Los primeros días de la regularización: "Los voluntarios pagan las fotocopias y traen el escáner de casa"

BarcelonaEl balance de la primera semana de la regularización de los 150.000 migrantes que viven y en muchos casos trabajan en Cataluña se resume en las colas de 12 horas a las puertas de ayuntamientos y entidades sociales para tener el informe de vulnerabilidad y en las consecuencias de haber tenido que improvisar a última hora para adaptarse a la letra definitiva de la instrucción aprobada. "Dicen que no necesitamos el informe de vulnerabilidad o el padrón, pero conozco gente a la que entonces no les cogen la solicitud", afirma Elida Rojas, boliviana con dos hijos a cargo.

Elida espera turno en una fila larga que se extiende casi por media manzana del Eixample. "No queremos perder la oportunidad", dice como excusándose. En la Oficina de Atención Ciudadana Monumental o la de la plaza Sant Miquel del Ayuntamiento de Barcelona la situación es idéntica, como la del SAIER, el servicio municipal para migrantes y refugiados.

En el barrio de la Florida de L'Hospitalet de Llobregat las dos entidades colaboradoras con este proceso extraordinario tampoco dan abasto para atender a tantas personas que, en principio, no esperaban. Mariló Fernández, de la fundación La Fundició, se queja de que tanto esta entidad como la asociación de vecinos respondieron a la llamada del gobierno español de que el tejido social se involucrara para "ayudar con los trámites a los vecinos del barrio que lo necesitaran", pero que en vísperas de arrancar el proceso, el gobierno incluyó el requisito del informe de vulnerabilidad.

"Nosotros no queríamos hacer informes y ahora hemos hecho 2.000 a personas que llegan hasta el local desesperadas buscando solución desde Igualada, Sant Vicenç dels Horts, Manresa... No podemos más", se queja la activista, que reprocha "el poco apoyo" que las entidades sociales reciben de los ayuntamientos y de la Generalitat.

En La Florida, Fernández asegura que los locales se han quedado pequeños y que la actividad ordinaria se ha resentido, así que han reservado un espacio para intentar mantener programas para las familias residentes. Las voluntarias hacen turnos, pagan de su bolsillo "los 800 euros en fotocopias", o han traído un escáner o fotocopiadora de su casa.

Horario acortado

En Àmbit Prevenció, una ONG del barrio de La Bordeta de Barcelona, han tenido que bajar el ritmo porque la primera semana no pararon y "las amigas, las voluntarias y las vecinas" ya no daban más de sí, relata la presidenta de la entidad, Mercè Meroño. También atienden a muchas personas que no tenían en el radar y que se concentran en las puertas en largas colas, incluso por la noche. La entidad ha limitado su horario para elaborar informes de vulnerabilidad las mañanas de martes a jueves –sin cita– para continuar atendiendo a los usuarios habituales. Para Meroño, las colas son una muestra del "trato denigrante y poco humanitario" hacia los migrantes por parte de las instituciones.

En este punto es muy crítica Victoria Columba, portavoz de Regulización Ya,, el movimiento que inició la ILP con la recogida de firmas para hacer posible este proceso. Denuncia que, a día de hoy, las personas tengan que hacer cola por las noches para esperar turno y que el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat no estén actuando como lo hicieron con la llegada de 250.000 ucranianos huyendo de la guerra para obtener un permiso de residencia especial y expreso. "Aquel proceso se hizo ordenadamente, no veías ucranianos llorando haciendo cola y todo el mundo fue atendido rápidamente en centros habilitados, como el de La Fira", recuerda. En cambio, los que ahora se quieren regularizar no están encontrando más que un menosprecio hacia su situación que –asegura– sirve para abonar los discursos xenófobos y la extrema derecha.

Si bien ha habido críticas por la falta de concreción de la instrucción del gobierno español, para Columba "todo está claro" y que los servicios sociales exijan el padrón o el informe de vulnerabilidad" son interpretaciones interesadas", ya que el texto no habla de ello y los solicitantes pueden probar la estancia mínima de cinco meses en el Estado con un título de transporte, el carnet de la biblioteca u otras facturas.

La exigencia de los ayuntamientos a la hora de expedir informes solo a sus residentes dificulta el trámite a aquellos a quienes les es imposible probar la residencia porque viven de alquiler, el propietario rechaza empadronarlos o viven en la calle. Además, algunos consistorios no empadronan sin domicilio fijo. "Para eso están las entidades sociales", responden a ARA desde un ayuntamiento.

En los servicios sociales del Ayuntamiento de Tordera han optado por no pedir padrón para favorecer la regularización. Carlos Hidalgo es el jefe del servicio, apunta que también atienden a personas de otros municipios y señala que la misma dirección general de Migraciones de la Generalitat tenía problemas para resolver dudas sobre quién firma la documentación oficial en los cursos de formación que ha hecho a los funcionarios municipales.

La queja de Hidalgo se centra en buena parte en el hecho de que el gobierno español no ha tenido en cuenta la experiencia y el criterio del Col·legi del Treball Social de Catalunya, las profesionales que están "en primera línea". Una colega suya de otro consistorio plantea que no se han reforzado los equipos, ya de por sí muy tensionados por la gestión de otros trámites.

La participación de las entidades en el proceso es sin ánimo de lucro, con la voluntad de poder dar una mano a las personas que ya atienden. El ministerio de Inclusión ha autorizado decenas de asociaciones para tramitar toda la documentación requerida a través de la plataforma Mercurio. El problema radica, por un lado, en cómo la urgencia les ha hecho concentrar esfuerzos en los informes de vulnerabilidad y, por otro, en la inexperiencia de buena parte de las asociaciones, que se han apuntado con toda la buena voluntad y se han tenido que organizar como pueden, coinciden los profesionales consultados.

En el día a día, las entidades se han topado con el hecho de que para usar el Mercurio se debía disponer del certificado digital, pero no el de la entidad, sino el personal. "Las voluntarias se han tenido que bajar el certificado a nuestros ordenadores para poder hacer los trámites", relata Meroño.