Demandantes de asilo, abocados a la irregularidad ya perder el trabajo

BarcelonaEl abogado de Guillermo y Silvia (nombres falsos) les aconsejó renunciar a continuar con los trámites para la protección internacional que habían iniciado en el 2021, cuando llegaron de un país centroamericano que prefieren no revelar. Instalados con su familia en una localidad de Girona, ambos habían logrado un contrato indefinido, cotizando a la Seguridad Social "desde el primer día" y confiando en poder dejar atrás años de persecuciones y penurias de un exilio forzado. Cuentan que el otoño del pasado año ya tuvieron una resolución desfavorable y que con "la amenaza del 20 de mayo" decidieron desistir de ser reconocidos con el asilo, aunque este paso supone que pasan a estar en situación irregular. Lo más duro, afirman, fue tener que informar a los responsables de las empresas que no podían seguir trabajando legalmente.

El próximo 20 de mayo entra en vigor el nuevo reglamento de Extranjería con el que el gobierno de Pedro Sánchez afirmó que permitiría la regularización de unas 300.000 personas, ya que suaviza los requisitos para el arraigo social o de estudios, las principales vías de regularización de los extranjeros extracomunos. Sin embargo, el texto tiene un efecto perverso para los demandantes de protección oficial: en caso de una resolución negativa no se les contará todo el tiempo en que han vivido y trabajado en el Estado y tendrán que quedarse a la irregularidad administrativa durante dos años antes de poder iniciar el arraigo, frente a los seis meses actuales.

Pasar a la clandestinidad

Oficialmente, no hay datos de cuántas personas existen en esta situación, pero se calcula que superan las 200.000. España es, de hecho, el país de la Unión Europea que menos asilo concede, ya que sólo aprueba el 18% de las demandas, mientras que la media comunitaria roza el 40%. Las entidades en defensa de los derechos humanos critican la perversidad de un sistema que deja en la más extrema vulnerabilidad y riesgo de exclusión a personas que llevan "meses e incluso años cotizando", señalan desde la Comisión Catalana de Acción por el Refugio (CCAR), que asesora jurídicamente y acompaña a este colectivo.

Guillermo, de 39 años, era un alto cargo militar que investigó una red de corrupción que señalaba el presidente del país. Tres de los cuatro miembros que conformaban la unidad especial fueron asesinados, mientras que él asegura que atentaron contra su vida y la de su familia, y se salvó por los pelos. Cuando aterrizó en el aeropuerto de Madrid afirma que se sintió "aliviado" y confiado en que, con un poco de esfuerzo, podría salir adelante con sus tres hijos, dos de ellos menores de edad. Con una vida "cómoda", nunca se planteó la idea de emigrar porque "no tenía necesidad económica". Como en Cataluña tenían conocidos, se trasladaron a ella y, enseguida vieron que con la voluntad y la esperanza no tendrían suficiente.

"Los alquileres están imposibles y tuvimos que vivir los cinco en una habitación y en el comedor de unos conocidos", explica el hombre, que agradece también las facilidades que ha tenido para empadronarse. Gracias a que los demandantes de asilo tienen permiso de trabajo a los seis meses, padre e hija firmaron un contrato laboral indefinido que les ha permitido levantar cabeza, e incluso comprarse un pequeño vehículo necesario para ir a trabajar. "Ahora, pero, ¿quién va a pagar la luz, el agua, los gastos si no entra ningún sueldo?", se pregunta el padre. "Es absurdo vernos ahora irregulares y sin trabajo cuando hemos hecho todos los esfuerzos y estamos integrados", se queja.

Hasta el 15 de mayo, Assane Ndiaye trabajará en el club deportivo de Montjuïc en el que empezó el pasado mes de enero. Ha tenido que renunciar al contrato y al sueldo que le permitía sobrevivir e incluso enviar dinero a la familia a Senegal. A mediados de marzo, la denegación de la solicitud de asilo también dejó a este senegalés de 29 años en la irregularidad en los próximos seis meses, cuando podrá iniciar los trámites de arraigo social. "Bien mirado, es una suerte que la denegación haya llegado antes del 20 de mayo", señala conformado a la fuerza.

