La regularización de migrantes arranca el 16 de abril: ¿cómo funcionará?

MadridLuz verde a la regularización de migrantes. Después del proceso de audiencia pública y los informes preceptivos, el gobierno español ha aprobado este martes el real decreto que servirá para regularizar la situación de más de medio millón de personas que ya están en el Estado pero no tienen reconocidos sus derechos. "Es un acto de coherencia y justicia social", ha proclamado la portavoz y titular de esta cartera, Elma Saiz, este martes. "Es una medida histórica y tiene todas las garantías legales", ha añadido. ¿Cómo funcionará, sin embargo, el trámite?

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El miércoles 15 de abril se publicará el real decreto en el BOE y el día 16 de abril ya arrancará el proceso. Se podrá solicitar la regularización por la vía telemática y, a la vez, se podrá pedir cita previa para hacer el proceso presencialmente (presentar la solicitud en oficinas de la Seguridad Social, Correos u oficinas de Extranjería). Será imprescindible solicitar esta cita previa para poder acudir físicamente a una oficina a partir del 20 de abril. Este trámite, que es preceptivo para entrar en el proceso, se podrá hacer hasta el 30 de junio.

Requisitos

Se pueden acoger a la medida personas solicitantes de asilo desde antes del 1 de enero de 2026 o personas que están en situación administrativa irregular y que llegaron al Estado también antes de esta fecha. De hecho, uno de los requisitos es encontrarse en España desde antes del 1 de enero de 2026. Además, habrá que haber residido ininterrumpidamente en el estado español al menos cinco meses desde el momento de la solicitud, no tener antecedentes penales y, a la vez, no suponer una "amenaza" para el orden y la seguridad públicos. El empadronamiento es un documento acreditativo sobre la residencia actual en el Estado, pero no es obligatorio. Finalmente, las personas apátridas quedan excluidas.

Documentación

A la hora de hacer la solicitud, la persona interesada deberá rellenar y presentar el modelo disponible en el portal web de la Regularización y deberá presentar una copia del pasaporte, cédula de inscripción o título de viaje. También un documento que acredite que se encuentra en España desde antes del 1 de enero de 2026, así como la permanencia de como mínimo cinco meses antes. El certificado de antecedentes penales del país de origen será también necesario.

Además, si no se es solicitante de protección internacional, se deberá acreditar uno de estos supuestos (que en el fondo son exigencias): haber tenido un contrato o haber trabajado como autónomo, contar con una unidad familiar o encontrarse en una situación de vulnerabilidad, un supuesto que es nuevo. Esta situación de vulnerabilidad se deberá acreditar a través de un certificado acreditado por entidades que colaboran con extranjería –por ejemplo, Cruz Roja o Cáritas– o los servicios sociales y la normativa entiende que la misma situación de irregularidad administrativa implica vulnerabilidad.

Fuentes del ministerio explican que se reforzarán las plantillas de las Unidades de Tramitación de Expedientes de Extranjería y que serán las encargadas de analizar uno por uno los expedientes de regularización. Actualmente, estas unidades tienen unos 200 trabajadores, pero se añadirán unos 400 funcionarios del ministerio de Migraciones en el marco de un plan de choque de refuerzo. "Es una medida inaudita, pero el procedimiento burocrático es similar a otros trámites. Tenemos experiencia", defienden fuentes de esta cartera.

¿Cómo queda la cuestión de los antecedentes penales?

En la cuestión de los antecedentes penales, el ejecutivo ha tenido que endurecer las condiciones después del informe del Consejo de Estado, ya que el proyecto inicial obligaba a hacer una declaración responsable asegurando que no había antecedentes penales, pero no acababa siendo preceptivo un documento acreditativo. El gobierno español da un mes a los solicitantes para pedir un certificado en sus países de origen (no se podrán tener antecedentes penales en los cinco años anteriores a la solicitud). Si no lo consiguen, deberán notificarlo a través de una declaración responsable y el ejecutivo estatal abrirá una vía diplomática para obtener el documento en un máximo de tres meses. Si pasados estos tres meses tampoco se obtiene respuesta del país de origen, la persona migrante deberá volver a pedirlo, pero tendrá un máximo de quince días. Si no se obtiene después de todo este tiempo, el proceso de regularización no prosperará.

