Demandantes de asilo llevan un año esperando en un hotel de Reus: "No podemos trabajar, estamos desesperados"

ReusAblaye Diop toca madera para que la próxima semana le den el resguardo que le acredita como demandante de asilo y que así el reloj empiece a correr para buscar un trabajo. Hace apenas un año entraba por la puerta de un hotel de Reus, junto con unos sesenta jóvenes como él, que semanas atrás habían llegado a Canarias desde las costas africanas. Hechos los primeros trámites de identificación, entraron en el programa humanitario de protección internacional del ministerio de Inclusión y, autorizados por el de Interior, fueron trasladados en avión a la Península para iniciar los llamados itinerarios personales, cuyo objetivo es formar y dar herramientas a estas personas para una vida autónoma.

En ese momento, recuerda que todo el grupo estaba entusiasmado de haber dejado atrás la pesadilla de una semana de travesía en patera y de los campamentos de acogida canarios, saturados por el gran flujo de llegadas a partir de la pandemia. Superado un viaje en el que habían pasado varias fronteras de países africanos, poco imaginaban que en la carrera por regularizar su situación todavía le faltaban muchos metros para llegar a la meta. Han pasado 12 meses en Reus, y la gran mayoría de jóvenes siguen "esperando", relata el gambiano Abdullah, de 19 años, que apenas levanta la mirada de tierra cuando habla.

Plazo de tres meses

Sobre el papel, tres meses después de haber llegado ya deberían tener una respuesta a su petición de si tienen derecho a la protección internacional, una figura reconocida por el derecho internacional y humanitario, que está pensada para acelerar los pasos para personas vulnerables que han huido de persecuciones (por religión, orientación sexual, género, activismo social o político) o por conflictos y guerras. Sin embargo, la realidad es que no hay citas para completar los procesos, lo que ha hecho que todos los trámites se alarguen meses o incluso tres o cuatro años. Adrián Vives, responsable de incidencia política de la Comisión Catalana de Acción por el Refugio (CCAR), señala que "el sistema está saturado y el teléfono no funciona" y cuando se agarra línea se hace difícil la comunicación porque la atención es sólo en castellano. "Las personas quedan en la vulnerabilidad", reprocha, y reclama agilizar el programa aportando más personal para recoger las huellas dactilares o las entrevistas personales, así como aumentar las plazas de acogida en respuesta al incremento del 37% de demandas año pasado (164.000 en España) para evitar que los demandantes tengan que malvivir en la calle.

Diop, como su amigo Babacar Saar, explican que se marcharon de Senegal debido al temor a represalias por la inestabilidad política y también porque la pesca y la agricultura que los ocupaba ya no dan para alimentar a la familia. El cambio climático, los bajos precios agrícolas, así como los convenios de pesca con la Unión Europea para primar a los barcos comunitarios frente a los locales, han obligado a miles de jóvenes a emigrar. "No pensábamos que sería tan y tan duro, que nos dejarían en un hotel sin hacer nada, absolutamente nada, nada más esperar, y es desesperante", acierta otro chico de Senegal que no quiere identificarse. "Estoy harto de oír a gente que me dice que tenga paciencia, que espere, que me ayudarán, pero yo sigo aquí".

En Reus quedan una treintena de migrantes sin siquiera la cita para iniciar los trámites. Un año de espera, en tierra de nadie, sin ningún objetivo, y la rutina diaria es un auténtico suplicio que acaba por chupar la fuerza y ​​energía de la juventud de los demandantes, afirman los activistas. La ley les impide trabajar y, con suerte, algunos han logrado trabajos en el campo, como cosechar algarrobas a "cuatro euros la hora", explica uno de los chicos.

