El Supremo da 10 días al gobierno español para hacerse cargo de un millar de menores no acompañados acogidos en Canarias
El tribunal acepta una medida cautelar solicitada por el gobierno de las islas
BarcelonaLa sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo ha aceptado una medida cautelar solicitada por el gobierno de Canarias para que, en un plazo improrrogable de 10 días, el gobierno español se haga cargo de un millar de menores inmigrantes no acompañados que son acogidos actualmente por la comunidad autónoma.
El tribunal requiere a la Administración del Estado que "garantice el acceso y la permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de aquellos menores, actualmente con cargo a los servicios de protección de menores de la comunidad autónoma de Canarias, que hayan solicitado protección internacional o hayan manifestado su voluntad de solicitarla". En este sentido, añade que debe actuar con "la necesaria colaboración y cooperación" de Canarias y que siempre debe priorizar el principio del superior interés del menor.
El acuerdo de la sala también incluye que en ese plazo de 10 días el ejecutivo español debe informar de las medidas que se adoptan. Transcurrido este período, el Supremo decidirá sobre la celebración de una vista pública en relación con el cumplimiento de la medida cautelar adoptada. Según el tribunal, la medida afecta a un millar de menores inmigrantes no acompañados que han solicitado asilo o protección internacional.
El auto concluye que, tras examinar las competencias de ambas administraciones [el gobierno español y el gobierno canario], el ejecutivo de Pedro Sánchez no ha puesto a disposición de las islas el "sistema estatal de acogida de los menores que solicitan protección internacional", aunque la comunidad tiene "pleno" mente en el que viven estos menores.
Además, el Supremo recuerda que tanto la ley de asilo y protección subsidiaria como el real decreto por el que se aprueba el reglamento que regula el sistema de acogida en materia de protección internacional diseñan "un completo sistema de acogida" que incluye, entre otros derechos, el de "recibir prestaciones sociales específicas en los términos que recoge la ley", que de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad".
Ayuso lleva el reparto al TC
En paralelo, el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha acordado llevar al Tribunal Constitucional el reparto de 4.400 menores inmigrantes que existen en las Islas Canarias y Ceuta. La presidenta madrileña ya advirtió de que plantaría batalla jurídicamente contra el acuerdo del gobierno español y Junts quefija los criterios para repartir al resto de comunidades estos menores inmigrantes(y sitúa a Madrid como la que más tendrá que acoger).
En un mensaje a X, la presidenta madrileña ha argumentado que el decreto que aprobó hace una semana el ejecutivo de Sánchez "invade competencias exclusivas autonómicas", "vulnera derechos fundamentales del menor" y "los principios de lealtad administrativa negociándolo con partidos independentistas", entre otros. Pese a esta oposición, Ayuso ha garantizado que cumplirá la ley yacogerá a los menores que se le asignen finalmente.
