El gobierno español anuncia "una refundación del sistema de cuidados"

Madrid"Este 14 de julio será recordado como el día en que se refundó nuestro sistema de cuidados". Así ha comenzado la comparecencia el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, para dar trascendencia a una jornada en la que se aprueban dos cuestiones trascendentales del sistema de curso: se convalida un decreto para asegurar que el Estado aporta el 50% de la financiación de la dependencia; y también una reforma de la ley de la discapacidad y de la dependencia para que los cuidados sean un "derecho universal". Ambas votaciones se producirán este martes por la tarde en el Congreso de Diputados. De hecho, Bustinduy ha comparado la nueva legislación con el sistema de pensiones que se estableció en el siglo XX o el acceso a la educación y a la sanidad universales.

Según ha explicado Bustinduy en rueda de prensa, se trata de "transitar de un sistema de la dependencia marcado por la precariedad y la infrafinanciación" a generar "derechos para la ciudadanía para que haya los apoyos necesarios para que las personas puedan envejecer en su casa con condiciones de autonomía". Para ello, ha aseverado que se "blindará por ley" la financiación que aporta el Estado a las comunidades autónomas, que son las encargadas de prestar este servicio. Ha cuantificado esta aportación histórica de un total de 6.200 millones de euros para este 2026 y 2027. De hecho, este martes en consejo de ministros se ha aprobado un extra de financiación más por 904 millones de euros. Para garantizar que las autonomías lo destinan a la dependencia, el ministro ha detallado que esta financiación es finalista y el reembolso estará condicionado al cumplimiento de una serie de criterios. Estos recursos, en todo caso, aún no están territorializados. Según fuentes del ministerio, se decidirá cuando se reúna el Consejo Territorial.

Cambios legislativos

Por otro lado, la reforma de la ley de dependencia y discapacidad se impulsa para adaptar la legislación a la reciente modificación de la Constitución (2024) en la que se eliminó el término "disminuidos" por personas con discapacidad, con la idea de que los poderes públicos protejan la autonomía personal y garanticen la inclusión.

Entre otras cosas, la nueva norma establece una especie de pasarela para equiparar situaciones de dependencia y discapacidad para evitar duplicidad de trámites, de modo que el grado de dependencia I equivaldrá directamente al 33% de discapacidad, mientras el II y III hasta un 65%; también destaca el fin de las incompatibilidades entre prestaciones; el reconocimiento del entorno como cuidadores y medidas de conciliación familiar; da una especial protección a menores y mujeres; y también incluye en el servicio de ayuda a domicilio actuaciones como ir al médico o hacer la compra.

En este sentido, el ministro ha hecho un llamamiento a todas las formaciones políticas del Congreso a darle apoyo para exhibir consenso en lo que considera un avance social. No solo ha apelado, pues, a la mayoría plurinacional, sino que también ha pedido al PP que suscriba las votaciones de este jueves en el Congreso. Ha recordado que las comunidades autónomas hace años que piden más financiación para la dependencia —muchas están gobernadas por los populares— y que ahora tienen la oportunidad de garantizar la posibilidad de que lleguen recursos desde el Estado. "No solo hemos cumplido por la vía de los hechos", ha dicho Bustinduy, "también lo hemos blindado por ley". "El PP no tiene argumentos para no suscribir la nueva ley", ha acabado.