Derechos de la infancia

La ONU interviene para proteger a un niño migrante de 14 años dejado en la calle en Madrid

Un chico de 16 años pasa dos meses encerrado en una cárcel canaria, a pesar de haberle dicho al juez que es menor de edad

BarcelonaPor enésima vez España ha denegado a un adolescente inmigrante protección al no dar por válida su documentación oficial que le acredita como menor de edad, pese a la multitud de jurisprudencia que fija que, frente a un pasaporte oficial o una duda de falsedad, siempre prevalece el trato especial de menor. Por último, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha intervenido a favor de este chico gambiano de 14 años, que llegó solo en verano a las islas Canarias y ahora se encuentra en la calle.

El caso de este chico es el de muchos inmigrantes menores que, aunque llevan encima el pasaporte legal de sus países, son sometidos a pruebas médicas de determinación de edad. La ley española prohíbe las exploraciones genitales y de medir los huesos, pero abogados que trabajan con el colectivo denuncian que existen.

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El chico en cuestión responde a las iniciales AA y nació en diciembre del 2009 en Gambia. De Tenerife pasó por Granada y Barcelona, donde fue alojado en espacios del sistema de acogida, pensados para adultos, y que solo proporcionan una cama por la noche y durante el resto del día tienen que estar en la calle. Posteriormente le pagaron el traslado hasta Madrid, donde la Fundación Raíces alertó de que en realidad se trataba de un menor, como consta en su pasaporte y la partida de nacimiento. Sin embargo, la Fiscalía le pidió las pruebas de edad y el menor, aconsejado por sus abogados, se negó al considerar que no era procedente porque está bien identificado. Ante su negativa, fue expulsado del centro de menores y desde el lunes 12 de febrero se encuentra en la calle sin alternativa. El Comité de la ONU exige a España que proteja a AA y lo ingrese en un centro de menores de forma cautelar para “prevenir daños irreparables”.

Según Lourdes Reyzábal, presidenta de Fundación Raíces, una ONG especializada en la atención a la infancia, hoy hay "miles de niños" que esperan en Canarias una identificación correcta para ser reconocidos y protegidos como menores, aparte de los "centenares" que están en centros de adultos de Madrid, pese a que tienen documentación con la su identidad.

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Es "alarmante", afirma Reyzábal, que las autoridades españolas todavía mantengan las pruebas de edad, y contradigan así el compromiso del gobierno español y la obligación de 14 dictámenes de Naciones Unidas y más de 15 sentencias del Tribunal Supremo que exigen un trato de menores para estos chicos que llegan solos al Estado. "Cada día se siguen quedando abandonados en las calles de nuestras ciudades niños y niñas convertidos en adultos, casualmente solo cuando estos niños y niñas son de África, pero además solo cuando son niños y niñas que están solos".

Un niño encerrado en una cárcel

El caso de AA coincide con el escándalo de que un chico de 16 años haya pasado dos meses encerrado en una cárcel de Gran Canaria, aunque le comunicó al juez que era menor de edad. Finalmente, tras realizarle las pruebas de edad que han determinado que, efectivamente, es menor, fue excarcelado este viernes. El chico fue detenido, junto a otro hombre, el 16 de diciembre, acusado de pilotar una de las barcas que llegan a las costas canarias desde África occidental.

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El Tribunal Superior de Justicia de la comunidad ha precisado que este chico nunca comunicó su edad cuando compareció en el juzgado, pero Efe ha tenido a acceso a documentos que prueban que quizás esto fue así en el caso del primer juez que los atendió, que dictó la orden de prisión preventiva el 21 de diciembre del pasado año para ambos y trasladó todas las actuaciones a un segundo magistrado, de guardia el día que llegó la patera. En este caso, el propio menor al que el viernes dejó en libertad, tras recibir el informe de los médicos forenses, le dijo que era menor el 3 de enero, cuando compareció en su juzgado para decidir si confirmaba o revocaba la orden de prisión, una orden que no confirmó hasta ayer.