Marcados con un yeso blanco: así se envían los migrantes de Baleares hacia Barcelona

BarcelonaLa de África a las Baleares es la ruta migratoria que más crece y convierte el archipiélago en una de las puertas de entrada de la inmigración irregular. Sin posibilidad alguna de hacerlo legalmente, y con el control militar y policial intensificado en la ruta de Canarias, cada vez más personas migrantes buscan alternativas para llegar a territorio europeo. Las pateras que llegan a las islas desde las costas de Argelia han subido en un 84% en los nueve primeros meses del año, mientras que las llegadas de embarcaciones a España decaen en un 38%: así, las Islas ya representan el 23% del total de las llegadas, cuando siete años atrás ese porcentaje era residual, un 0,4%, según los últimos datos del ministerio del Interior.

Con este aumento, también ha cambiado el origen de quienes desembarcan. Si hace poco eran mayoritariamente personas procedentes del Magreb, cada vez hay más originarias de países en guerra. Sólo entre enero y agosto de 2025, han llegado por esta vía 1.190 personas somalíes, un colectivo con una tasa de reconocimiento de asilo del 98%.

Sin embargo, el sistema de la primera acogida es muy deficitario en Baleares y no está preparado para identificar a estas personas, tramitar sus solicitudes de asilo y darles una primera asistencia médica para atender el estado de vulnerabilidad al que llegan, según denuncia un informe de las organizaciones Irídia y Novact que se ha presentado este jueves. Ambas entidades pro derechos humanos denuncian un sistema totalmente desbordado, con pocos efectivos y recursos, y vulneraciones de los derechos de los migrantes en el itinerario migratorio que va desde las llegadas por mar a las islas hasta el traslado y acogida a Barcelona y el control policial en la frontera francesa.

Marcados con un número

Cuando se rescata una embarcación, la Guardia Civil espera a sus ocupantes en el puerto para hacer de "forma sistemática" una identificación que "atenta contra la integridad moral" de las personas, denuncian. Aún con la ropa empapada de la travesía y sin ninguna atención médica, los agentes escriben sobre la piel de la mano o el brazo –en un lugar visible– de los migrantes un número cuyo yeso blanco no puede borrarse fácilmente; una práctica que el Defensor del Pueblo ya reclamó que se dejara de cumplir hace 15 años porque estigmatiza y deshumaniza a estas personas.

A continuación, se les traslada en furgonetas al Centro de Atención al Extranjero (CATE), donde quedan presos ya disposición de la Policía Nacional durante las siguientes 72 horas. Desde 2022, 12.397 personas han sido detenidas en el centro de Son Tous. Lo grave es que han entrado 1.168 menores de edad, un colectivo que goza de una protección especial que impide que se les interne y se les prive de libertad.

La mayoría de los adultos son puestos en libertad y se les conduce a la Estación Marítima por embarcarse hacia Barcelona o Valencia, muchas veces sin contarles nada de hacia dónde van ni qué deben hacer cuando lleguen al destino. En caso de personas muy vulnerables o mujeres con hijos, sólo se les deriva a centros especiales si hay plazas, cosa que normalmente no ocurre. El trayecto del ferry es gratis porque, según un acuerdo no público entre la administración y la empresa Baleària, los migrantes pueden obtener el billete con la notificación de devolución a su país.

Las entidades denuncian que no se les ofrece poder contactar con familiares para notificar que han llegado bien y se desatienden a las personas que requieren una atención específica. Todo el mundo se embarca, salvo en los menores de edad identificados como tal, que quedan bajo la tutela del Govern Balear. Ahora bien, como ocurre en Canarias, muchos de estos adolescentes aseguran que son mayores de edad para evitar quedarse bloqueados en la isla y poder continuar su camino, ya que a menudo les esperan familiares o amigos en terceros países de Europa.

Sin ayuda en Barcelona

Nada más llegar a Valencia o Barcelona, ​​los migrantes adultos deben buscarse la vida porque no se les permite la entrada al sistema de protección humanitaria. En cuanto a los menores de edad que una vez en la Península reclaman protección, las entidades también han constatado que se siguen haciendo pruebas poco fiables de determinación de edad sobre menores con pasaporte legal y que a menudo les dejan fuera del sistema. Faltan plazas para acoger a estas criaturas, que quedan directamente en la intemperie, afirman las autoras, y se vulneran así los derechos de la infancia.

El tercer foco del informe es la frontera catalano-francesa: en Portbou, La Jonquera o Figueres llegan decenas de migrantes que atraviesan hacia Europa y se topan con controles policiales o en los trenes con "identificaciones raciales" que les impiden continuar el camino. De este modo, el Empordà actúa como un embudo, un punto de contención de migrantes, que para evitar las expulsiones de los trenes optan por andar en medio de las vías o dentro de los túneles, con el peligro vital que ello conlleva. De hecho, se han documentado varias muertes por atropello. La policía francesa también realiza controles en la frontera y realiza "retornos en caliente, sin ningún tipo de procedimiento", incluso de personas heridas o enfermas. Según el estudio, los migrantes denuncian maltrato por parte de la policía francesa. En este tramo, las autoras del informe lamentan que, pese a que Catalunya forma parte de la ruta migratoria de paso hacia países del norte, no cuenta con recursos oficiales y ese "vacío institucional" suelen llenarlo entidades y ciudadanía de buena voluntad.