Menores inmigrantes: la batalla de las cifras entre Cataluña y el Estado

BarcelonaDesde la pandemia la ruta migratoria entre África occidental y Canarias ha sido un continuo de cayucos y pateras con miles de personas a bordo que han acabado por desbordar los recursos asistenciales del archipiélago. Los centros están desbordados y estas personas son atendidas en carpas o instalaciones que no cumplen con los mínimos de higiene. También los menores de edad que llegan solos y se agolpan en escuelas o cuarteles reconvertidos a toda prisa para acogerlos, y que a menudo presentan graves deficiencias de limpieza, según denuncian las organizaciones humanitarias. La situación es igualmente muy delicada en Ceuta y Melilla, donde, sin embargo, los flujos de personas son mucho menores.

Desde la pandemia, las llegadas a Canarias no han parado de crecer con jóvenes desesperados que huyen de la inestabilidad política y social del Sahel, del impacto de la crisis climática o de la violencia. En Canarias hoy hay 6.000 menores extranjeros por 2.500 plazas, mientras que en Ceuta y Melilla son unos 400.

La Generalitat asegura que, como Canarias, Cataluña también está sobrepasada en la acogida de estos menores no acompañados y que, sin una planificación y una buena financiación, no puede asumir más. Desde 2017 se han recibido 14.000 niños, que han llegado no sólo por el circuito formal de reparto sino por otras vías. En este punto, fuentes del Gobierno aseguran que han atendido a criaturas que cuando llegaron a Canarias notificaron que eran adultos para agilizar su traslado a la Península y que, una vez en Catalunya, se han presentado como menores y mientras la fiscalía resuelve las pruebas de edad se están en un centro. Además, también los hay que se registraron en otra comunidad autónoma o han venido con la ayuda de entidades. Por todo ello, estos menores atendidos quedan fuera del registro del ministerio, lo que explica que el gobierno central reconozca a 1.417 menores en el sistema de protección y que la Generalitat tenga 2.369 tutelados. El baile de cifras se traduce en que no existe un traspaso de fondo económico y debe ser la Generalitat la que haga este esfuerzo. Además, Cataluña también asume los gastos de unos 4.000 extutelados migrantes más que ya han cumplido los 18 años, pero a los que se acompaña hasta que cumplen 23 años, como en el resto de tutelados, y para este colectivo tampoco existe una partida estatal.

Así, el conseller de Derechos Sociales, Carles Campuzano, ha insistido en que es necesario "orden y presupuestos" para que las comunidades puedan ofrecer una buena acogida a los menores e incluir otros criterios que tengan en cuenta la situación real de cada territorio. En este punto, Rita Grané, directora de la entidad Punto de Referencia, que acompaña a estos menores con programas de mentoría y acogidas familiares, se muestra comprensiva con la postura catalana, pero critica que no haya una buena planificación de los recursos que pongan "los menores y su proyecto de vida en el centro" ni tampoco una buena coordinación entre la administración y las entidades. Por su parte, Rodríguez destaca que no existe ninguna ley que regule los derechos de los menores extutelados, lo que facilita que, si no hay una buena atención, acaben en la calle cuando cumplen los 18 años.

El gobierno canario de Coalición Canaria con el apoyo del PP lleva meses lanzando un SOS por la sobresaturación de sus servicios. Su presidente, Fernando Clavijo, ha estado negociando con el ejecutivo español una fórmula para redistribuir a los menores por el resto de comunidades a través de un mecanismo obligatorio que se active cuando en un territorio se supere en un 150% la capacidad de atención. Este mecanismo dejaría de estar operativo una vez se volviera a un empleo por debajo del 150%. Hace un par de años la exministra de Derechos Sociales Ione Belarra intentó que este reparto fuera voluntario y acordó el traslado cada año de 400 criaturas, pero la medida fue un fracaso, porque de las 378 derivaciones planteadas en el 2022 sólo se 'produjeron 206.

El acuerdo entre los ejecutivos canario y español prevé la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para garantizar esta distribución rápida cuando hay un pico de llegadas y evitar que uno solo territorio (en este caso, sobre todo Canarias y en menor medida las plazas españolas en África) asuma el grueso de las acogidas.

Según la ONG Save The Children, desde que empezó el año han llegado a Canarias 1.500 menores de edad no acompañados, que pasan a ser tutelados por organismos de las comunidades autónomas en las que viven. En el caso de Cataluña, es la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), que dispone de 4.000 plazas y está atendiendo actualmente a unos 2.250 menores de 18 años, aunque, "de forma voluntaria" alarga acompañamiento hasta los 23 años, como hace con todos los extutelados.

Grané explica que son varios los motivos que les impulsan a marcharse de casa: desde los problemas económicos de sus familias hasta la voluntad de prosperar en los estudios o el trabajo, pero también huyen porque son víctimas de persecución por su orientación sexual, religión o activismo político. "Son chavales que salen con 14 años de casa con una conciencia de la necesidad de su familia y con el sueño de futuro de ayudar a las madres", afirma, e indica que la mayoría, cuando están estabilizados, envían parte de sus ingresos en casa.

Cuando un menor sin un adulto de referencia llega a territorio español entra en el circuito de protección especial. Primero con una primera acogida que debería durar unos 15 días para poder identificarlo y derivarlo a un lugar más pertinente para su desarrollo, pero los plazos siempre se alargan. Después pasan a un centro o piso asistido donde comienzan su "itinerario de emancipación" para prepararlos para la madurez. Ferran Rodríguez, presidente en la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (Fepa), especializada en la atención de estos menores a partir de los 16 años, afirma que este colectivo necesita una respuesta inmediata y rápida porque suelen llegar con 16 o 17 años, junto a la mayoría de edad. "Hay poco tiempo para hacer mucho trabajo", para formarlos, orientarlos laboralmente, ilustra este experto, que subraya la importancia también de que tengan una red de relaciones sociales o adultos de referencia que les acompañen "en momentos buenos y malos", como haría cualquier progenitor.

Para Grané y Rodríguez es más una cuestión de voluntad política que un problema de capacidad en la respuesta, y lamentan que este colectivo tan vulnerable esté en medio de un debate que acaba alimentando el discurso de odio y la xenofobia. El presidente de la Fepa apunta que incluso que se discuta cómo distribuir a estos menores por todas las comunidades va en contra de los derechos de la infancia y las leyes internacionales y, en este sentido, denuncia que los políticos están transmitiendo una "idea equivocada de si queremos o no queremos acoger cuando, en realidad, no existe más opción que protegerlos".

Desde el reciente cambio de ley, aparte del permiso de residencia, estos jóvenes también tienen el de trabajo, que les permite optar a un trabajo en el mercado formal. Rodríguez afirma que, contrariamente a la idea de que son un peligro o una amenaza, en realidad son "una oportunidad" para la sociedad de acogida porque presentan un "índice de éxito muy grande". Ahora bien, para que se puedan integrar completamente, señala que son necesarias políticas capaces de romper con la estigmatización que les persigue al asociarlos, sin números que lo avalen, a delincuencia. "Son chavales tan brillantes o delincuentes como cualquier otro", resume. En Cataluña, el acompañamiento se alarga hasta los 23 años y son receptores de una prestación social como extutelados (igual para todos, sin distinción de origen).

Tanto Grané como Rodríguez coinciden en que los menores siguen el tema por redes o medios de comunicación y que "sufren" por el tratamiento que reciben de según qué formaciones políticas. "Son tan conscientes de que llegan a normalizar el racismo", afirma la responsable de Punt de Referència.