Esta cuestión la había introducido el PP en el Senado y Junts iba a avalarlo en el Congreso, pero el gobierno español lo vetó a última hora alegando que les supondría un desembolso extra de dinero público, un total de 16 millones de euros.

¿Cómo funcionan las prórrogas?

La autorización que se concede es temporal y tiene una vigencia inicial de un año: permitirá residir y trabajar. Transcurrido este plazo, las personas deberán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el reglamento de extranjería. Para ello, deberán cumplir con una serie de requisitos, entre ellos haber trabajado.

Si no se cumple con este requisito, el permiso extraordinario se podrá prorrogar por un año más de forma extraordinaria. Ahora bien, habrá que demostrar que se está en búsqueda activa de empleo y, por tanto, inscrito en el servicio público de empleo o haber aprobado un "informe favorable de esfuerzo de integración" que emitirá la comunidad autónoma.

¿A cuánta gente afectará?

Está previsto que la regularización afecte a unas 500.000 personas, según estimaciones del gobierno español. Unas 250.000 personas serían solicitantes de asilo que darían el salto a esta vía, mientras que el resto serían personas que se encuentran en situación administrativa irregular. En todo caso, desde el gobierno español admiten que no saben exactamente a cuánta gente acabará alcanzando porque dependerá del proceso de tramitación. Tampoco han dado datos por comunidades autónomas. Lo que sí que ha querido dejar claro la ministra es que los gobiernos de todos los colores han hecho regularizaciones, a pesar de que esta sea la más masiva hasta ahora.

En 1986, con el gobierno de Felipe González, se hizo una regularización que afectó a 38.294 personas; el mismo presidente puso en marcha otra en 1991 que afectó a 114.423 personas, y en 1996, una de 21.294 migrantes. También el PP de José María Aznar ejecutó dos: una en el año 2000 con 264.153 personas y otra en 2001 con 239.174 personas. En el año 2005 José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) hizo la más amplia que ha habido hasta ahora, con 576.506 personas.

Sánchez defiende la regularización y el PP la condena

El presidente español, Pedro Sánchez, ha defendido esta regularización como un "acto de normalización": "De reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana", ha dicho. En un texto difundido en X, el presidente español también defiende la medida como un "acto de justicia con nuestra propia historia", en referencia a los emigrantes españoles que marcharon a América y Europa "en busca de una vida mejor". Sánchez, sin embargo, también admite que regularizar unas 500.000 personas es también una "necesidad", a pesar de que reconoce que todos los procesos migratorios plantean "desafíos". "España, como otros países europeos, envejece. Sin nuevas personas trabajando y cotizando, nuestra prosperidad frena, nuestra capacidad de innovar se debilita y nuestros servicios públicos sufren", ha dicho. El objetivo de la medida es, según Sánchez, "reconocer derechos, pero también exigir obligaciones".

Por su parte, el PP ha condenado la medida. En una intervención ante los grupos parlamentarios populares en el Congreso y en el Senado, Alberto Núñez Feijóo se ha posicionado "absolutamente en contra de la regularización masiva e irresponsable" y ha elevado a "un millón de inmigrantes" los posibles beneficiarios. "Es inhumana, injusta e insegura", ha dicho. Aunque no ha aclarado qué hará, el PP estudiará el texto y no descarta ir a los tribunales. Vox ya ha anunciado que pedirá al Supremo la suspensión cautelar de la regularización. Por su parte, Salvador Vergés (Junts) ha dicho que la regularización no es la solución y ha vuelto a reclamar las competencias para la Generalitat para garantizar la "integración en valores, cultura y lengua".