La Iglesia catalana mantiene silencio sobre los abusos sexuales

BarcelonaLa Iglesia catalana se ha negado durante los últimos meses a hacer un ejercicio de transparencia a la hora de explicar los casos de abusos sexuales a menores cometidos durante los últimos años por parte de miembros de la comunidad eclesiástica. No hay voluntad para hacer ninguna investigación independiente ni tampoco para detallar cuántas denuncias se han recibido. "Vemos que el tipo de información que exige está relacionada con asuntos que afectan a personas: se trata de una información sensible y nos reservamos el derecho de hacerla pública en el momento que consideremos, por sus propias circunstancias, adecuado. Agradecemos su interés y compartimos la intención de construir una sociedad que avance hacia la justicia". Esta es la respuesta pactada por los obispados catalanes a una petición de información del ARA a principios de octubre, justo después de que se hiciera público en Francia un estudio independiente que cifró en 3.000 a los sacerdotes y religiosos abusadores desde el 1950 –una cifra a la baja– y en cerca de 330.000 a los menores que sufrieron los abusos dentro de la Iglesia francesa.

Este diario, de acuerdo con los postulados del papa Francisco, que ha reclamado en más de una ocasión "transparencia, sinceridad y solidaridad" a la hora de afrontar los casos de abusos sexuales que han afectado a la Iglesia, trasladó a los diez obispados catalanes diez preguntas para conocer cuántos casos de abusos por parte de miembros de la Iglesia habían remitido al Vaticano desde el año 2000. No se trataba de nombres ni destapar identidades –alguna de las cuales ya había revelado el ARA con sus investigaciones–, sino de saber los casos detectados y el número de personas que los han sufrido. Así mismo, también se solicitaba si se están analizando casos de años anteriores, si se aceptaría que un organismo independiente hiciese un estudio como pasó en Francia y si la Iglesia tendría que reparar económicamente a las víctimas.

Solo dos obispados, el de Vic y el de Sant Feliu, y el arzobispado de Tarragona, respondieron a la petición, mientras que Lleida, Tortosa, Girona, Terrassa, Solsona y Urgell, así como el arzobispado de Barcelona, utilizaron la misma fórmula que se acordó en el seno de la Conferencia Episcopal Tarraconense, donde las diócesis catalanas trataron la petición del ARA.

Voluntad de Tarragona

Tarragona es la archidiócesis más transparente. Durante el pontificado del arzobispo Joan Planellas han recibido tres casos de "presuntos abusos a menores" por parte de "presbíteros", los tres remitidos a la Fiscalía, y dos más que hacían referencia a los Mercedaris de Reus, que se trasladaron a los responsables del Seminario. De los tres casos que se analizaron, uno afectaba a un sacerdote que fue "exonerado", otro tiene una sentencia firme y un tercero sigue abierto por la vía civil. En su respuesta, Tarragona defiende que "ha dado muestras de firmeza en la aplicación de su ordenamiento incluso cuando civilmente estaba prescrita la posible acción delictiva", y no cierra la puerta a hacer lo mismo que Francia, un estudio de un organismo independiente. Por su parte, el obispado de Vic informó de un único caso en el 2000 "con condena civil, y que ya fue difundido a través medios de comunicación". Se trata de la condena a dos años de prisión que el juzgado penal número 1 de Barcelona impuso en 2006 a un padre de Igualada por haber abusado sexualmente de una chica con discapacidades psíquicas. En el caso de Sant Feliu, no se ha recibido ninguna denuncia en los diecisiete años de historia que tiene la diócesis desde su fundación.

Desde algunas diócesis se apunta que esta cuestión se tendría que tramitar desde el Gabinete de Información de la Iglesia en Catalunya, que, según ellos, tendría que ser el encargado de recopilar la información y coordinarla. Un encargo que el Gabinete descarta, asegurando que es una cuestión que atañe a cada una de las diócesis.

Barcelona se echa atrás

Si bien inicialmente el arzobispado de Barcelona aseguró que facilitaría la información, finalmente lo descartó dando la misma respuesta que los otros seis obispados. El cardenal Joan Josep Omella, sin embargo, ha tenido que gestionar durante los últimos días la investigación periodística del diario El País, que remitió al propio Omella y al papa Francisco las conclusiones de tres años de trabajo, en el que se recogen 251 clérigos y seglares acusados de pederastia. El Papa trasladó el informe, de 385 páginas, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, la institución que centraliza estas cuestiones y que dirige el jesuita español Luis Ladaria. Los casos que afectan directamente al arzobispado de Barcelona, por su parte, se han enviado al Tribunal Eclesiástico competente. "Algunos responden a causas ya abiertas hace tiempo por el propio Tribunal, algunos casos incluso ya se han resuelto y otros nunca han sido denunciados", detallan fuentes eclesiásticas.

Antes de que El País publicara su investigación, el Vaticano rechazaba dar informaciones sobre denuncias por abusos argumentando que son asuntos que afectan a las respectivas diócesis y comunidades religiosas y remitiendo cualquier respuesta a la carta apostólica Vos estis luxmundi, la legislación más reciente en este campo de la Iglesia católica y que se aprobó en 2019. El Vaticano no facilitó datos ni hizo ningún exhortación a las diferentes diócesis a ser transparentes, mientras que la Conferencia Episcopal, por su parte, remite al estudio que hizo público en la primavera: 220 sacerdotes fueron denunciados desde el 2001, cuando el Vaticano ordenó centralizar todos los casos en la Congregación de la Doctrina de la Fe. Los datos son españoles y no se facilita el número de casos por diócesis.