Clases de lengua

Reus, Vilanova y la Geltrú, Masnou, Calella y también Tossa de Mar son algunas de las poblaciones donde el ministerio y las entidades contratadas encuentran espacios suficientemente grandes y dignos para realizar las acogidas. Son soluciones temporales, pensadas para unos meses, pero a la hora de la verdad las estancias se eternizan. "Ni estamos de vacaciones ni estamos descansando, pero es que no podemos hacer otra cosa que comer, dormir y andar", lamenta Diop, que no esconde la rabia y también la decepción. "No quiero hablar con mi familia, porque no les he podido enviar dinero todavía, eso es muy doloroso", continúa otro joven, con mujer e hijos en Senegal. Elena Jiménez Rodríguez, voluntaria de Reus Refugio, afirma que el "gran sufrimiento" de estos jóvenes es "no poder ayudar en casa, les causa un sentimiento de culpa, de no ser útiles". Esta entidad de base, formada por voluntarios, organiza clases de lengua, les ofrece billetes de tren y acompañamiento para relacionarse con las administraciones. Algunos jóvenes explican "el abandono" en el que se sienten, porque en este tiempo no se les ofrece formación y critican la calidad de la comida. "Con el poco dinero que conseguimos compramos leche o galletas para cenar", afirman.

Entre los que se han marchado del hotel, algunos fueron trasladados a otros centros, también dentro del programa de acogida que gestiona Cruz Roja. El ministerio de Inclusión contrata a entidades del tercer sector para que los demandantes de protección internacional tengan el alojamiento, la comida cubiertos y puedan seguir cursos de castellano o catalán. Sólo Cruz Roja tiene alojadas a 15.000 personas en esta situación y directamente atendidas del ministerio hay otras 7.200. Las resoluciones favorables al asilo representan en torno al 10% y son los nacionales de Venezuela, Colombia y este año también Mali los más beneficiados. La denegación implica salir del programa y quedar en la irregularidad administrativa, es decir, tener que tener tres años como mínimo de estancia en el país para realizar el arraigo social. Será a partir de entonces que puedan optar al permiso de residencia, siempre que tengan una oferta laboral de un año de contrato a tiempo completo. "Es una condición complicadísima", insiste Jacinto García Rebull, miembro de la Unidad contra el Fascismo y de la Coordinadora Abrimos Fronteras en el Garraf. "La gente no puede estar dos o tres años con la vida parada", denuncia este activista, que como Jiménez también incide en la importancia de que los ayuntamientos den de alta a los padrones los demandantes de asilo.

Las trabas del empadronamiento

Desde hace años, en Vilanova y la Geltrú existe un hotel con beneficiarios de los programas humanitarios y la mayoría están empadronados. Pero el padrón sigue siendo una línea roja para muchas alcaldías que imponen restricciones, pese a que las leyes y la instrucción del Estado y la Generalitat son claras en la obligatoriedad de registrar a todos los residentes. El padrón posibilita tener acceso a la tarjeta sanitaria y, en el caso de los menores, a una plaza escolar. Las ONG critican que la "excusa" para no empadronar a los demandantes de asilo es que "están de paso en el municipio" cuando en muchos casos no es así, apunta Maria Creixell, portavoz de la Coordinadora, que indica que, además, se les perjudica porque para el arraigo se exige un padrón ininterrumpido de dos años.

La cara del éxito del programa es la del Ibrahim, un informático senegalés que desde hace unos meses ya tiene la tarjeta roja, el resguardo que le acredita como demandante. Dice que "no ha sido fácil", pero está satisfecho de estar trabajando en un catering. "Se puede decir que tuve suerte de no morir en la patera y ahora también porque me eligieron con otros chicos para obtener la cita", explica, pero insiste en que la mayoría de sus compañeros del hotel de Reus " nada tienen y algunos están tan tristes que no quieren salir ni de su habitación". Este joven continúa en el programa humanitario alojado en una habitación del hotel reusense porque en su camino se ha topado con un mercado inmobiliario con precios prohibitivos o que descartan a un inquilino por ser inmigrante. "Ahora sólo me queda encontrar un piso que pueda pagar –sonríe–. Y que mis amigos también estén mejor", concluye.