La guerra de Ayuso contra las universidades públicas de Madrid

MadridEn la Comunidad de Madrid existen más del doble de universidades privadas que públicas. Mientras las primeras ya llegan a trece y existen varios expedientes en tramitación para ampliar aún más su número, de las segundas hay seis en plena guerra abierta con Isabel Díaz Ayuso debido a que esta proliferación va en paralelo con una progresiva regresión de su financiación. La cifra de instituciones públicas, al contrario de las privadas que viven un boom, se ha mantenido estable desde hace casi treinta años –la pública más joven es la Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996–. Lo que ha ido cambiando es un empeoramiento de las condiciones en las que prestan sus servicios por la caída de los recursos disponibles. Ahora bien, la apuesta de la comunidad de potenciar las instituciones privadas –se han creado siete en las últimas tres décadas, la última en 2022 pese a tener informes adversos– no es nueva, sino que es marca del PP madrileño, que ha gobernado ininterrumpidamente en Madrid desde 1995.

"Las universidades públicas de la Comunidad de Madrid están abocadas a la desaparición y lo digo así porque es así de dramática la situación", ha advertido este martes la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en rueda de prensa tras el consejo de ministros. Según un informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) de 2024 que analiza las universidades españolas desde una perspectiva autonómica, las instituciones públicas de Madrid son las que "menos transferencias corrientes y de capital reciben de su comunidad autónoma por alumno" . Morant ha corroborado que la financiación por estudiante en la comunidad madrileña está "un 21 por ciento por debajo de la media de España". La situación es límite, según denuncian las propias instituciones, que en las últimas semanas han subido el tono y han cerrado filas contra Ayuso, que se ha visto abocada al choque con los rectores de las seis públicas madrileñas y después de días de presión creciente ha terminado aflojando y moviendo ficha.

El detonante ha sido el primer borrador de los presupuestos autonómicos para 2025, que sólo incrementaba un 0,9% su presupuesto (unos 5,5 millones más) mientras que el crecimiento global del proyecto es de un 4% y los máximos responsables de las instituciones habían cifrado en 200 millones extra (un 18% más) lo que necesitaban para garantizar su funcionamiento. La semana pasada los seis rectores emitieron una carta conjunta denunciándolo y, en un almuerzo de trabajo este martes, la presidenta madrileña les ha comunicado que finalmente la aportación autonómica para el próximo año será de 47,3 millones más. Esto supone un incremento del 4,2% en relación con el anterior.

"Quince años de infrafinanciación"

Como reacción, se habían convocado protestas este jueves en las puertas de la Asamblea de Madrid coincidiendo con el debate de las enmiendas a la totalidad de las cuentas. Y aunque la oferta de Ayuso supone una mejora, la inversión se mantiene lejos de las necesidades que exponían los rectores que en la carta advertían de que están en una "situación crítica" que "en pocos años podría volverse catastrófica" después que acumulen "15 años de infrafinanciación y una progresiva reducción de ingresos".

"La precariedad laboral, la imposibilidad de reponer jubilaciones, las limitaciones en promociones, la paralización de proyectos formativos y de investigación y la incapacidad para atraer o retener talento son algunos de los desafíos recurrentes. A esto se suman infraestructuras obsoletas que representan un riesgo creciente para usuarios y trabajadores", relataban en la carta. La polémica se amplificó aún más cuando este lunes Morant denunció en una carta que Madrid era la única autonomía que se estaba resistiendo a suscribir un programa, llamado María Goyri, que daría a las universidades públicas madrileñas la posibilidad de incorporar más de 1.000 ayudantes de doctor. No firmando el convenio, Ayuso impedía que el gobierno español invirtiera "más de 169 millones de euros" –el 60% del coste de las contrataciones– en los próximos seis años, dijo.

Morant le pedía una rectificación que también ha llegado, al menos parcialmente, al día siguiente. Poco antes de encontrarse precisamente con los seis rectores críticos en el almuerzo al que les había convocado, el ejecutivo de la presidenta madrileña ha anunciado que tiene la "voluntad de rubricar el acuerdo". Ahora bien, desmarcándose del resto de autonomías, Ayuso prepara una propuesta alternativa que todavía no ha desgranado y de la que Morant desconfía. Desde Més Madrid apuntan que renunciar a este programa no tiene sentido presupuestariamente "a menos que el plan sea destrozar por completo" a las universidades públicas, ya que "el 30% del profesorado se jubila en los próximos cinco años" y será necesario llenar las vacantes igualmente con fondos propios si se quiere garantizar la continuidad de la enseñanza pública superior.