El gobierno español desaloja a los inmigrantes de la playa de Ceuta para reubicarlos, pero unos 500 vuelven
Las instituciones abren las primeras 1.800 plazas de acogida, sin que se sepa todavía cuántas personas quedan por las calles de la ciudad
Barcelona / MadridJusto cuando empezaba a salir el sol, la Policía Nacional y la Guardia Civil desplegaron este jueves un enorme dispositivo en la playa de El Trampolín de Ceuta para desalojar a los miles de inmigrantes –no hay cifras oficiales para saber cuántos son– que malvivían allí en condiciones inhumanas desde la entrada masiva de finales de julio. Escoltadas por la policía y con el apoyo de entidades sociales, unas 1.700 personas han ido desfilando a pie hasta los dos primeros centros de acogida temporal que el gobierno español acaba de abrir para intentar que la ciudad africana recupere la normalidad rota por la llegada de miles de inmigrantes. Tan solo unas horas después, cuando las brigadas municipales aún limpiaban basura y todo tipo de enseres que los inmigrantes habían usado para levantar un campamento precario, unas 500 personas han vuelto, lo que ha obligado a detener los trabajos de las brigadas municipales. Su temor es que, en un lugar oficial, sean devueltos a Marruecos, como han explicado algunos a el ARA.
Para evitar conflictos entre ellos, la policía ha separado a los inmigrantes en función de su nacionalidad y los ha distribuido en los dos primeros centros de acogida disponibles, a la espera de que se terminen de acondicionar tres más. A los inmigrantes de origen subsahariano los han conducido hasta el recinto militar Loma Margarita, donde se han levantado tres estructuras metálicas, similares a un cobertizo, pero sin paredes. Los marroquíes, por su parte, se han instalado en carpas militares situadas en el parking del Embolsamiento de Loma Colmenar, una zona cedida por el gobierno local muy próxima a la frontera marroquí de El Tarajal. Tanto unos como otros son espacios pensados para una acogida temporal, pero disponen de mesas para comer, lavabos portátiles, agua, atención psicosocial, entre otros. Todos los servicios básicos de los que no disponían en la playa, donde se había acabado creando un asentamiento informal, marcado por condiciones inhumanas. "Es la punta del iceberg de los recursos temporales de acogida y atención humanitaria", ha señalado la ministra de Migraciones, Elma Saiz, sobre los operativos desplegados.
A estas dos instalaciones se sumarán, en los próximos días, nuevos espacios habilitados, como el de La Hípica, un complejo ecuestre cubierto que tiene servicios de duchas y almacenes; también el antiguo campo de fútbol en el cuartel de Caballería y el espacio del Guano, ambos propiedad del ministerio de Defensa.
En el desalojo de este jueves se han visto personas heridas y otras con signos evidentes de malestar, como ha reconocido la propia ministra. Los médicos y las enfermeras de Ceuta habían pedido un "plan de actuación para emergencias y catástrofes" porque los servicios de salud pública no dan abasto. Fuentes policiales calculan que el número de personas, todos ellos hombres, que han vivido en la playa desde la entrada masiva del 31 de julio, podría oscilar entre las 3.500 y las 5.000 personas. La previsión del gobierno español es que la reubicación continúe los próximos días, a medida que los nuevos espacios habilitados estén disponibles.
Pelea política
Casi tres semanas después de la llegada masiva de inmigrantes, el gobierno español todavía no ha dado ninguna cifra sobre el número de personas que se han quedado en Ceuta. Este jueves la ministra se ha limitado a poner énfasis en las 1.800 plazas habilitadas y en las que se abrirán próximamente, sin especificar si cubrirán las necesidades de todo el grupo de inmigrantes o si serán insuficientes. El presidente de Ceuta, el popular Juan Jesús Vivas, ha celebrado que el gobierno español "atienda la emergencia", pero también ha señalado que el traslado de estas personas "no arregla el problema". Vivas ha instado al ministerio del Interior a acelerar los expedientes de expulsión, porque al ritmo actual, "de unos 20-25 al día", se tardaría "un año" en deportarlos a todos, apunta.
Al lado del presidente andaluz, Juanma Moreno, que ha visitado la ciudad autónoma, Vivas ha abogado por "blindar las fronteras" y retornar los inmigrantes a sus "lugares de origen". Tanto Moreno como la presidenta extremeña, María Guardiola –ambos presidentes que gobiernan gracias a un acuerdo con Vox–, han cargado contra la gestión del gobierno de Pedro Sánchez, pero también han asegurado que respetarán "la ley vigente" para acoger a los menores de edad que deben ser reubicados en la Península. En una reunión la próxima semana entre el ministerio y las autonomías se debe perfilar cómo y cuándo se debe hacer el traslado de las 500 niñas inmigrantes para que sean acogidas por entidades de protección a la infancia.
Sobre este traslado, polémico porque implica que finalmente hay inmigrantes que entran en el área Schengen, la Comisión Europea ha vuelto a hacer este jueves un ejercicio de malabarismo político: si, por un lado, Bruselas defiende el "deber" que tiene España de proteger a las criaturas que hay en Ceuta, por otra, reitera la"expectativa" de que sean deportados todos los inmigrantes que entraron de forma irregular en la ciudad. El portavoz comunitario de migraciones, Markus Lammert, ha indicado que Bruselas está a la espera de que el ejecutivo español le detalle sus planes, pero ha dicho que a estas alturas no está "en condiciones de confirmar que el gobierno haya tomado una decisión al respecto".