El gobierno español prevé trasladar 500 niños inmigrantes de Ceuta a la Península

Madrid / BarcelonaEl ministerio de Juventud e Infancia trabaja para trasladar a la Península hasta a 500 niñas y adolescentes inmigrantes no acompañadas que ahora están en Ceuta, según explican fuentes del ministerio. La propuesta es que el gobierno de la ciudad autónoma mantenga la tutela de las menores y que la guarda y custodia pase a las entidades sociales que gestionan centros de acogida. Es la solución que han encontrado para acelerar el trámite habitual por el cual la tutela pasa a ser de la comunidad de acogida, que es la que tiene las competencias.

Sin embargo, el PP rechaza este planteamiento. De entrada, el presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, ha asegurado este miércoles por la tarde que el ministerio todavía "no había pedido que se activara ningún mecanismo de traslado". En todo caso, ha dejado claro que su apuesta es retornar a todas las criaturas a su país de origen, sin respetar, por tanto, la legislación vigente. También lo ha defendido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: "En ningún caso se puede crear el antecedente perverso de otorgar derechos a quien ha participado de una invasión ilegal [...] Ni mayores de edad, ni menores. Los tienen que retornar a todos", ha afirmado Feijóo desde Ceuta. El popular ha aprovechado la visita al enclave español, donde la emergencia humanitaria todavía se palpa en las calles, para erigirse en alternativa al gobierno de Pedro Sánchez y hacer una serie de promesas para endurecer el control fronterizo en caso de que llegue a la Moncloa, empezando por la construcción de un nuevo espigón en la frontera con Marruecos.

Como respuesta, fuentes del gobierno español han subrayado que "es ilegal repatriar menores si no se comprueban de forma individualizada" las condiciones marcadas por ley. "Tanto Feijóo como Vivas saben que es ilegal devolver a niños y niñas migrantes a Marruecos si no se garantiza su interés superior. Y esto pasa, en primer lugar, por atenderlos de manera correcta, escucharlos y saber si cuentan con una familia a la que volver", han defendido. Y han concluido: "Las vías que ofrece el ministerio de Juventud e Infancia tienen como objetivo atender de manera adecuada y de urgencia a 500 niñas en una situación de absoluta vulnerabilidad y que la ciudad autónoma tiene la obligación de proteger y asumir su tutela. Cualquier negativa a estas fórmulas es una negativa".

Balanza de cifras

Casi tres semanas después de la entrada masiva, no hay una cifra oficial de cuántos inmigrantes adultos y menores quedan en la ciudad, pero ahora ya hay 2.168 criaturas registradas en el sistema de protección. Algunos de estos niños (unos 500, aproximadamente) continúan durmiendo en la calle, en espacios improvisados por los vecinos de Ceuta ante el colapso de los centros de acogida institucionales, como el polideportivo del barrio de La Reina, en la periferia de la ciudad. Otros menores están alojados en los espacios que ha habilitado la ciudad autónoma, como son las dos escuelas públicas –en este caso solo hay niñas, unas 350, según estimaciones del gobierno local, que debe encontrarles una alternativa antes del inicio de curso–. Por ello, el gobierno ceutí hace días que continúa buscando emplazamientos alternativos para estos menores.

Lara Contreras, directora de influencia, programas y alianzas de Unicef España, acaba de regresar de Ceuta y dice que hay menores "muy pequeños, de siete años", que duermen en la calle, "sin alternativa" más allá de la "solidaridad vecinal". Por ello reclama celeridad y medios para "identificar a los menores y detectar vulnerabilidades", siempre manteniendo por encima de todo "el interés superior" de las criaturas. A pesar de que se admita que las niñas y adolescentes son las que se enfrentan a riesgos de ser captadas por mafias y de sufrir agresiones sexuales, Contreras defiende que los niños también necesitan "protección" ante los riesgos de ser "reclutados por el narcotráfico y de sufrir abusos y maltratos". La organización ha insistido al gobierno español en que "no se puede dejar a nadie fuera de la protección" y ha recordado que tanto la legislación española como los convenios internacionales ratificados por el Estado obligan a garantizarla.

El gobierno español trabaja en un plan que incluye la acogida vinculante y solidaria de todos estos menores por parte de las comunidades autónomas. Es decir, el reparto obligatorio de los menores que no podrán ser reagrupados con sus familias. Esto, sin embargo, no se producirá hasta más adelante. Se ha convocado una reunión del ministerio para la semana que viene con responsables autonómicos de Infancia para avanzar en el plan. El ministerio de Sira Rego también prevé el acogimiento familiar y otras fórmulas que permitan agilizar la acogida y, de hecho, la intención es aprobar una ley de familias acogedoras después del verano para mejorar los procedimientos tanto de acogida como de adopción en el Estado.

La prioridad es reagrupar

Sin embargo, como es habitual, la prioridad es el reagrupamiento familiar de los menores no acompañados en el país de origen con sus padres. El gobierno español, de hecho, está en contacto permanente con Marruecos para hacerlo posible, como ha revelado la portavoz del ejecutivo, Elma Saiz, este miércoles en declaraciones a RNE. Desde Unicef advierten, sin embargo, que estos hipotéticos retornos se deben hacer de acuerdo con la legislación, es decir, "examinando caso por caso, identificando vulnerabilidades y garantizando su protección".

Este proceso es complejo y a menudo lento para poder garantizar el interés superior del menor, a quien se debe escuchar y tener en cuenta su opinión. "Los menores nos dicen que no quieren volver", asegura Contreras, que afirma que en esta crisis hay dos novedades que en otros movimientos migratorios no se habían visto: criaturas muy pequeñas, "de cinco o seis años, solas o con hermanos mayores" y "muchas niñas". ¿Por qué? "Han perdido el miedo al agua y se han preparado para llegar nadando", responde.

Un equipo especializado del ministerio de Juventud e Infancia –con psicólogos, pedagogos o educadoras sociales– se ha trasladado a Ceuta de forma permanente para ayudar a acelerar los trámites, que se deben realizar ante representantes de la Fiscalía de Menores. En este punto, Unicef y Save the Children han planteado al ejecutivo la creación de una "unidad de emergencia" para la atención de menores para dar apoyo a la identificación de los menores más vulnerables. Cuando las Islas Canarias pidieron activar el mecanismo de emergencia, la acogida de menores en la Península abrió una guerra entre las comunidades del PP y las gobernadas por los socialistas, que retrasaron la llegada de las 400 criaturas. Además, Cataluña se comprometió a acoger a 30 de forma voluntaria, a pesar de que no llegaron todos y se les estuvo esperando durante más de medio año.

Desde la Federación de Entidades con Proyectos de Emancipación (FEPA) ya apuntaron a la ARA que esta valoración "se podría hacer desde otras comunidades. Las entidades [en Ceuta] no dan abasto", advirtió Ferran Rodríguez, presidente de la entidad. Desde el primer día, asociaciones vecinales y locales han estado atendiendo a los inmigrantes que se han quedado en la ciudad, ofreciéndoles comida, bebida y abrigo. Con todo, Unicef denuncia que muchas criaturas "no pueden hacer tres comidas al día ni tienen garantizada la higiene".