José Carlos Eiriz: "Hay empresas que prefieren una multa que dar trabajo a un discapacitado intelectual"

BarcelonaJosé Carlos Eiriz es desde este verano el nuevo presidente de Dincat, la federación de entidades para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, que estos días está de celebración por cumplir 50 años. Eiriz, economista de formación, lleva 32 años trabajando en entidades del sector, en lo que define como la aplicación de la teoría económica "al servicio de las personas y no del capital".

La película Campeones de Javier Fesser ejemplificó hasta qué punto ha cambiado la mirada de la sociedad sobre la discapacidad intelectual.

— La sociedad ha cambiado en ese tiempo, como lo ha hecho la concepción y el trato hacia las personas con discapacidad. Hace 50 años estábamos en el ámbito de la beneficencia, la caridad cristiana, en la segregación por crear un entorno seguro y, desde hace unos años, hemos avanzado hacia el reconocimiento y el ejercicio de los derechos, hacia una voluntad de la inclusión social en un entorno comunitario. Han pasado a ser unas personas sujetas a derechos. Por ejemplo, recientemente se ha conseguido el derecho a voto.

Sobre el papel no cabe duda de unos derechos reconocidos, ¿pero qué nota pondría a la inclusión real?

— No puede ponerse una nota porque la inclusión depende de muchos factores. No se puede puntuar todo el territorio, todas las personas, porque debemos mirar cuál es la situación de las personas, las ayudas que están recibiendo, el enfoque del trabajo, el punto geográfico en el que viven. Por ejemplo, en el ámbito rural es más fácil esta inclusión porque son pueblos pequeños donde se conoce a todo el mundo, la gente los conoce y los cuida. Pero en la ciudad es más complejo y se produce una integración parcial.

En este inicio de curso escolar, han proliferado las denuncias de una falta de atención al alumnado con necesidades específicas, en definitiva, del fracaso de la escuela inclusiva. ¿Qué está fallando?

— Dentro de la escuela ha habido una transformación para poner al alumno en el centro, respetar su ritmo, pero desgraciadamente, en escuelas y servicios sociales los recursos son genéricos, no específicos y, en un aula con alumnos que tienen diferentes necesidades, todos estos recursos son casi imposibles. Esto se explica básicamente porque ha habido un cambio muy importante en el perfil del alumnado: mayor detección del espectro autista que requiere una atención social y escolar diferente a la que necesitan los que tienen una discapacidad intelectual, y también la presencia de cada vez más alumnas con agresividad porque sufren un trastorno mental. Todo ello no se puede afrontar con los recursos con los que se atendía a personas con discapacidad.

Para adaptarse será necesario más recursos y más dinero.

— Sí, claro, las administraciones deben ponerse las pilas, pero ese dinero debe implementarse con acompañamiento de los profesionales que conocen la realidad y saben cómo hacerlo. La administración habla de presupuestos, pero es necesario que la buena voluntad de las palabras vaya acompañada de presupuesto para dar una atención adecuada al colectivo.

Otra asignatura pendiente es ocupar a estos jóvenes, que sufren el triple de paro que la media de la población.

— En el mundo laboral es todavía muy complicada la situación, y desde hace 10 años los puestos de trabajo, la cifra de empleo del colectivo, es una cifra estable, y no se da una respuesta a sus necesidades de una vida activa y autónoma. Hay mayor integración en clubes deportivos, en el mundo cultural, del arte, la pintura, el teatro, donde se tiene más normalizada la presencia de personas con discapacidad intelectual que compiten en equipos ordinarios.

¿Pero cómo hacer que se cumplan las cuotas de plazas reservadas para el colectivo?

— Cierto es que no se cumple la ley de inserción laboral ni las cuotas. Hay empresas que prefieren pagar la sanción económica que no cubrir la plaza con una persona con discapacidad. Los motivos para tomar esta decisión son diferentes, desde los que no saben cómo hacerlo, y aquí debo decir que Dincat se ofrece a hacer todo el acompañamiento, hasta los que pueden pensar que es un personal que será una carga de trabajo extra o han tenido una mala experiencia.

Una joven con discapacidad intelectual que aprobó unas oposiciones pedía la oportunidad de demostrar su capacidad.

— A menudo hay demasiado paternalismo en las empresas, también, porque al no saber cómo tratar con una persona con discapacidad los trabajadores se comportan con ellos con condescendencia, o, por el contrario, son demasiado duros y no les dejan trabajar a su ritmo. Basta con tratarlos como personas, como hacemos los profesionales del sector, que ya no los vemos como discapacitados, sino como nuestros padres o hermanos, a los que no ves ni juzgas por su aspecto. Cuando los tratas con naturalidad es cuando existe la integración real. Hasta que no estemos en unas tasas de paro equivalentes al resto de la población, sin embargo, no habrá un pleno ejercicio del derecho laboral. Ahora bien, la igualdad de oportunidades significa desigualdad de medios, es necesario darles herramientas y ayudas.

Hablaba de los profesionales. Todas las plantillas de servicios sociales denuncian unas deficientes condiciones laborales y de servicio. ¿Ustedes como patronal qué les dicen de los sueldos tan bajos?

— Que tienen razón, que tenemos unos profesionales de primera tratados como de segunda o tercera, y por eso, cuando pueden, se van a la educación o a la sanidad, ámbitos donde se les paga hasta un 30% más por el mismo trabajo y categoría. Como patronal del sector, la gran mayoría de nuestros servicios están financiados por la administración y la forma de calcular las tarifas está en manos de la Generalitat y, en este sentido, hace 12 años que las empresas del sector estamos sufriendo un incremento de costes muy superior a las partidas públicas. Esto significa que se ha perdido poder adquisitivo de las entidades y trabajadores.

Cada fin de año, las entidades sociales hacen un SOS por la infrafinanciación, lo que pone en riesgo la atención de mucha gente.

— El endeudamiento es alto, aunque existen entidades más saneadas que otras por muchos motivos. La realidad es que existen convocatorias públicas para servicios que salen en enero que no se cobran hasta un año después y esto provoca problemas de caja. Es necesario un cambio para que las subvenciones dejen de ser anuales y pasen a ser bianuales y avanzar hacia los conciertos de servicios para poder tener una estabilidad económica en servicios que son esenciales.

En esos 50 años también ha aumentado la esperanza de vida. ¿Estamos preparados para atender a personas mayores con discapacidad intelectual una vez quedan sin la familia cuidadora?

— Tenemos un modelo de cartera de servicios que acaban separando a padres e hijos cuando llega el momento en que los padres ya no pueden estar en casa y deben ir a una residencia, pero, en cambio, los hijos no pueden acompañarles porque no tienen 65 años. Debemos hacer que puedan seguir viviendo juntos, buscando nuevas fórmulas más inclusivas, que no segreguen en función de la edad. Cuando una persona con discapacidad cumple 65 años ya no puede seguir yendo a un centro específico y se les separa de sus amistades y referentes de toda su vida para trasladarlo a una residencia de ancianos. Debemos ser más flexibles y adaptativos. Además, no hay ayudas para cuidadores y las valoraciones del grado de dependencia se alargan demasiado y después hay listas de espera para las carteras de servicios sociales. Unas 3.000 personas aguardando desde hace años para un servicio residencial o un centro de día u ocupacional. Esto es muy grave.