos de control interno y de reportar del Instituto para la asignación de recursos, autorización de gastos y registro de cargos internos, así como en las auditorías externas especializadas realizadas por CERCA o la acreditación de excelencia Severo Ochoa". Garcia destaca que "nunca detectaron ninguna anomalía".

Sin embargo, asegura: "Ya estamos haciendo planteamientos de cara al próximo ejercicio para que algunos de los investigadores [afectados] puedan beneficiarse de las ayudas de la Fundación y recuperar el tiempo en el que no han podido desarrollarse como todos creíamos que estaban haciendo". Los resultados de la auditoría, afirma, deberían sacar el entramado.