Infancia

Menores que se han regularizado: "Hemos venido a buscar un futuro"

Entidades y abogados alertan que hay criaturas de familias monoparentales o que viven con tíos que han quedado fuera

BarcelonaDesde que llegó a Barcelona, Silvia vive en la irregularidad administrativa. Con doce años siguió los pasos de su madre, Ángela, que el verano de la pandemia emigró desde Honduras confiando en que pronto podría regularizarse. Viendo que no sería fácil, pagó un pasaje de avión a la niña y casi dos años después aterrizaba aquí, sin saber que aquí le esperaba compartir la cama en una habitación realquilada. No recuerda por cuántos pisos ha pasado, pero sí que recuerda el día que supo que sería "diferente", cuando desde la escuela se planteó una salida al extranjero y ella no tenía pasaporte.

Silvia es una de las 30.000 criaturas que en Cataluña sobrevivían sin papeles, al menos hasta la regularización extraordinaria, que cerró con 1,17 millones de solicitudes en el Estado (257.000 en Cataluña). De estas peticiones, el 11% son de menores de quince años. Para Save the Children, el proceso ha sido beneficioso para otorgar derechos y protección al colectivo porque se han suavizado las exigencias de la vía ordinaria, explica Jennifer Zuppiroli, especialista en infancia y migración de la ONG, pero lamenta que el gobierno español no aceptara la propuesta de crear "solicitudes independientes" de los menores para atender las situaciones complicadas. Los menores regularizados tendrán un permiso de residencia de cinco años, mientras que para los adultos es solo de un año.

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Malestar emocional

Para Ángela, lo peor de todo ha sido ver cómo Silvia "se quedaba sin la alegría de la adolescencia". Una angustia similar se vive en casa de Sandra, una madre argentina que llegó en 2022 con tres hijos de entre dos y diez años para reencontrarse con su marido, que se había adelantado unos meses antes. Aunque los padres han intentado proteger a las criaturas de nervios y miedos por la situación, el hijo mayor –que ahora tiene catorce años– no se ha podido librar: “Ha querido ser mi padre, mi marido, mi hermano y el trabajo ha sido mío para decirle que soy yo la que los tiene que cuidar”, revela la madre, convencida de que haber dado el paso de emigrar servirá para que los niños tengan futuro.

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Desde el Casal dels Infants, una entidad que hace décadas que atiende a criaturas vulnerables, se destaca que los pequeños sufren el impacto económico de la "precariedad y la inseguridad laboral" de los progenitores sin papeles, que no pueden acceder a prestaciones, así como "un coste emocional" que supone no poder volver al país de origen y el quebranto de los lazos familiares o el malestar que hay en casa.

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El caso de Sandra demuestra hasta qué punto las leyes y la burocracia se desentienden de las unidades familiares, lo que hace que la vida de estas criaturas haya seguido una montaña rusa según la suerte de los progenitores. A la pareja se les aceptó, por separado, la solicitud de asilo: la madre por un lado y, por otro, el padre y los hijos. Así se garantizaron un permiso provisional de trabajo que les permitió seguir adelante. El retraso en las resoluciones, sin embargo, hizo que Sandra renunciara al asilo y buscara el arraigo por estudios. La sorpresa llegó hace unos meses, cuando al hombre –y, por tanto, a los hijos– le denegaron el asilo. Ahora están a la espera de que se resuelvan los recursos y también la demanda presentada en el proceso extraordinario.

“Vinimos porque los niños comían carne o leche una vez por semana y aquí, a pesar de todo, podemos comprar un paquete de hamburguesas y fruta”, se explica Sandra, que recuerda cómo no paró de moverse para tener un techo. Primero pagó un hotel con los ahorros y después fue a un alojamiento social y a habitaciones de alquiler. Ahora los cinco viven en un piso que les ha cedido un conocido a buen precio, pero confían en que con los papeles la situación mejore e incluso puedan optar a una hipoteca.

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Heredar la irregularidad

Una vida libre de trabas es lo que también persigue Lidia, que ya sabe lo que es dejar la oscuridad de la irregularidad. Tiene 26 años y, sin saberlo, llegó de Honduras embarazada de pocas semanas. Hasta que el cuerpo le dijo basta, continuó trabajando en la limpieza y cuidando personas mayores. En su país dejó con su madre un hijo de tres años al que no ha vuelto a ver y con quien, cuando tenía un año y medio, intentó emigrar a Estados Unidos. Al poco de llegar, la deportaron: “Estuve un mes caminando con él en brazos, por eso pensé que en España sería más fácil sin criaturas”.

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Se equivocó. Su hija nació en Barcelona, pero como la ciudadanía se adquiere por sangre (ius sanguinis) y no por lugar de nacimiento, la niña heredó la irregularidad materna (solo en algunos países, los recién nacidos obtienen la nacionalidad en el plazo de un año). Con todo, madre e hija recibieron una buena atención pública, pero sin NIE no pudo solicitar el carnet de familia monoparental y las ayudas que le correspondían. “Por suerte, en el Casal dels Infants me ayudaron mucho”, agradece. A principios de este año, Lidia consiguió el favor de una mujer que le hizo un contrato de tres meses a cambio de pagar de su bolsillo la cuota de la Seguridad Social. “De momento, la vida nos ha cambiado muy poco”, admite, pero ve más cerca una visita a Honduras. “Sueño poder volver a abrazar a mi hijo y vivir los tres aquí”, exclama.

Casos excluidos

Si bien entidades y abogados comparten que una gran mayoría de criaturas habrán podido regularizar la situación, Save the Children alerta que el procedimiento ha sido una "oportunidad perdida" porque ha obviado perfiles concretos, como la de los niños que viven en familias monoparentales, con tíos o abuelos o porque les ha sido imposible conseguir la autorización paterna para firmar la documentación. De la misma manera, han quedado fuera del proceso los hijos con progenitores con antecedentes penales, que pagan las consecuencias de los progenitores. Otros de los grandes expulsados del procedimiento han sido los menores no acompañados a quienes la administración no tramitó la documentación al llegar a la mayoría de edad. "Al final se deja a criaturas en la inseguridad", concluye la responsable de la entidad.