Renfe rechaza que Ayuso vincule el abono del transporte público al padrón: "Genera segregación"

MadridLos últimos cambios en el transporte público de la Comunidad de Madrid han abierto un pulso entre Renfe y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP). Desde este lunes, el padrón pasa a ser un requisito indispensable para obtener el abono del transporte público en la comunidad, algo que Renfe rechaza. El operador ferroviario español denuncia que el cambio normativo da alas a la "segregación" entre los usuarios y a la "diferenciación" a la hora de acceder a un derecho y un servicio como el transporte público. La cuestión es que la decisión del gobierno de Ayuso ha generado polvareda porque coloca en el centro de la diana a la población migrante en situación irregular, que suele encontrarse con dificultades a la hora de empadronarse en las ciudades, como han denunciado en reiteradas ocasiones diferentes entidades sociales o el mismo Defensor del Pueblo. Además, el cambio también llega en un momento en que el PP abraza la "prioridad nacional" que impulsa Vox, y que supone dejar en fuera de juego a la población extranjera en situación irregular.

Hasta ahora, para obtener la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP) de la Comunidad de Madrid –un abono personal que permite recargar títulos bonificados en función, por ejemplo, de la edad– no hacía falta estar empadronado en un municipio de la comunidad autónoma. A partir de este lunes, en cambio, la condición de residente se debe acreditar. Esto no solo afecta al acceso a los autobuses urbanos o al metro de Madrid, sino que el abono también permite moverse en autobús por toda la región o con Cercanías. Por ello, desde Renfe "lamentan" la decisión, indican fuentes del operador.

Desde Renfe explican que la decisión se ha adoptado "sin información ni consulta previa" por parte de la Comunidad de Madrid y "al margen de los mecanismos de coordinación institucional", indican las mismas fuentes. De hecho, el operador ferroviario solicitará una reunión "urgente" con el gobierno madrileño para analizar el impacto de la medida.

Además de la población extranjera que no tenga padrón, la decisión también afecta a trabajadores desplazados a Madrid de otras comunidades y que no se han empadronado, pero sobre todo a miles de estudiantes universitarios que están en la capital española temporalmente y que tampoco se empadronan. En este sentido, el gobierno madrileño sí se ha abierto a excluir de la decisión a los estudiantes de otros territorios del Estado a través de convenios con los gobiernos autonómicos. Desde el gobierno de Ayuso también explican que el cambio ya estaba "previsto" por ley, pero no se había regulado hasta ahora.

Un derecho que no se cumple

Solo en la ciudad de Madrid, a 1 de enero de este 2026 había unos 3,5 millones de empadronados, según datos del Ayuntamiento. A pesar de que la ley española obliga a atender las solicitudes para empadronarse (es un derecho administrativo básico e indisponible), diversas organizaciones sociales hace tiempo que documentan prácticas administrativas por parte de los ayuntamientos, por ejemplo el de Madrid, que dificultan e impiden este trámite sobre todo en el caso de la población migrante en situación irregular: falta de citas previas, denegación de estas citas o la exigencia de documentos que no son necesarios. También pasa en Cataluña, y hace un año el Parlament aprobó garantizar el acceso universal al padrón con los votos del PSC, Comuns, ERC y la CUP, mientras que Junts, Aliança, Vox y el PP se desmarcaron. La federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) alertó hace dos años que al menos una cincuentena de ayuntamientos incumplen la obligación legal de empadronar a las personas que no tienen domicilio fijo, viven realquiladas en habitaciones, no disponen de contrato legal o, sencillamente, los propietarios de los pisos no se lo autorizan.

Coincidencia con la regularización

La Red de Entidades por el Padrón, que reúne a un centenar de entidades y que se replicará pronto en Madrid, defiende que el padrón es una responsabilidad de las administraciones para tener al día un registro de cuánta población vive en el territorio y para disponer de una herramienta para planificar los servicios, como el transporte, la sanidad o la educación.Con todo, la polémica también coincide con el proceso de regularización extraordinario del gobierno español, en el que paradójicamente el padrón municipal no es un requisito obligatorio. Las personas migrantes que han iniciado el trámite deben probar que estaban en España antes del 1 de enero de 2026 y que cinco meses antes de la solicitud han estado allí de forma permanente.

Entre los documentos que se podían aportar para demostrar este arraigo había, precisamente, el abono del transporte público (ya sea a través de los comprobantes de las recargas o de un justificante de expedición de la tarjeta). Si bien es cierto que la decisión de la Comunidad de Madrid afecta la expedición de abonos a partir de este lunes y, por tanto, estos títulos no servirían para demostrar esta permanencia, hay que recordar que Isabel Díaz Ayuso se ha opuesto abiertamente a esta regularización.

¿En Cataluña se pide?

En el caso de la T-Movilidad, que sería el equivalente a la tarjeta personal madrileña, el padrón no es un requisito para obtenerla. Ahora bien, hay excepciones. Por ejemplo, para tener la T-Jove sí que es necesario acreditar estar empadronado en alguno de los 296 municipios del sistema tarifario integrado. También para la T-Metropolitana del AMB.