Además, a finales de marzo tuvo que salir del piso en Santa Coloma de Gramenet en el que la entidad Cepaim le había acogido como parte del programa de protección internacional del gobierno español. Su otra "suerte", en este aspecto, es que puede evitar quedarse a la intemperie de la calle o en uno de los tantos asentamientos que ocupan sus paisanos que se dedican a la chatarra porque una familia le ha acogido en su casa. Hace unos meses Ndiaye conoció al barcelonés Jesús García en un programa de mentoría que la Generalitat acaba de anular por reformularlo, según indica el departamento de Derechos Sociales e Inclusión.

De esta relación que en principio debía servir para que el joven senegalés practicara el idioma y tuviera un apoyo para el difícil trámite de la protección internacional, salió una amistad inesperada. "Cuando me dijo que no le daban el asilo, no podía creerlo y, cuando le conté a mi mujer, me dijo: «Pues, tendremos que adoptar a Assane»", relata García, que subraya las contradicciones del sistema. Así, el joven se ha convertido en uno más de esta familia solidaria, que dice entender que el encaje puede generar algún conflicto, pero están decididos a que todo vaya bien y que el invitado tenga lo antes posible el permiso de residencia y laboral.

La historia de Ndiaye está marcada por la violencia y las tensiones entre pescadores de su pueblo, Kayar, junto a los del vecino Mboro. "Llegó un momento en que no se podía trabajar en el mar y te atacaban, vi cómo quemaban y morían amigos míos", explica, mientras enseña las fotografías de los rostros de chicos totalmente quemados por el lanzamiento de gasolina por parte de grupos rivales. La imposibilidad de ganarse la vida de la pesca en Senegal se debe, sin embargo, sobre todo por los acuerdos pesqueros con la Unión Europea, que permiten a los grandes barcos europeos llevarse el pescado. Esta situación ha provocado que los pescadores deban buscarse la vida o emigrar.

En Ndiaye, el mismo pescador que le enseñó el oficio le ayudó a subir al cayuco hacia Europa. Ese día, afirma, se encontró con el su hermano menor de edad que también quería hacer el viaje. A pesar de llegar juntos a Canarias, Ndiaye fue trasladado a Reus, donde estuvo en un hotel esperando si le aceptaban la demanda de asilo, mientras que el pequeño se encuentra tutelado por el gobierno canario hasta que cumpla la mayoría de edad. Hablan periódicamente, y el joven confía en que cuando consiga los permisos y vuelva a tener un trabajo regular pueda hacer el reagrupamiento familiar y empezar una nueva vida. Sin embargo, sabe que le esperan meses duros, porque incluso una multa o una identificación policial puede manchar su expediente a la hora de regularizarse.

A Silvia, que ahora tiene 21 años, encontrarse en la irregularidad también le impide reanudar los estudios que dejó en el país. Tampoco puede solicitar una beca. "Sin un NIE [documento de identidad para los extracomunitarios] no puedes hacer nada", reafirma. Los tres demandantes de asilo coinciden en que, lejos de lo que pueda parecer, los trámites de protección internacional son complicados desde el momento en que se quiere pedir cita. El sistema está colapsado y los teléfonos comunican constantemente. Sin embargo, en el 2024 se registraron 167.366 solicitudes, una cifra récord, la mayoría procedentes –por este orden– de Venezuela, Colombia, Malí, Perú y Senegal. Esto desmonta el argumento del gobierno español de que con el endurecimiento del asilo pretendía desmontar un supuesto efecto llamada. Por el contrario, desde la CCAR inciden en que sólo se logra desproteger y "erosionar uno de los pilares de los derechos humanos".