La Generalitat se compromete a ganar 5.000 viviendas sociales
La 'consellera' Cervera anuncia un plan para la autonomía que facilite la atención de la gente mayor a domicilio
BarcelonaLa consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, se ha comprometido este viernes a ganar "un mínimo de 5.000 viviendas sociales" en la próxima legislatura para intentar paliar el déficit estructural que hay en Catalunya de un parque asequible. En su primera comparecencia en comisión para presentar cuáles serán los ejes programáticos de su departamento, que incorpora la cartera de la vivienda, ha subrayado que el próximo año el presupuesto para políticas de vivienda pasará de los 200 millones actuales a mil millones de euros.
Cervera ha hecho una intervención enumerando las prioridades de la conselleria, sin entrar a detallar medidas ni calendario ni presupuesto, pero ha puesto la vivienda y la lucha contra la pobreza como dos de las grandes prioridades. Para ampliar el parque de viviendas públicas, la consellera ha matizado que no será su departamento el que se encargue a partir de ahora de la construcción, sino que fomentará y coordinará que otros actores –ayuntamientos, constructoras, entidades bancarias– hagan nuevas promociones y pongan en el mercado los miles de pisos que están vacíos, mientras cada día se desahucian decenas de familias que quedan a la intemperie social.
En este sentido, ha recuperado la antigua reclamación de Governs anteriores de que el Estado traspase a la Generalitat el patrimonio de Sareb –el llamado banco malo–, que actualmente tiene unas 3.000 viviendas vacías en Catalunya, según ha dicho, y ha insistido en que quiere reforzar el "derecho al tanteo y retracto"; es decir, la prioridad ante cualquier otro operador en las operaciones de compraventa de vivienda, que ya ha permitido ampliar con más de 3.000 pisos el parque público. Además, también se hablará con los ayuntamientos para que "mobilicen todo el suelo municipal existente" para promociones de estas viviendas asumibles.
Reducir listas de espera
El objetivo, ha dicho, es reducir las listas de personas que esperan la concesión de un piso de vivienda social a través de la Mesa de Emergencia Social, un organismo formado por entidades del tercer sector que se puso en marcha en medio de la pandemia como respuesta de urgencia a los desahucios.
En cuanto a la lucha contra la pobreza, Cervera ha asegurado que el departamento aumentará el presupuesto para la renta garantizada de ciudadanía, una prestación que da la Generalitat y que actualmente beneficia a 160.000 personas en riesgo de exclusión. También contra la pobreza ha anunciado un Plan Nacional contra el Sinhogarismo, largamente pedido por las entidades que trabajan con las personas que viven en la calle o en viviendas sin condiciones higiénicas.
Modelo residencial
Después de más de un año, Derechos Sociales recupera plenas competencias sobre las residencias geriátricas que se habían traspasado de urgencia a Salud para hacer frente a la alta incidencia y mortalidad debido al covid durante los primeros meses de la pandemia. Cervera mantiene el objetivo de un nuevo modelo de residencias, en el punto de mira por el trato a los usuarios geriátricos, y de dibujar otro de los compromisos heredados, el del modelo de atención a la autonomía personal, que tiene que permitir a la gente mayor que lo quiera quedarse en su domicilio personal y no tener que ir a ningún centro. Esto supondrá aumentar la dotación de los servicios de atención domiciliaria, también para las personas con discapacidades y grandes dependientes.
En este punto la futura y ya anunciada Agencia Integral Social y Sanitaria será una herramienta básica para "mejorar la atención", ha dicho, porque una vez entre en marcha –no hay calendario– los departamentos de Salud y Derechos Sociales compatiran con más facilidad información y protocolos de actuación en las residencias, uno de los déficits que se constató en pandemia. Además, la consellera ha anunciado que se creará la nueva figura del "referente social", un profesional sobre cuestiones sociales que todos los ciudadanos tendrían asignado "des del momento de nacimiento", como en el caso de los profesionales sanitarios.